vendredi 26 juillet 2019

Por un juicio político al juez Daniel Rafecas. CasppaFrance apoya la demanda de La Nación.


Mas allá de verdades denunciadas en el artículo “Ante un posible y cuestionable ascenso del juez Rafecas”https://www.lanacion.com.ar/editoriales/ante-un-posible-y-cuestionable-ascenso-del-juez-rafecas-nid2271248 , la redacción de La Nación confirma lo que es vox populi, salvo para el gobierno nacional y el consejo de la magistratura.

El juez Daniel Rafecas es uno de los artífices de lo que denunció el presidente de la SCJ de la Bs As, Eduardo De Lázzari, al referirse que en “los tribunales federales se dan situaciones de "abuso del proceso judicial penal", "causas armadas artificialmente", situación generada por la alianza con el poder de turno, en donde los magistrados de ese fuero negocian fallos por beneficios diversos y como lógica consecuencia la corrupción y la impunidad se manifiestan tanto en el ejercicio de sus funciones o en la vida privada, sin sanción penal. 

El magistrado federal Rafecas no escapa a esa asociación con el Poder, ninguna autoridad de control investiga su acelerado y creciente patrimonio personal. Es un reconocido militante político, que se protege con una ilegal inmunidad de la función judicial, participando, por ejemplo:
·         en actos políticos caucionando con su presencia los sectores que reivindican la lucha armada de los 70,
·         en coloquios y seminarios, junto a los denunciantes en causas que él tiene bajo su responsabilidad o con miembros de las asociaciones llamadas de derechos humanos.
·         en la redacción del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia 21 de marzo de 2019, presentada por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

En el ejercicio de sus funciones, el juez Rafecas, como otros miembros del fuero federal, defiende ilegalmente derechos subjetivos (considerándolos política de Estado), la parcialidad es la regla en los ilegales juicios de lesa humanidad, cubriéndose detrás de una falsa independencia de la justicia, actúa impunemente abusando de su poder, violando principios de legalidad, constitucionales y convencionales. Las autoridades de control judicial y el gobierno observan pasivamente.
·         En la justicia argentina nadie puede ignorar que los jueces responden y/o ceden (por razones tácticas) a la presión de la opinión pública politizada (manifestaciones, escraches), a las demandas de las asociaciones falsamente declaradas de derechos humanos, a las campañas de los medios de comunicación. Vulnerando si es necesario los derechos de terceros buscando los mecanismos para legalizar la ilegalidad de sus actos. 

En Argentina en los ilegales juicios de lesa humanidad a los acusados (sacerdotes, magistrados, abogados, médicos, empresarios, ex agentes del Estado, académicos)  adultos mayores,  muchos de ellos enfermos, en cárceles, con prisiones preventivas ilimitadas, la justicia federal impunemente les aplica la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, la imposibilidad de obtener beneficios procesales que los acusados de delitos comunes acceden, se les ignora la prescripción, como numerosos derechos procesales, los testimonios y las pruebas son ilegales, se les violan principios del debido proceso. El Estado de derecho y las Obligaciones Positivas son ignoradas. Recordando que ninguna convención internacional y la CN, disponen o autorizan que se pueden violar esos principios.
·         El juez Daniel Rafecas participa activamente a esa ilegal persecución, acusación y condena de más de 3000 personas que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas. Esos grupos ilegales no defendían los derechos humanos, la justicia ni la democracia. Por ello, es necesario una urgente intervención del Consejo de la Magistratura, porque es el momento que el Sr. Daniel Rafecas se explica ante la justicia y asuma sus consecuencias. El presidente Macri no puede ignorar esta grave situación en nombre de la seguridad jurídica, el orden público y los derechos humanos.  Paris, 26 julio 2019, CasppaFrance.

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