jeudi 6 février 2020

Una proposición preocupante.


Una proposición preocupante.

En colaboración a las manifestaciones vertidas por la nota editorial del diario La Nación del 02 de febrero de 2020, y teniendo presente lo dispuesto por la ley 34.946 del Ministerio Publico, articulo 25, en sus incisos: “a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; b) velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la república; y c) velar por le efectivo cumplimiento del debido proceso legal”. Con mas lo dispuesto por el articulo 120 de la C.N.: “El ministerio Publico...tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad...”.

Es sorprende que el señor Rafecas sea candidato para ocupar el cargo de PGN, cuando ejerciendo como juez federal violo la C.N., los principios de legalidad, de convencionalidad y -de ser elegido- debería defender los principios y garantías que viene avasallando sistemáticamente, lo que deviene en una irracionalidad descomunal.
¿Lograría declarar en su nuevo cargo la nulidad de todos los actos violatorios que realizo y los declararía inconstitucionales y contrarios a los tratados internacionales?
Ha vulnerado los intereses generales de la sociedad, el orden público nacional e internacional, por su conducta en los casos Nisman, Memorando con Irán, y sobre todo, en los juicios sobre supuestos delitos de lesa humanidad. A punto tal que ha esquivado su responsabilidad ante el Consejo de la Magistratura, varias veces y por apoyo político. Ha “fabricado” sus  proprio modelo del debido proceso, apartando las garantías procesales y los principios constitucionales, como lo reconociera en el VII Seminario internacional políticas de la memoria, en el Centro cultural de la Memoria Haroldo Conti, del 24-26/09/2015, “Juicios por delitos de lesa humanidad, Balances y futuro” cuando admitió : “el modelo procesal aplicable es vetusto y concede demasiadas ventajas defensitas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”.

Necesitamos saber no solo su patrimonio personal y de su familia -bajo las normas de la UIF- sino también revisar su currículo académico, sus publicaciones y su contribución concreta en sus innumerables conferencias internacionales.

No se puede sostener la candidatura de un individuo que no respeta las normas éticas, la legalidad de los procesos y la deontología propria de su profesión debe ser sometido a una profunda y objetiva investigación, que también cumpla la misión de poner en duda su continuidad como juez federal.

Tal como lo plantera la editorial de La Nación del 26 de julio de 2019: “Promover a Rafecas a una instancia judicial superior revela la falta de una política de Estado tendiente a fortalecer la independencia de la justicia federal”.


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