Excarcelación es una variable esencial
para comprender la movilización de las personas ilegalmente acusadas de lesa
humanidad, y sus familias en Argentina. Los establecimientos penitenciarios son
un medio de presión y represión de la parte de las autoridades políticas,
institucionales, jurídica, que influyen en la diversa forma reivindicación es posible.
La privación de la libertad como
regla procesal es utilizada solo para los que no integraron grupos terroristas en
los años 70 transformándola así en una medida injusta e ilegal. Esas personas,
generalmente sufren encierro sin proceso por tiempo indeterminado según voluntad
del juez federal o interés político. El procedimiento de excepción, como
costumbre de injusticia se aplica únicamente para toda persona sospechosa haber
sido agente del estado o ciudadano no terrorista de los años 70.
La cámara federal de casación penal y
la Corte suprema de justicia de la Nación son los autores y garantes de las
numerosas violaciones a los derechos humanos, constitucionales y convencionales,
a los hombres y mujeres que constituyen el grupo político jurídico social,
llamado presos no comunes, que no son ni de guerra, o de un conflicto interne reconocido
por las jurisdicciones respectivas. En realidad, son presos de excepción,
presos especiales (ver el articulo de este blog de diciembre 2018, "Por la reivindicación del estatus de los prisioneros políticos en Argentina").https://www.casppafrance.org/p/blog-page_28.html?spref=bl
Si bien numerosos de esos detenidos
ilegales se consideran prisionero de guerra, presos políticos o personas privadas
ilegalmente de su libertad, por razones diversas un sector de entre ellos
optaron por la estrategia de non ponerse, non visibilizarse para la defensa de
su derecho, violados en salvaguarda de las represalias políticas institucionales
y judiciales que puedan recaer sobre ellos y su familia. Otros consideraron que
asumir una conducta pasiva o actuar anónimamente es el método más adecuado para
que la sociedad, los medios y la justicia los olviden y así obtener la libertad
o que la verdad triunfará. Pero, se debe observar que la realidad es otra. La política,
la propaganda del gobierno como de la justicia federal, buscan precisamente olvidarlas,
ignorarlas, negarlas como que son un problema (politico-juridico), pero sin
frenar las acusaciones ilegales con ellos y la violación de sus derechos
humanos.
Los encarcelamientos abusivos,
masivos, de los ilegales acusados de lesa humanidad, con la permanente persecución
política-jurídica, una política de criminalización por haber sido agente del
Estado en los años 70, las medidas de excepción aplicada por la justicia
federal con esos imputado y el descrédito intensivo con las instituciones de
los años 70 debieron alertar, e identificar las armas de la nueva guerra, marcar
los límites de sus acciones ilegales a los agentes de persecución para inmovilizar
recursos y capacidades con el objetivó de entrar en la arena de una lucha política
directa, publica, abierta, contra los enemigos del Estado de derecho, la sociedad,
la Constitución nacional e Convenciones internacionales.
Sensibilizar la opinión pública (la opinión
es como la Reina del mundo – Pascal, Pensamientos,311 – 665), debatir política ideológicamente
sobre la guerra jurídica, mostrar, ser visible, denunciar la justicia federal, son
algunas pistas explotadas parcialmente. Alguno método fue de utilizar un otro senario
por lo miembro del IRA, en su estrategia de confrontación con el Reunido Unido
de 1961 a 1981 quien revindicaba el estatus político de presos especiales. También
este principio se encuentra en la recomendación de la estrategia de ruptura de
todos los juicios políticos como el caso de análisis.
En Argentina, la justicia del foro
federal y la Corte suprema de justicia junto con el poder político y el
silencio cómplice de las mal llamadas ONG de derechos humanos, son los
responsables directos de las condenas a muerte de los presos alojados en unidad
gerontológicas carcelaria. Son asesinatos como en tiempo de guerra, cuando estamos
en periodo de paz. Sabiduría y racionalidad jurídica es ausentes.
A la fecha ubo una masacre con más de
500 homicidios, programados sistemáticamente por el poder judicial e el poder
executivo, con el aval del poder legislativo. Esas víctimas eran presos
acusados ilegalmente de lesa humanidad, entre ellos magistrados, sacerdotes,
abogados, médicos, ex agentes del Estado, que no integraban los grupos
terroristas de los años 70 que atacaron el gobierno, sus instituciones, buscando
sumir el poder por las armas.
La reivindicación por el
reconocimiento de un estado político de prisionero común se puede manifestar
por diversos métodos, acción de capacidades y conocimiento lo que se integran perfectamente
a la guerra política-jurídica por otros medios. Su importancia se puede medir
por el hecho que el poder executivo la rechaza (su existencia y denuncias) con
toda energía. Lo que el gobierno debe temer es que la prensa internacional se focaliza
sobre el Argentina denunciando la política aplicada con los presos non común, población
vulnerable, personas a riesgo, adultos mayores encarcelados, porque esta situación
pueda acelerar decisiones que el poder ejecutivo e el poder judicial buscan restringir. No siempre se puede afirmar ni confundir las
certezas del pasado con los que sabemos en el presente.
La aventaje del estatus de detenido –
preso- prisionero político es la posibilidad de la organización interna en el
medio carcelario disponer de canales para las demandas, ser visible ante la
sociedad, la comunidad internacional, los medio, mantener diálogos con el poder
político, estructurar las relaciones exteriores, deconstruir el relato del adversario,
salir del aislamiento penitenciario con una militancia activa por el honor y la
libertad. Se trata de obtener un reconocimiento diferente a de los presos común,
integrar la categoría de detenidos particulares.
Luchar por un estatus político para
los ilegales presos de lesa humanidad es probar que el gobierno e la justicia
argentina, utilizan una política parcial, inhumana, degradante,
discriminatoria, únicamente dirigida contra una categoría socio-profesional representativa
de los años 70 que defendieron las instituciones del estado y la sociedad de
los ataques terroristas. Estas organizaciones armadas ilegales no defendían los
derechos humanos, como la democracia, la justicia o el Estado de derecho.
Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa France, 12 de abril de 2020.
