Historia de una venganza por Alberto Solanet - La Nacion

Tras la decisión de Carlos Menem de no concurrir al ballotage en 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia con sólo el 22 % de los votos en las elecciones nacionales. Para encontrar apoyo político interno e internacional del que carecía, aceptó la sugerencia de la izquierda a través de Horacio Verbitsky, quien le proporcionó el libreto del manejo de la política de derechos humanos y la reapertura de las causas por los hechos de acaecidos durante el conflicto armado entre las fuerzas armadas y de seguridad frente a los grupos terroristas guerrilleros en los años 70. Claro que dicha reapertura sólo debía darse contra sólo una de las partes: los militares y policías.

Fue así como, en cumplimiento de ese pacto, y a solo cinco meses de su asunción, el 21 de agosto de 2003 el Congreso anuló, a pedido del Ejecutivo, las leyes de pacificación llamadas de Obediencia Debida y Punto Final. Para cerrar el círculo era preciso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificara los fallos que había dictado declarando la constitucionalidad de aquellas leyes y por ende la validez de sus efectos sobre todos aquellos a los que las mismas beneficiaron. Comenzó así un hostigamiento personal, escraches, pedidos de juicio político, agresiones y amenazas contra los ministros del supremo tribunal, con lo que se logró la renuncia y el desplazamiento de la mayoría de ellos. Los nuevos miembros dictaron tres fallos que removerían los obstáculos constitucionales que impedían la reapertura de los juicios tal como lo pretendían los Kirchner y sus nuevos aliados, en el marco de un gigantesco prevaricato.

 Así fue como a partir del año 2004, la nueva mayoría de la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel” declarando la imprescriptibilidad de los hechos cometidos por las fuerzas del Estado para declarar luego, a través de “Simón”, que tales delitos serían imperdonables, anulando los beneficios de las amnistías que protegían a guerrilleros y militares a través de las citadas leyes de pacificación y finalmente, con el fallo “Mazzeo”, anular los indultos. Cierto que, nuevamente, lo hicieron únicamente respecto de los integrantes de las fuerzas del Estado.

Se abrió así un proceso de venganza, degradación, corrupción e ilegal persecución. Por su lado, el nuevo gobierno instaló un sistema de recaudación ilegal a través de la obra pública y otros negociados protagonizados por una miríada de funcionarios públicos que generó el escandaloso enriquecimiento de cientos de ellos. Pero los tribunales federales encargados de investigarlos y juzgarlos eran utilizados para condenar a militares, policías y civiles por hechos ocurridos medio siglo atrás.

La acción judicial se extendió más tarde a los civiles que integraron el gobierno de facto, a agentes inteligencia, a las policías del interior del país y agentes del servicio penitenciario. Fueron acusados de estos delitos o de connivencia o encubrimiento dirigentes gremiales, sacerdotes -entre ellos el entonces cardenal Bergoglio- empresarios y opositores. Muchos de ellos fueron llevados a juicio.

 Hasta el día de hoy, a través de centenares de juicios, más de 3000 ancianos han sido encarcelados, entre los que se cuentan 35 exjueces y fiscales que juzgaron la guerrilla de los 70, mientras que han fallecido en cautiverio más de 790, gran parte de ellos sin condena firme y muchos por falta de atención médica. Cientos de causas continúan abiertas mientras que ingentes fondos de la administración pública se aplicaron al pago de indemnizaciones fraudulentas a supuestas víctimas de las fuerzas estatales. Actualmente se siguen presentando y aceptando falsos reclamantes. Los jueces los aceptan sin más como testigos en contra de los procesados e inmediatamente pasan a cobrar las millonarias indemnizaciones que paga el Estado.

El abandono de las garantías que deberían proteger a los procesados ante la arbitrariedad del Estado, en especial a los ancianos y enfermos, resulta evidente en estos procesos, mientras se aplica un garantismo sin límite para los delincuentes comunes.

Muchos fueron sometidos a juicio aún frente a acreditadas incapacidades que les impide defenderse, llevados a debates orales en sillas de ruedas, enfermos, en camillas, con tubos de oxígeno, con claras evidencias de graves deterioros cognitivos, o haciéndolos participar por video conferencia desde hospitales en donde se encuentran internados con gravísimos cuadros de salud que les impide todo ejercicio de la defensa. Se los condena por hechos por los cuales no fueron indagados ni procesados, se incorpora en los juicios las filmaciones de las declaraciones prestadas por testigos en otros juicios imposibilitando el control de la prueba y el derecho de interrogarlos, se invierte la carga probatoria obligándolos a probar su inocencia y se condena por presunciones sin pruebas que acrediten la participación en los hechos. Se condena sólo con sustento en el destino o el cargo que ocupaban y sin consideración alguna al grado o jerarquía que poseían a la época de los hechos. Se integran los tribunales con magistrados que tienen acreditados compromisos ideológicos e incluso familiares o de amistad con las querellas, afectándose el principio de imparcialidad del juzgador. Se les imponen penas tan elevadas que implican, conforme a las expectativas de vida, privarlos de su libertad hasta su fallecimiento. Se fraccionan las causas sometiendo a los imputados a sucesivas indagatorias, procesamientos, juicios y condenas, manteniéndolos en un estado permanente de sujeción a proceso, e incluso se les impide acceder a la libertad condicional pese a cumplir con los requisitos legales exigiéndoles que se “arrepientan”, obligando al culpable a autoincriminarse y al inocente a declararse culpable.

Pese a las públicas y notorias graves deficiencias del sistema carcelario en lo que atañe a la atención de la salud de los detenidos, se les deniega la prisión domiciliaria a ancianos y a enfermos. A estas personas carentes de antecedentes, de irreprochable conducta procesal, aduciendo inexistentes riesgos procesales se les deniega la excarcelación convirtiendo a la prisión preventiva en una pena anticipada prorrogándola hasta alcanzar los 10 o más años cuando la ley establece un máximo de 3 años. Fue el máximo tribunal de la Nación, la Corte Suprema, quien dijo que ellos no pueden siquiera invocar garantías constitucionales. El primer paso al restablecimiento del orden y la paz social exige reconocer la existencia de semejante abuso inflingido por las autoridades a los más de 2700 conciudadanos a quienes nadie quiere escuchar y la dirigencia política ignora porque hablar de ellos no da rédito. En la guerra hubo excesos, a veces inadmisibles, por parte de las fuerzas del Estado. Esa injusticia, por grave que sea, no se repara con la mayúscula injusticia que hemos descripto.

En estos años de pronunciada decadencia la excepción se convirtió en regla, la autoridad dio paso al autoritarismo, la justicia a la arbitrariedad y al abuso del poder, y el objetivo de la paz y la unión de los argentinos sería cambiado por el enfrentamiento, el desorden y la violencia como política permanente del gobierno para ensanchar la grieta que nos divide.

Alberto Solanet
Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

La Nacion del 25 de Agosto 2023.

Italia debe rechazar la demanda de extradición del Padre Franco Reverberi Boschi.

 

Dos veces la Justicia italiana rechazó con argumentos jurídicos contundentes y graves el pedido de extradición del Padre Reverberi solicitado por el gobierno argentino. Los militantes K, y los que revindican la violencia armada de los grupos terroristas de los años 70, miembros del poder judicial y del gobierno argentino hacen caso omiso a esas decisiones y vuelven a la carga inventando jurisprudencias, delitos, victimas, testimonios, sin tener en cuenta las garantías fundamentales del derecho penal en toda acusación. Realizan presiones mediáticas, políticas, violando los principios de inocencia y de dignidad, pilares fundamentales de las obligaciones internacionales que Argentina suscribió. Se llamen Pacto internacional de derechos civiles e políticos, Carta de la ONU, Convención de Viena, CIDH...Nada los detiene para satisfacer la sede de odio y rencor.

Es una verdadera y publica persecución política por parte de la Argentina, cuya victima es el Padre Reverberi, nacido en Italia. El gobierno italiano no puede entregar sus ciudadanos a una Justicia que viola los derechos humanos para que mueran en una prisión por voluntad de un gobierno. El Padre Reverberi no puede ser el objeto de un arreglo político entre los dos gobiernos.

El gobierno italiano no puede aceptar las mentiras de la Justicia y del gobierno argentino para satisfacer un odio visceral contra toda persona que no piensa y actuá como ellos y que sobre todo no integró grupos terroristas en los 70.

El gobierno italiano aceptó con respecto la decisión de la Justicia francesa de no extraditar numerosos ex-terroristas que reconstruyeron sus vidas en Francia, no mintió ni hizo presión irracional con ONG o militantes de derechos humanos para obtener la extradición de esos conciudadanos.

¿ Acaso Italia utilizaría el modelo de la Justicia argentina en los juicios penales, es decir, aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, analogía penal, la imprescriptibilidad ?

¿Pondría en practica una política penal de excepción con acusados por crímenes de lesa humanidad para no reconocer sus derechos fundamentales, privándolos de garantías procesales como mantenerlos arbitrariamente en prisión preventiva ilimitadas, con mas de 70 anos, con patologías diversas, negandoles la prisión domiciliara, la excarcelacion ? Y que una vez la pena cumplida, y antes de obtener la libertad, deben pasar ante una comisión de “expertos” para pedir pardon, reconocer sus faltas, quien puede anular la salida de prison ?

¿El gobierno y la Justicia italiana abandonarían los principios y garantías de la CEDH a pedido de Argentina ?

El gobierno italiano debe rechazar esta tercera demanda realizada bajo el pretexto del aporte de “nuevas pruebas”, que no tiene nada que ver con el Estado de derecho, la Justicia, y mucho menos los derechos humanos. 

 

Casppa France,

06/08/2023.

¿Porqué la política “memoria, verdad, justicia” no solamente es una mentira sino también un fracaso?

 

Lejos de estar apaciguada, la Argentina Kirchnerista esta de nuevo al borde del colapso social, económico y político.

En Argentina desde la llegada al poder de los Kirchner hace 20 años, hubo una utilización política del pasado reciente no solamente para confortar su poder sino para tapar a los verdaderos problemas del país¹, que los políticos pertenecientes al partido oficialista han sido incapaces arreglarlos.

Después de un proceso de justicia transicional llevado a cabo desde 1983 a pesar de las dificultades, las heridas del pasado se habían apaciguado poco a poco, la sociedad aspirando a seguir adelante. Pero era sin contar con estos políticos corruptos e dispuestos a todo para imponer un poder absoluto. Toda esta historia esta bien detallada en el libro “el Pacto²”: llegó al poder con una minoría de votos y sin mayoría en el congreso, Nestor Kirchner se alió con los “muchachos” de ayer y la parte la mas radicalizada del arco político, a cambio de ofrecerles la venganza que reclamaban con sus enemigos de ayer.

Por primera vez en la historia argentina, la justicia fue utilizada como arma, quitándole todo lo que normalmente está prohibido en los juicios penales, en un proceso llamado “memoria, verdad, justicia”, llevado a cabo por el poder ejecutivo. Esta “política de Estado” no fue otra cosa que unas medidas de fuerza del poder ejecutivo en el judicial y legislativo. Primero con la amenaza de hacer un juicio político a los jueces de la Corte que no estaban de acuerdo para votar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistiá. Luego con la construcción de una jurisprudencia violando los principios de la no retroactividad penal y de la no aplicación de pena sin existencia de una ley al momento de los hechos, e finalmente con la construcción de un derecho penal “especifico” para los inculpados, negando la igualdad ante la ley. Todo eso en violación de la Constitución nacional, y de las Convenciones internacionales.

Así se ha instalado ilegalmente la figura judicial del delito de lesa humanidad, para justificar la imprescriptibilidad, y la del genocidio para terminar una vez por toda de la teoría de “los dos demonios³”. Utilizaron por eso el argumento curioso que “la tipificación del genocidio es parte del movimiento popular y de las producciones académicas”⁴. Como él Dr Rosler lo ha justamente señalado, esto argumento fue utilizado “Como el artículo 2 del Código Penal Alemán de 1935 que permitía castigar todo hecho considerado como punible “según el sano sentimiento del pueblo””, es decir la inspiración y naturaleza real de esa “política de Estado” que no esta otra cosa que una tiranía dizfrazada.

Desde mas de 20 años, no pasa un día sin que hay un “juicio de lesa humanidad”, en realidad un espectáculo, con una puesta en escena digna de los juicios políticos de Moscú, la nueva tecnología ademas. Hicieron hasta una pagina web especializada⁵, con los juicios-cirkos por zoom en directo, un contador de “genocidios” condenados, y la lista completa de ellos. No importa si la mayoría dentro ellos están muertos sin condena, y así deben ser considerados inocentes, o que los otros están a la espera del resultado de un recurso. El ritual de los “testigos-victimas”, de las organizaciones llamadas de defensa de los derechos humanos, de las querellas, siempre esta lo mismo, y siempre da el mismo resultado, con un guion ya escrito y una sentencia ya decidida. Así el resultado de cada juicio no tiene suspense, y a la excepción notable de algunos amigos del poder Kirchneristo, la condena esta garantizada a pesar de la ausencia de pruebas en una gran parte de esos juicios, donde una acusación equivale una condena.

Estos juicios ya no interesan a nadie, salvo a los acusados y sus familias. Pero sus consecuencias están a la vista de todos : unas heridas del pasado reabiertas, el odio generalizado, el control de una gran parte de la justicia por el poder ejecutivo, un enriquecimiento de algunos organismos e personalidades, una memoria oficial impuesta que ignora la historia, unas victimas del terrorismo ignoradas, la desconfianza en la justicia, la inseguridad jurídica…

Pero esa política de Estado no se detiene allí. Ella va mucho mas allá de la persecución judicial ilegal, sino de la persecución por el Estado y las organizaciones auto-denominadas de defensa de los derechos humanos. Es decir que cada vez que hay una decisión judicial que no les gusta, hacen presión y amenazas para revestirla, con toda la fuerza publica. Los “escraches”⁶ son parte del folklore utilizado, bajo la excusa de que “si no hay justicia, hay escrache”, e sin que las fuerzas policiales jamas intervengan. 

 

Pero mas allá de la acción judicial, es en el terreno social, cultural y de la educación que esta política fue la mas activa, instrumentalizando el dolor hasta el infinito. Y en eso ámbito, hay que reconocer que fueron muy activos y han tenido un gran éxito, con una propaganda de una memoria revisionista desde la escuela primaria, que, según la ensayista Beatriz Sarlo propone “una versión simple del pasado, con buenos y malos”. En realidad esta corriente ideológica hace “un uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, y tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70”⁷.

Es así que, por la desgracia del país, lamentamos que el filosofo Tzvetan Todorof, quien había publicado sus impresiones de los lugares de memoria en Argentina en 2010, no fue escuchado. En este momento, el había detectado ya que algo andaba mal en esta política denominada “memoria, verdad y justicia”: “En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. (…) no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro.”⁸

Los Kirchner han elegido encerar a los argentinos en una “ilusión maniquea” de una memoria revisionista que divide la sociedad en buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Es así que, por pura ambición del poder absoluto, estos políticos decidieron hace 20 años implementar una “política de Estado” mortífera, que no se puede discutir, como si era un dogma religioso. El resultado esta a la vista de todos : una nueva generación radicalizada de militantes repite esas mentiras como un “mantra”. Esto grupo se ha beneficiado tanto con esta política que viene de lanzar como nuevo lema de campana : la “generación diezmada⁹”. Un “legado” de esa politica, destinado a mantener los Kirchner y sus aliados al poder a pesar de sus resultados catastróficos, para garantizar su impunidad.

Es la hora de dejar atrás esto maniqueísmo revisionista para vivir con una historia común, aunque a veces dolorosa, y así poder así seguir adelante. Como ya algunos lo han entendido, la batalla es cultural, y el tema de esta “política de Estado” ineludible en esta campana electoral para los candidatos que dicen que quieren terminar con una época que ha hecho tanto daño.

1) Fueron las primeras elecciones presidenciales que se realizaban después de la crisis económica, social y política de 2001 que había hecho colapsar las representaciones políticas bajo la consigna «que se vayan todos».

2) El Pacto, escrito en 2020 por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, detalle “la historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a someter la Justicia a un proyecto político que consagre la impunidad y sirva de herramienta de persecución a opositores”.

3) Teoría mencionada en el prologo original del informe de la CONADEP, que ha sido modificado en la versión de 2006.

4) Segun Malena Silveyra y Valeria Thus, abogadas de la Universidad de Buenos Aires, en un articulo publicado en el diario “Pagina 12” : “Soy todo lo que recuerdo”.

5) http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/

6) Según la RAE, escrachar es una palabra de uso en Argentina y Uruguay que quiere decir: 1) Romper, destruir, aplastar. 2) Fotografiar a una persona ; se ha convertido en el lema del colectivo H.I.J.O.S. para revindicar sus acciones violentas destinadas ha hacer presión contra todos los que el designa como “culpable”.

7) Leer el articulo publicado en este sitio web en 2019 sobre el revisionismo histórico https://www.casppafrance.org/2019/09/rechazar-el-revisionismo-historico-en.html

8) Poco después de su visita, el filosofo volcó sus impresiones en una nota en el diario español El País, con el título "Un viaje a Argentina", en la cual se expresó muy críticamente sobre la política de memoria, justicia y verdad.

9) https://www.pagina12.com.ar/552524-generacion-diezmada

 Casppa France,

02/08/2023.