samedi 25 juin 2022

El mentiroso e ilegal informe de los delegados del CELS y otras asociaciones travestidos en funcionarios de la Secretaria de los derechos humanos de la Nación.


    Los funcionarios contratados de la Secretaria de los derechos humanos de la Nación son los personajes que, abusando de su posición de « funcionarios » como representantes del CELS y otras asociaciones, con la complicidad del SPF, el silencio de la justicia federal, realizaron el 22 de marzo 2022, en violación de todas las garantías judiciales, una recorrida-inspección de la U34 del servicio penitenciario federal. Pero, ademas, todos ellos son querellantes en los juicios llamados de lesa-humanidad cuyos imputados están alojados en esta unidad penitenciaria.

    Este informe, resultado de esa « visita » a la cual no fueron invitados los abogados defensores, observadores neutros o los mismos imputados, no solo es mentiroso, sino ilegal, porque que el poder ejecutivo asume, por el intermedio de la secretaria de derechos humanos de la Nación funciones judiciales, prohibidas por la Constitución Nacional, y convenciones internacionales.

   Esos « funcionarios contratados » fueron autorizados por razones políticas y al no estar habilitados para ejercer la función judicial ni tener mandato para ello, su permanencia como las diligencias efectuadas en la unidad 34 del SPF deben ser consideradas que fueron efectuadas de manera irregular e ilegal.

   No existen los cuidados acordes con estándares internacionales. El articulo 12 del Pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales sobre el derecho a la salud, es superficialmente tratado. En la Unidad 34 murieron 6 internos por Covid 19, hay detenidos con graves patologías que deben ser hospitalizados y permanecen en la cárcel. La salud es tratada en forma muy liviana.

   El hospital militar de Campo de Mayo es exclusivamente para los miembros de las fuerzas armadas, reciben también a los presos de la U34 en caso de urgencias, prestando las primeras asistencias y luego deben ser derivados a sus respectivas coberturas medicas. Nadie es hospitalizado u operado si no esta inscrito en la obra social militar.

   El consultorio ontológico es básico, instalaciones minimalistas, el excelente profesional siempre con buena disposición no dispone de insumos necesarios para la atención a sus pacientes, no puede realizar radiografiá, ni tratamientos especiales. La interconsulta extra-muros es la regla. La limpieza del consultorio la efectuá un interno.

 


 

   La ambulancia es antiguo, un observador sincero y objetivo rápidamente constara que no es de alta ni de mediana complejidad teniendo cuenta los posibles traslados de una población carcelaria con numerosas patologías. Se debió mostrar el interior del ambulancia y constatar las instalaciones precarias, los faltantes tanto en la seguridad medica como de transporte. Informar sobre el estado delos amortiguadores es esencial. Ademas este vehículo no depende del SPF. 

 

 

 Afirmar que hay médicos las 24 horas sin precisar las especializaciones por la particularidad de la población carcelaria es faltar a la verdad : hay pediatra, ORL, cardiólogo unicamente los viernes por la mañana, generalistas dos veces por semana, psicólogos y la presencia del psiquiatra es excepcional. No se dispone de gerontologo, rumatologo, gastro-enterologo, oftalmólogo, dermatologo ...Los instrumentos médicos son escasos, en mal funcionamiento u obsoletos. No existe consultorio kinesiologico. La limpieza de los banos, duchas, instalaciones externas, la efectuá los internos, cuya edad media es de 77 anos con patologías diversas. Esos lugares no están adaptados para los adultos mayores allí alojados.

   

 Finalmente, lo que manifiesta el secretario de derechos de la Nación por su odio visceral hacia los acusados de lesa humanidad son afirmación constituidas de mentiras. Su personal actuó de forma ilegal, ideológico y su informe debe ser reconocido como tal. Esperando que la justicia y la secretaria de los derechos humanos acepten una contra visita-inspección de las partes adversas. 

 

Casppa France,

25/06/2022.

mercredi 22 juin 2022

El discurso patotero y apologista de Cristina Fernández de Kirchner.

 


https://www.clarin.com/politica/cristina-kirchner-reaparece-cta-avellaneda-propio-acto-dia-bandera_0_mqYlMt97R5.html


Todos estamos de acuerdo para decir que el discurso político de CFK es patotero, intimidatorio, apologista de numerosos delitos, promueve el odio, llama a la venganza y a la desunión nacional. La señora Vice-presidenta, antes de gesticular, ¿tendrá consciencia, conocerá el gol de los sectores privados en la economía del país ? ¿Analiza la importancia de esos sectores con el consumo, el crecimiento, la fiscalidad, el desempleo y los problemas sociales ? ¿O simplemente es un discurso para sus amigos que integran la organización política de la cual es su leader ?


Al parecer, su única y sola política es nacionalizar. ¿Porque no expropiar todos los sectores productivos privados, y en el mismo tiempo aumentar el consumo, el gasto publico, la inflación, los subsidios ilimitados, desarrollar políticas sociales e generales, fomentar la cultura de no trabajar y crear una generación de empleados públicos nacionales, provinciales et municipales?


Señora Cristina Fernández de Kirchner, los empresarios no son una organización criminal, producen riqueza, generan impuestos, fuentes de trabajo, cumplen un rol social y apuestan al futuro del país. Lógicamente no son una ONG. Su discurso es un discurso de odio, esta prohibido por el articulo 13 del Pacto de San José y al ser su discurso un delito de acción publica, algún fiscal debe intervenir de oficio. 

Casppa France,

22/06/2022.

mardi 21 juin 2022

Dejar que los delincuentes cometan sus delitos en libertad, jamas en prisión : Interventora del Servicio penitenciario federal (SPF) Garrigós de Rébori.


 https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-gobierno-nacional-no-los-quiere-alojar-dura-denuncia-del-ministro-de-seguridad-porteno-tras-una-nid20062022/ 

https://www.clarin.com/politica/marcelo-dalessandro-servicio-penitenciario-llevan-presos-vulneran-ddhh_3_YtKRTlP0Dq.html 

 « ...Si dejás de detener no vas a tener problemas », recibe como mensaje desconcertante el ministro de seguridad de la CABA por parte de la interventora del SPF, ex jueza Maria Garrigós de Rébori, ante el problema de hacinamiento en las comisarias metropolitana con los detenidos y la negativa del SPF a recibir a esos presos.

Para la funcionaria política (es decir, el gobierno nacional), la solución no es asumir sus responsabilidades jurídicas, judiciales, políticas ni alojar los detenidos en las cárceles federales ; tampoco respeta la misión prevista en la ley 20.416 (art. 1°: el SPF es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados y al ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor).

La Señora Garrigós de Rébori y su política de Estado poco le importa las garantías y protección del Estado de derecho, las obligaciones positivas del Estado, la seguridad y el orden publico de las victimas, es decir de los ciudadanos. La interventora del SPF en nombre de sus particulares principios de la seguridad y derechos holísticos de los miembros de la sociedad propone que los delincuentes cometan sus hechos delictivos y criminales en total libertad porque de ser detenidos y llevados a una comisaria la Señora de Rebori no los acogerá en una unidad del SPF. Es decir, no hay que detener los delincuentes así se evita llevarlos en las cárceles federales.


Es extraña la posición de la Señora de Rebori porque esa misma política de gobierno no la aplica con los adultos mayores de 70 anos, enfermos, con detenciones preventivas ilimitadas, acusados por sus colegas jueces de haber cometido ilícitos cuenda eran agentes del Estado en los 70 defendiendo las instituciones y el Estado de los ataques terroristas que querían asumir el gobierno por las armas. Esos grupos terroristas no defendían la democracia ni la justicia o los derechos humanos. Pero en estos casos la Interventora del SPF es intransigente, los ex-agentes del Estado, no los terroristas, acusados de graves delitos por los 70 deben morir en prisión sin mas.


Casppa France,

21 juin 2021.

vendredi 17 juin 2022

Le Président de Casppa France interdit de vote le 18 juin 2022 en Argentine, par décision politico-judiciaire franco-argentine.

 


Alors que rien ne l’interdit et que le droit de vote est garantie par le Pacte international des droits civils et politiques, le Président de Casppa France, le Professeur Mario Alfredo Sandoval, détenu arbitrairement par le gouvernement et la justice argentine depuis le mois de décembre 2019 dans une prison militaire à Buenos Aires, et malgré ses nombreuses demandes effectuées devant la justice fédérale (TOF 5 et San Martin) d’exercer son droit de voter aux élections parlementaires, qui auront lieu le 18 juin prochain à Buenos Aires, se voit interdire par le juge argentin d’exercer ses droits, sur la base de recommandations du Consulat français à Buenos Aires.


Les demandes adressées par Mario Alfredo Sandoval auprès de la justice argentine pour aller voter lors des élections consulaires (2021), présidentielles (avril 2022) et parlementaires (premier tour juin 2022) ont reçu une fin de non recevoir.


Opportunément, le Consulat de France à Buenos Aires, sollicité par le TOF 5 sur le sujet, a fait savoir que : « ... Il ne paraît pas possible que monsieur Mario Alfredo Sandoval vote de manière présentielle... », puis, lors d’un entretien avec l’avocat défenseur, le diplomate français a confirmé la même position. Ses représentants ne veut pas qu’une personne privée de liberté puisse voter personnellement malgré les Conventions qui garantissent leurs droits.


La Convention de Vienne de 1963 sur la protection consulaire et le Pacte international de droits civils et politiques sont sans intérêt pour la France et l’Argentine en ce qui concerne l’obligation de protéger les droits fondamentaux de Mario Alfredo Sandoval, qui sont violés allégrement. En rappelant que le Consulat français à Buenos Aires, depuis mars 2020 et pour diverses motifs, nonobstant les demandes répétées par lui, n’a pu obtenir à ce jour, le renouvellement de ses documents d’identité.


Finalement, n’oublions pas que dans son arrêt de décembre 2019, le Conseil d’État français a rappelé que Mario Alfredo Sandoval bénéficiait du droit à la protection consulaire lors de sa détention en Argentine.


CasppaFrance,


17/06/2022.

mardi 7 juin 2022

Justice et égalité des droits - Editorial de la Nacion

 

De graves discriminations continuent de se produire en termes de jugement et de traitement des personnes accusées de crimes contre l'humanité. 

 

6 juin 2022

 

Editorial de LA NACION 

 

Parmi les nombreux sujets qui accablent et inquiètent les citoyens, celui de la justice figure parmi les premiers du classement. En tant que sujets des droits que l'accès à la justice devrait nous garantir - et lesquels devraient nous placer, sans différences, derrière le modèle républicain inscrit dans la Constitution - il est inquiétant que des institutions qui regroupent des avocats agissent pour exiger le respect de l'égalité des droits. 

Des représentants de l'Association des Avocats pour la Justice et la Concorde, de l'Association des Défenseurs des Droits de l'Homme d'Amérique latine et des Ponts pour la Légalité ont soulevé une pétition et rencontré le président de la Chambre fédérale de cassation pénale, Alejandro Slokar, son vice-président, Mariano Borinsky, ainsi que le secrétaire général du tribunal, Juan Montesano Rebond. La requête se fonde sur la « grave discrimination dans le jugement et le traitement reçu par les accusés de crimes contre l'humanité », dont nous nous sommes occupés jusque-là à plusieurs reprises. 
 

Dans les couloirs des tribunaux fédéraux, tout le monde sait que les affaires dites de lèse» - dans le jargon judiciaire - courent sur des circuits clairement séparés du reste, avec des dossiers également différents visuellement. Le fait que des violations des droits de l'homme aient été commises par des organes de l'État dans les années 1970 ne signifie pas que les personnes accusées de crimes contre l'humanité doivent être privées des droits fondamentaux que la Constitution nationale garantit à tous les citoyens, sans distinction, dans le cadre d'un procès. 

Les condamnations des militaires sont généralement prononcées sans les conditions d'une procédure régulière, sans enquêtes permettant leur défense devant le tribunal, sans l'octroi d'exemptions de prison, de libérations ou d'assignations à résidence pour les personnes âgées de plus de 70 ans, violant ainsi les dispositions expresses de la Convention interaméricaine pour la protection des droits des personnes âgées, laquelle exige un traitement préférentiel pour ce groupe de personnes vulnérables, tant en matière administrative que judiciaire. Alors que la durée moyenne de la détention préventive pendant la commission d'infractions de droit commun n'excède pas 1,4 an, dans les procès pour crimes contre l'humanité, la moyenne est de plus de 6 ans, avec des cas de détention provisoire de 10 et 15 ans. 

 
 

La déformation procédurale qui instaure des voies différentielles avec un parti pris idéologique clair remonte à 2003, lorsque Nestor Kirchner arriva au pouvoir. Pour augmenter son faible nombre d'électeurs, il a su habilement construire un discours destiné à capter la faveur des sympathisants des organisations extrémistes de gauche en ces années dures de ce qui fut appelé la « guerre sale », avides de faveurs autant que de fonds. Les grâces décrétées pour les deux parties à l'époque du gouvernement constitutionnel ont été enterrés par un nouveau status quo lequel, basé sur un compte-rendu faux et partial des faits, justifie les actions violentes des soi-disant « jeunes idéalistes » et rend invisibles des milliers de victimes du terrorisme. Ils ne sont plus si jeunes, mais nombre de leurs adeptes ont activement rejoint le gouvernement, créant ainsi une superstructure réglementaire et judiciaire destinée à juger sans impartialité le personnel en uniforme et civil après l'avoir passé au crible d'un opportunisme politique incontestable. 
 

C'est ainsi qu'en 2013, sous la présidence de Cristina Kirchner, fut créé le Bureau du Procureur chargé des crimes contre l'humanité (PCCH - Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), qui a remplacé l'Unité des poursuites pour le suivi des cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales créée en 2008. Compte tenu de la lenteur avec laquelle évolue notre justice, parmi ses principaux objectifs, énoncés sans ambages sur sa page internet, le PCCH mentionne, entre autres, la fixation de critères sur la manière dont les procureurs doivent procéder pour éviter les retards, alimentant des anomalies juridiques et conduisant à valider des procédures irrégulières dans tous les tribunaux fédéraux dans lesquels ce type de procès a eu lieu dans tout le pays. 
 

Avec des offices judiciaires idéologiquement cooptées par le pouvoir politique et des procédures de droit pénal spécial » vis-à-vis des accusés et des condamnés pour crimes contre l'humanité, des situations de contradiction judiciaire inacceptable se sont reproduites en nombre préoccupant. Toute tentative de ramener les choses à leur juste place se heurte à une réalité qui déborde d'arbitraire. Si un courageux procureur comme Cecilia Goyeneche n'obtient pas le soutien nécessaire pour rester en fonction, les allégations de véritables « usines de génération de procès » liées aux actions des militaires dans les années 1970 ne devraient pas nous surprendre. 

 

A partir de fin 2021, il est devenu impératif de maintenir la cohésion de la coalition au pouvoir face à la migration de ses composantes les plus radicalisées. Avec le Secrétariat aux Droits de l'Homme, dirigée par Horacio Pietragalla, il fut élaboré un plan d'action stratégique visant à promouvoir de nouveaux systèmes et à accélérer les affaires en suspens ou encore à susciter de nouvelles causes d'adhésion de ses cadres. De cette façon, le secrétariat cherche à mettre en évidence l'inaction supposée de la Commission inter-pouvoirs, qui dépend de la Cour suprême de justice, durant l'administration précédente, chose qui avait déjà été exprimée en octobre2020, dans une lettre adressée à Carlos Rosankrantz, son président de l'époque, avertissant que le secrétariat refusait de participer parce qu'il considérait l'appel à une nouvelle réunion comme « opportuniste » après le changement de gouvernement. 

 

Le plan stratégique prévoit, entre autres, l'ajout de nouvelles représentations dans des cas ponctuellement choisis, de reprendre les enquêtes et de produire des preuves par la constitution d'une équipe d'experts publics propres au secrétariat, parallèlement à la justice. La pétition à laquelle nous nous référons décrit cela en déclarant que les « organismes de défense des droits de l'homme avec les membres du Bureau du procureur pour les crimes contre l'humanité, créent de nouvelles affaires avec témoins militants -dont beaucoup sont indemnisés par des millions de dollars par l'État - dont le retard à révéler la prétendue nouvelle information et à omettre son existence dans les déclarations antérieures n'est jamais pris en compte et que toute la crédibilité leur ait donnée dans les procès ». Il convient de rappeler le nombre de fonctionnaires ayant un long passé terroriste ou des liens familiaux étroits avec qui a tenté de prendre le pouvoir en exerçant une violence aveugle dans les années 70 ou encore durant la période de gouvernement constitutionnel et impliqués dans de nouvelles éditions du même plan. L'esprit de vengeance, plus de quarante ans après les évènements, est ainsi ravivé année après année par de nouveaux procès et de nouvelles condamnations qui de succèdent sans fin, désormais au service du maintien de la cohésion affaiblie du gouvernement actuel, masquant les véritables raisons d'une politique criminelle et d'une persécution pénale manifeste aussi idéologique qu'arbitraire. 

La Cour suprême avertit, dans un acte lucide et transcendant à Rosario, que le fléau le plus important dont souffre notre société est le trafic de drogue, dont la puissance s'étend de façon spectaculaire dans les grands orbes. Les maigres ressources de la justice fédérale argentine devraient être dirigées de manière décisive vers la résolution des graves problèmes actuels de notre société, et des jeunes en particulier, au lieu de continuer à juger les échelons les plus bas des forces armées et de sécurité pour des faits ayant eu lieu il y a maintenant un demi-siècle. 
 

Nous nous félicitons de la volonté du juge Slokar d'entendre les justes revendications et de transmettre les préoccupations durant l'audience plénière du tribunal. 

L'audience constitue un précieux précédent. La flagrante violation des principes constitutionnels les plus élémentaires tels que l'égalité devant la loi dans l'administration de la justice, révèle la dépendance inquiétante de nombre de ses membres vis-à-vis du pouvoir politique. 

 

Traduction de l'article original publié en espagnol 

du 06/06/2022 

Journal La Nacion 

El terrorismo judicial del Sr. Alejandro Slokar de la Cámara de Casación Penal.

    Por Mario Sandoval 1 En dos fallos recientes el Sr. Alejandro Slokar miembro de la Cámara de Casación Penal, impunemente viola una...