Verdad y justicia, o ideología y venganza

 

El respeto de la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley no pueden ser reemplazados por una especie de derecho penal paralelo para el enemigo.

27 de octubre de 2022 - Editorial - LA NACION

 

 

En reiteradas oportunidades, hemos denunciado desde este espacio la violación sistemática de los derechos y garantías que nuestra Constitución consagra cuando se trata de acusados involucrados en causas de lesa humanidad. Creada recién en 1998 por el Estatuto de Roma, entre nosotros esta categoría se reservó exclusivamente para integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad y para agentes estatales por su accionar a partir de marzo de 1976, fecha del último golpe militar.

Sin fundamento jurídico alguno y contrariando la jurisprudencia internacional que aplica a toda persona responsable de ataques generalizados a civiles no combatientes, no se encuadran localmente en esa condición los delitos cometidos por organizaciones terroristas. Distintas instituciones llevan años reclamando infructuosamente a los sucesivos gobiernos argentinos la resolución de delicadas cuestiones derivadas que ya se han cobrado más de 700 vidas y que claramente conducen a considerar que estamos ante presos políticos perseguidos ideológicamente por venganza y odio.

Largos años de relato kirchnerista han servido para alejar a gran parte de la sociedad de la verdad e incluso el cine ha sumado últimamente cierta manipulación de la historia con ribetes hollywoodenses, que termina siendo funcional al poder de turno. Se han sembrado el odio y el revanchismo también en estos terrenos, instalando en las jóvenes generaciones miradas falsas y distorsionadas sobre lo ocurrido en los dolorosos años 70. Como también hemos reiterado desde estas columnas, más allá de que hubo hechos que merecieron reproche y castigo, la ideología imperante fue, por un lado, utilizada desde la política para captar apoyos y sembrar fragmentación en términos de Laclau. Por el otro, fue convenientemente puesta al servicio del pingüe negocio de las varias veces millonarias indemnizaciones, una perversa maquinaria que jaqueó, y aún jaquea como noticias recientes confirman, las exhaustas arcas del Estado.

 Insistir en reformar la Justicia para asegurarse impunidad al mismo tiempo que se violan las normas detrás de un discurso ideológico revanchista es atentar contra el Estado de Derecho

En ámbitos judiciales, la parcialidad y sumisión al poder político de numerosos magistrados de vínculos públicos y notorios con organizaciones que intervinieron como querellantes condujo a amañados procesos. Además de insistir en la aplicación retroactiva de la figura delictiva invocada, violando lo dispuesto por la Constitución nacional, se construyeron causas faltando en muchos casos a la verdad, abrevando en testimonios falsos, asignando responsabilidades colectivas y no personales, y demorando también los tiempos para prolongar, con plazos largamente excedidos, las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus eventuales condenas a cuarenta años de los hechos. Pedidos de juicio político y denuncias contra los magistrados probos, intimándolos a abandonar el principio rector de imparcialidad, por parte de organizaciones autodenominadas “defensoras de los derechos humanos”, que también se vieron enriquecidas en tiempos de kirchnerismo, lideran la embestida que envilece a toda una sociedad.

Sin respuesta del Estado argentino, o peor aún, con intromisiones y expresiones públicas sobre fallos por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional –muchos de los cuales fueron protagonistas de aquel doloroso pasado–, el arduo camino del reclamo ante organismos internacionales permitió darle visibilidad a tanta injusticia. Cabe distinguir entre la protección internacional en materia de derechos humanos que no ha de confundirse con la justicia penal que se aplica en tribunales internos, ambas absolutamente necesarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió ya en 2018 los testimonios de la Asociación por la Justicia y la Concordia y Puentes para la Legalidad, defensoras de los detenidos. El organismo consideró la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años y los rechazos a las prisiones domiciliarias para ancianos y enfermos, así como las denegatorias de excarcelaciones y prisiones preventivas largamente excedidas en plazos. Las escandalosas desmesuras en relación con numerosos casos que se pretende tan forzosa como falsamente encuadrar dentro de los llamados delitos de lesa humanidad, desconociendo también el derecho de todo ciudadano a ser juzgado o fijados sus derechos en un plazo razonable, colocan al país en riesgo de recibir una condena por parte de tribunales internacionales que afecte la responsabilidad patrimonial del Estado.

Bregando sin descanso por el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, Justicia y Concordia ha solicitado sumarse como amicus curiae en la primera de las causas contra el doctor Jaime Smart. Este civil, acusado por hechos acaecidos en dependencias bajo la órbita de la policía bonaerense mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue condenado a prisión perpetua en 2012 con el argumento de haber puesto a disposición de esa fuerza recursos y personal utilizados por determinados efectivos para secuestros, tormentos y homicidios. Todo esto aun cuando no existe ningún comportamiento que permita relacionarlo y cuando, desde 1975, una ley había puesto a la fuerza a disposición de las autoridades federales en lo relativo a la lucha contra el terrorismo. Por lo demás, la condena plantea el absurdo de que se lo penalice por el cumplimiento de sus indelegables obligaciones, inventando una participación criminal y desconociendo que los delitos de lesa humanidad deben ser probados. Ni el conocimiento ni la voluntad de Smart de haber colaborado en los hechos de los que se lo acusa pudieron jamás probarse.

Los tratados internacionales que otorgan mayor garantía a los derechos humanos consagrados por la Constitución no hacen distingos respecto de personas ni delitos para asegurar su amparo. Pero sí lo hace la Justicia argentina. No puede haber un derecho paralelo, una especie de derecho penal del enemigo que no respete las formas procesales ni las garantías fundamentales, tal como lo ha recordado la Corte Suprema en el fallo “Tomasi”, otro caso en el que se exhibió una total arbitrariedad en el juzgamiento de civiles en esta clase de delitos. Asistimos a un claro interés del Estado por construir y perseguir un delito abusando de su poder punitivo, en grave colisión con las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.

Resulta incomprensible en términos jurídicos la diferencia de criterios a la hora de juzgar la responsabilidad de los comandantes de la junta militar, no en orden al ejercicio del poder administrador de gobierno, sino al dictado de órdenes emitidas para el combate contra el terrorismo. A tal punto llega la arbitrariedad que Smart ha sido condenado por hechos por los que se absolvió a Jorge Rafael Videla y a Roberto Viola, integrantes de la Junta militar del gobierno de facto, y a Ramón Camps y Ovidio Ricchieri.

Debiera ser prioritario para una sociedad preservar su sistema judicial de nefastas injerencias, asegurando para todos el derecho al debido proceso, a plazos razonables de juzgamiento, al principio de cosa juzgada y a la exactitud en el encuadre de los delitos, incluidos los considerados de lesa humanidad, para evitar toda discrecionalidad ideológica o inconcebible parcialidad. Insistir en reformar la Justicia para asegurarse impunidad al mismo tiempo que se violan las normas detrás de un discurso ideológico revanchista es atentar contra el Estado de Derecho.
 

Fuente : LA NACION

 

Comentario y analisis de la septima audiencia del juicio politico del presidente de Casppa France.

 

"En esta ocasión solamente el fiscal hizo uso de la palabra por casi 2 horas, y se confirmó mis observaciones realizadas ante el TOCF 5 el 14 y 21 de septiembre pasado en cuento a las obligaciones del Fiscal en el presente juicio, se trata de imparcialidad, objetividad, equidad, por las garantías constitucionales y convencionales, la lealtad procesal y otras garantías. Todos estos principios estuvieron ausentes en el requerimiento del Fiscal." (...)

Casppa France, 

21/11/2022.

Justicia ideologizada, derechos conculcados.

 

El trámite del juicio contra Carlos Pedro Blaquier es un ejemplo de las arbitrariedades cometidas en nombre de la venganza y el odio

8 de noviembre de 2022 00:10 

 LA NACION

El Palacio de JusticiaArchivo

La causa iniciada contra Carlos Pedro Blaquier hace ya más de 13 años continúa plagada de inadmisibles arbitrariedades, en franca violación de todas las garantías del debido proceso, y ahora también del respeto a los derechos que custodian la integridad y salud de las personas ancianas o con discapacidad. La persecución judicial contra Blaquier, presidente de la compañía Ledesma, y Alberto Lemos, gerente general, no cesa, acusados de haber facilitado camionetas al régimen militar que gobernaba en 1976, a los supuestos fines de secuestrar personas en Jujuy, donde está radicado el Ingenio Ledesma.

Ambos fueron procesados por un juez subrogante de Jujuy bajo fuerte presión e intromisión del kirchnerismo y sus huestes, a tal punto que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, entre los numerosos nombramientos partidarios que efectuó, promovió para que actuara en dicha causa como fiscal subrogante a Pablo Miguel Pelazzo, un exabogado del CELS y militante de la agrupación Justicia Legítima, que había actuado en ese proceso como querellante. Su apartamiento se fundó en las irregularidades de su nombramiento y su actuación previa como acusador privado.

Por lo demás, ningún documento ni testigo pudo vincular el presunto préstamo de camionetas con la compañía ni mucho menos con Blaquier o Lemos.

Blaquier ya cumplió 95 años. Peritos de parte, peritos oficiales de la Corte e incluso peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostraron que se encuentra incapacitado para defenderse y afrontar un juicio, aquejado por una demencia que le impide discernimiento, lucidez y ubicación en espacio y tiempo. No obstante, la Cámara de Casación, con los votos a favor de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y de Guillermo Yacobucci en disidencia, frente a un pedido de la fiscalía, dispuso que la decisión de suspender el proceso era prematura y que debía hacerse un nuevo estudio médico. Entendieron que se vulneró una acordada de la Corte Suprema que establece que los estudios complementarios que puede aportar la persona peritada deben ser posteriores a la fecha de ingreso de la causa al cuerpo médico, desconociendo gravemente que así fue también en el referido caso. El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó un nuevo peritaje, por realizarse este mes. Con claro ánimo de entorpecer y prolongar indebidamente el proceso, la fiscalía había pedido que lo realizara la Universidad de Buenos Aires y no el cuerpo médico forense de la Corte, como en todas las causas penales. Acceder al pedido constituiría otro nuevo abuso e irregularidad.

En esta Argentina en la que el fiel de la Justicia se muestra descalibrado a fuerza de venganza, odio y revanchismo, son muchos los presos políticos que reclaman por sus derechos. Más de 760 militares y civiles detenidos en los procesos reabiertos por lo ocurrido en los años 70 han muerto en cautiverio, la enorme mayoría sin condena firme. Muchos con prisiones preventivas por más de 6, 10 y 15 años, una tan improcedente como vergonzosa imposición de condenas ilegales anticipadas. Frente a las sentencias que no llegan, terminan cruelmente condenados a una pena de muerte encubierta. Más de 100 adultos de más de 65 años, que deberían estar excarcelados o con prisión domiciliaria, están recluidos en penales comunes, sin personal capacitado para brindarles la debida atención sanitaria, sujetos a riesgos innecesarios sobre su salud y su vida. Todo ello en contra de lo establecido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta y promovida por nuestro país, que obliga al Estado a asegurarles un trato preferencial protector de su salud y sus derechos, tanto en lo administrativo como en lo judicial.

Martín Báez, condenado junto a su padre y hermanos por lavado de dinero, está con detención domiciliaria a sus 30 años mientras exmilitares de más de 65, 70 y hasta 80 años de edad, acusados por hechos acaecidos hace décadas, aguardan condena en las cárceles. El dato confirma el temor, la perversidad y el afán de mortificación que mueve a muchos querellantes y lamentablemente también a integrantes del Ministerio Publico Fiscal, que actúan de consuno con la actual Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y seudoorganismos de derechos humanos.

La ideologización de la Justicia, y muchas veces el temor de quienes deberían impartirla, tiene estas condenables y nefastas consecuencias que afectan los derechos y las libertades de ciudadanos que nunca debieron quedar privados del debido proceso penal. No nos cansaremos de denunciar que un relato falaz y un andamiaje judicial armado que atenta contra el principio de dignidad de la persona humana y las garantías constitucionales son parte del siniestro plan que desde el poder pretenden imponernos y que continúa cobrándose injustamente muchísimas vidas.

FUENTE :  LA NACION

Causa Sandoval : una ampliación de indagatoria para deshacer la « ilusión de verdad ».

 

El presidente de Casppa France ha realizado el 27 de octubre pasado una demostración contundente ante el TOCF 5. Haciendo una verificación de hechos, datos y dichos precisa y clara, demostró que la veracidad de las acusaciones formuladas, aunque repetidas a menudo, era nula.

Este ejercicio no es fácil, y el orador se siente muy solo en un momento así. Equipado con su sola convicción, está animado por una fe profunda de la que extrae, y que se refuerza a medida que las palabras se pronuncian, para que resplandezca la verdad judicial.

“como nada es mas hermoso conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad.“ Ciceron (106-43 ante J.-C).

Casppa France,

05/11/2022.

De la verdad y de la mentira en justicia.

 

 Fragmentos del tercero ampliamento del alegato de Mario Sandoval ante el TOCF 5 de CABA.

 

La afirmación que realizo el fiscal Taylor en 1947 en el proceso sobre los jueces en Nuremberg se confirmó una vece mas :“sin los jueces, Hitler no hubiera existido”. Haciendo actualidad esa afirmación, digo:”sin los jueces el régimen de los Kirchner y este proceso de violación a los derechos humanos no hubiera existido”.

La verdad jurídica que me inocente esta en las pruebas que se presentan, esta en la causa misma, al respeto del principio de inocencia, de legalidad, de garantías constitucionales y convencionales."

"Me encuentro en un estado de indefension personal ante el tribunal que no busque la verdad jurídica. Ni el fiscal, ni el tribunal, nunca se interrogaron sobre la posibilidad de que la persona identificada como inspector o comisario Sandoval del caso Abriatta no era yo cuando todos los elementos de la duda razonable se encuentran en la causa misma. El principio de imparcialidad, objetividad, independencia de los tribunales (articulo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos) y la garantía de una audiencia publica e imparcial están ausentes del juicio ante el TOCF 5. No hay igualdad de medios procesales.

Finalmente, “como nada es mas hermoso conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad.“ Ciceron (106-43 ante J.-C).

Lo sorprendente y preocupante es que esta justicia argentina acepta, legaliza y legitima la mentira, transformándola en verdad. Es inaceptable. 

 

 

Casppa France,

01/11/2022.