Carta abierta a los “intelectuales” de Argentina que alertan sobre las "amenazas a la democracia"por la avanzada de Milei.

 

 

 

 

 

Señoras y Señores « intelectuales » de  Argentina,

    Ustedes, por el rol social que ocupan, deben sobretodo defender las libertades individuales, y que cada ciudadano argentino elija libremente su candidato presidencial. Ustedes no son un partido político ni candidato a un cargo electoral. Salvo que con esta carta en realidad hagan militantismo por procuracion. No infundan temor, miedo, confusión, ni pretendan crear una realidad, o buscar imponer un candidato. Traten a los electores como actores políticos responsables que actuaran según sus opiniones, y no votar lo que parar algunas personalidades les digan lo que es bueno para ellos. El paternalismo oportunista no es la vía.

    Ustedes no pueden permitir que continúe la kleptocracia, la ochlocracia y la logocracia de los K, utilizando arbitrariamente los derechos humanos, una justicia politizada, imponiendo una historia y verdad oficial, generando violencia, inseguridad, inestabilidad social. ¿Ningún de ustedes tienen interés en ello, no ?

    Señores « intelectuales », defienden la democracia, los derechos humanos holísticos de todos los argentinos, revindican las garantías y protección del estado de derecho, la despolitizacion de la justicia, la verdad, la justicia, la historia de los 70. Pero no asuman una representividad que nadie solicito. Con sus posiciones politicas, no solo se alejan del Pueblo, sino que mienten a la sociedad y a los ciudadanos de buena voluntad.

    El 13 de septiembre de 2023,

   Mario Sandoval,

   Presidente de Casppa France

Las garantías constitucionales y legales no se aplican a las FF.AA.

Por Guillermo Ledesma

Opinion, La Nacion del 09 de septiembre de 2023.

El estricto apego a la Constitución y a la ley es esencial para la existencia de una sociedad organizada bajo la forma republicana de gobierno. Con un claro sesgo ideológico, tanto los que ejercen el poder y quienes dicen representar a los derechos humanos protegen los derechos humanos de algunos y procuran que esa protección no alcance a sus enemigos. Esto es lo que sucede respecto de la cuestión militar.

Cuando asumió la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín, cumpliendo una promesa de campaña, resolvió que se juzgara a las cúpulas de las organizaciones subversivas y a las tres primeras juntas militares del Proceso. En este último caso, considerando que los subordinados habían actuado en virtud de obediencia debida, causal de impunidad en el Código Penal. En el proyecto enviado al Congreso, los legisladores peronistas –cuyo candidato a presidente, Ítalo Luder, había manifestado que respetaría la ley de autoamnistía dictada por el presidente de facto Reynaldo Bignone– incorporaron una reforma que prácticamente abolía la obediencia debida, que no se aplicaría así a los delitos atroces o aberrantes.

El Congreso anuló esa ley y sancionó la 23.049, que disponía el juzgamiento de los altos mandos de las organizaciones subversivas y de las tres primeras juntas de las Fuerzas Armadas del Proceso por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, bajo el control de las Cámaras Federales, a las que debía informar periódicamente sobre el estado de las actuaciones.

Iniciado el juzgamiento por el Consejo Supremo, este organismo militar manifestó, en su último informe, que no podía prever un límite temporal para la conclusión del juicio, razón por la cual la Cámara Federal capitalina se avocó al conocimiento del proceso.

Tras la declaración de 833 testigos, la sentencia, dictada el 9 de diciembre de 1985 y confirmada por la Corte Suprema, condenó a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Massera, a Orlando Ramón Agosti, a Roberto Eduardo Viola y a Armando Lambruschini, y absolvió a Omar Domingo Rubens Graffigna, a Leopoldo Fortunato Galtieri, a Jorge Isaac Anaya y a Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. A su vez, en su punto dispositivo 30 dispuso, en cumplimiento legal de denunciar, poner en conocimiento del Consejo Supremo de las FF.AA. su contenido, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.

Las causas que se iniciaron contra miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, sin distinción de jerarquías, provocaron la inquietud y el descontento que llevaron a los levantamientos carapintadas. A fin de concluir con esta situación, el presidente Alfonsín envió al Congreso –que las sancionó– los proyectos de las leyes de punto final –que resultó un fracaso– y la ley de obediencia debida (23.521, 9/6/1987), que estableció que, a partir de determinada alta jerarquía y hacia los rangos inferiores, los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que hubieran actuado en virtud de obediencia debida no eran punibles.

Esa ley, que tuvo efectos pacificadores, fue declarada constitucional por la Corte Suprema el 22/6/1987 en el fallo “Camps, Ramón Juan Alberto y otros”, y luego inconstitucional en el fallo “Simón” (14/6/2015), que según mi entender y el de muchos vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional y en todos los tratados de igual jerarquía (art. 75, inc. 22, C. N.) en cuanto consideró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad fue ratificada por nuestro país el 1/11/1995 por la ley 24.584. Es decir que se aplicó retroactivamente una ley de 1995 para hechos acaecidos en la década del 70 con distintos argumentos contenidos en los votos de la mayoría, muy bien refutados por el único disidente, el juez Carlos Fayt.

Esto dio lugar a que se procesara a miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales desde las más altas jerarquías hasta las más bajas, en juicios en los que, con honrosas excepciones, no se respetaron los derechos constitucionales, como tampoco los establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en los códigos de procedimientos de la Nación y de las provincias en las que fueron y son juzgados.

En el caso “Muiña”, dictado en la causa “Bignone, Ricardo Benito Antonio y otros”, el 3/5/2017, la Corte Suprema aplicó la regla de cómputo prevista en el art. 7° de la ley 24.390 –conocida como 2x1– en favor del nombrado.

Las críticas que recibió el fallo impulsaron al Congreso de la Nación a dictar la ley 27.362 (10/5/2017), cuyo art. 1° estableció que el artículo 7 ° de la ley 24.390 no era aplicable a conductas delictivas que se encuadraran en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional. A su vez, el art. 3° de la ley determinaba que tal disposición y la del artículo 2° era la interpretación auténtica del art. 7° de la ley 24.390 y resultaría aplicable aun a las causas en trámite.

Curiosa interpretación auténtica –interpretación que hace el Congreso de una ley mediante otra– dictada con posterioridad a un fallo judicial para revertirlo, lo cual ocurrió. Los diputados y senadores sostuvieron la política cuestionada en estas líneas. Esta ley y el fallo posterior fueron antecedidos y seguidos de otras muchas violaciones de los derechos humanos, entre las que se destacan dos instituciones quebrantadas sistemáticamente: la duración de la prisión preventiva y la prisión domiciliaria.

La ley 24.390 establece que la duración de la prisión preventiva no puede superar los dos años, y que, en ciertos casos, puede extenderse a tres. Los imputados de los llamados crímenes de lesa humanidad que fueron absueltos en juicio promediaban siete años y medio de prisión preventiva.

Sobre la prisión domiciliaria, el artículo 10 del Código Penal dispone que los imputados podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria. El art. 314 del Código Procesal Penal de la Nación lo mejora y hace obligatoria la prisión domiciliaria que el Código Penal establece como una facultad. Los supuestos más frecuentes son los de: el interno enfermo que no puede recuperarse en prisión ni en un hospital; el interno enfermo que padezca una enfermedad terminal: el interno mayor de 70 años. Todo esto fue sistemáticamente incumplido.

Uno de los párrafos del fallo “Muiña”, en su primera versión, expresa: “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho…”. Porque creo en el derecho penal, cuyas disposiciones son un dogma del que nadie se puede apartar, es que lo hago mío.

Algo hay que hacer para reparar esta injusta situación.

Miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que juzgó y condenó a las Juntas Militares en 1985.

Fuente : La Nacion del 09/09/2023

 

En nombre de los derechos humanos, exigimos justicia para las victimas del terrorismo en Argentina.

 

No tengamos miedo !

Por las victimas argentinas y extranjeras de las organizaciones terroristas de los 70 en Argentina : exigimos al Estado, a la Justicia, y a las ONG de los derechos humanos el reconocimiento sin condición de las victimas argentinas extranjeras de las organizaciones terroristas de los 70 en Argentina.

Exigimos juicios a los miembros de las organizaciones terroristas responsables de asesinatos, atentados, provocados a las victimas del terrorismo. Esos crímenes y delitos no pueden quedar impunes o declararse la prescripción judicial de conveniencia.

Exigimos juicios para aquellos militantes, medios de comunicación, periodistas, expertos que niegan el reconocimiento a esas victimas, que niegan la historia, que niegan los juicios a los autores de esas victimas. Porqué a negar que son victimas del terrorismo, las vuelven a victimizarse, a asesinar las judicialmente y socialmente.

Exigimos de los jueces, fiscales, procuradores especiales, que actúen de oficio para garantizar y proteger los derechos humanos, la Constitución nacional, las Convenciones internacionales de esas victimas. Los miembros del poder judicial no poden ser cómplices de los autores de esos hechos.

Exigimos que la Comunidad internacional reconozca a las victimas de las organizaciones terroristas de los 70 en Argentina, porque entre ellas hay victimas que eran extranjeras, que en su país no son reconocidas como victimas del terrorismo.

Que la Comunidad internacional proceda a investigar judicialmente los autores de esas victimas que viven en esos países, que se presentan públicamente como militantes de derechos humanos, cuando en realidad, eran terroristas, autores de crímenes y delitos que dejaron victimas, y que a la fecha sus actos quedan sin ser juzgados por la protección de gobiernos, instituciones, bajo el argumento de los derechos humanos.

Exigimos sin condición ni reserva algúna o demora, verdad, memoria y justicia para esas victimas del terrorismo de los 70 en Argentina.

Casppa France,

6/09/2023.

Las víctimas invisibles del terrorismo.

Ninguna política de derechos humanos puede excluir víctimas y ninguna ideología puede imponernos una media verdad sobre los trágicos años 70.

La Nación

Editorial del 5 de septiembre de 2023

 

 

Victoria Villarruel, junto a Arturo Larrabure, durante el homenaje a las víctimas del terrorismo en la Legislatura porteña - Pablo Aharonia           

 

 Alcanzar la ansiada pacificación tras los trágicos hechos de violencia que signaron los años 70 supone acceder a la verdad de lo ocurrido, sin invisibilizar a ninguna de sus víctimas.

La terrible violencia que caracterizó aquellos años, incluso bastante antes de la instalación del régimen militar iniciado en marzo de 1976, no solo tuvo que ver con las violaciones de los derechos humanos desplegadas desde el Estado, sino también con la acción violenta de grupos terroristas que no vacilaron en segar la vida de miles de personas inocentes.

Ayer, con ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, la diputada nacional Victoria Villarruel y la legisladora porteña Lucía Montenegro convocaron, con el apoyo del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), a un homenaje a esas víctimas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El hecho no tardó en ser duramente cuestionado por representantes de distintas organizaciones políticas de izquierda y de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, que llamaron a la población a movilizarse a la Legislatura y manifestarse en contra de aquel acto.

En un comunicado firmado por algunas de estas agrupaciones, en repudio al homenaje convocado por las citadas legisladoras, se señaló que “el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida”, al tiempo que se pidió la adopción de todas las medidas necesarias para evitar que aquel acto, al que tildaron de “provocación”, se materializara.

Es lamentable que ciertas organizaciones, como las que convocaron a la población a repudiar e impedir el homenaje a las víctimas del terrorismo efectuado ayer, pretendan apropiarse de los derechos humanos, sosteniendo que estos deben ser solo para algunos. Más condenable aún resulta que se les niegue a familiares de víctimas de organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el derecho a recordar públicamente a sus seres queridos, asumiendo una vez más un nefasto liderazgo que distorsionó sin vergüenza alguna el profundo y trascendental sentido que jamás debieron perder los derechos humanos en nuestro país.

Es preciso que todos los argentinos, y especialmente las generaciones más jóvenes, accedan a reconocer en toda su magnitud la tragedia vivida durante la década del 70. Abordar los hechos históricos de manera integral y no parcial implica un desafío a la madurez de la sociedad argentina respecto de un relato que invisibilizó todo vestigio de las víctimas del terrorismo y la responsabilidad de organizaciones armadas, cuyo temerario accionar se inició mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y se profundizó durante el gobierno peronista que alcanzó el poder en 1973 por la vía de las urnas.

Un elevado número de argentinos, que incluye a hombres, mujeres y niños, han sido ignorados durante mucho tiempo, como si no se tratara de sujetos con derechos. Son personas que fueron asesinadas, secuestradas, mutiladas, heridas y hasta torturadas en las llamadas “cárceles del pueblo”, para las cuales no hubo homenajes, ni monumentos, ni indemnizaciones.

Uno de los más trascendentes testimonios de esta situación es el de Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en agosto de 1974 por el ERP y muerto después de 372 días de cautiverio. Pero muchas otras víctimas de los grupos subversivos eran civiles. Uno de los casos más emblemáticos es el de Laura Ferrari, una estudiante de 18 años, quien, en septiembre de 1975, mientras esperaba el resultado de un examen en el interior de un automóvil estacionado frente a la Universidad de Belgrano, sufrió la muerte cuando estalló un coche bomba ubicado en la vereda de enfrente. Otro caso fue el de Oscar Saraspe, dueño de un bar situado en el Ingenio Santa Lucía, Tucumán, quien fue asesinado en septiembre de 1974 por un grupo del ERP. Sus familiares, como los de tantas otras víctimas de la violencia terrorista, tienen derecho a recordarlos y a seguir reclamando justicia.

Los ánimos se caldean toda vez que alguien pone en duda lo que desde el poder se ha querido instalar como verdad suprema con insistentes distorsiones de una historia ajustada a la medida de intereses políticos e ideológicos. Quien ose desenmascarar el multimillonario negocio montado en torno a un tema tan delicado se enfrentará a una legión de ideólogos que han distorsionado hábilmente los hechos en su propio beneficio, con pingües ganancias que al día de hoy se siguen distribuyendo, a costa del erario público. Quienes se han apropiado de una tan tergiversada como redituable versión de los derechos humanos hoy se molestan cuando alguien demanda con total razonabilidad que se atiendan los derechos de todos y no solo los de unos pocos.

Hablamos de víctimas olvidadas, sin reconocimiento y mucho menos reparación, cuyos familiares no pueden seguir sintiéndose mendigos de la historia. Se comprobó, según el Celtyv, que totalizaron más de 17.000 las personas agredidas, secuestradas o asesinadas por el terrorismo, de las cuales 1094 perdieron la vida en unos 21.000 atentados –más de 5000 con uso de explosivos– y en unos 500 “ajusticiamientos”. Ninguna política de derechos humanos puede alentar enfrentamientos o excluir víctimas. No podemos dejar que la ideología de algunos cercene el acceso a una verdad que nos pertenece a todos.

Nunca la memoria ante episodios de violencia terrorista puede ser parcial ni utilizarse como instrumento de venganza. Nadie pretende desconocer, ni mucho menos reivindicar, los crímenes cometidos en tiempos de dictadura, pero sí corresponde pedir la misma vara para juzgar a unos y otros. Nuestra trágica página solo puede cerrarse con verdad, respeto por la historia, justicia y reparación para tantas víctimas inocentes. 

Fuente : Editorial de La Nacion,

05 de septiembre 2023.

Historia de una venganza por Alberto Solanet - La Nacion

Tras la decisión de Carlos Menem de no concurrir al ballotage en 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia con sólo el 22 % de los votos en las elecciones nacionales. Para encontrar apoyo político interno e internacional del que carecía, aceptó la sugerencia de la izquierda a través de Horacio Verbitsky, quien le proporcionó el libreto del manejo de la política de derechos humanos y la reapertura de las causas por los hechos de acaecidos durante el conflicto armado entre las fuerzas armadas y de seguridad frente a los grupos terroristas guerrilleros en los años 70. Claro que dicha reapertura sólo debía darse contra sólo una de las partes: los militares y policías.

Fue así como, en cumplimiento de ese pacto, y a solo cinco meses de su asunción, el 21 de agosto de 2003 el Congreso anuló, a pedido del Ejecutivo, las leyes de pacificación llamadas de Obediencia Debida y Punto Final. Para cerrar el círculo era preciso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificara los fallos que había dictado declarando la constitucionalidad de aquellas leyes y por ende la validez de sus efectos sobre todos aquellos a los que las mismas beneficiaron. Comenzó así un hostigamiento personal, escraches, pedidos de juicio político, agresiones y amenazas contra los ministros del supremo tribunal, con lo que se logró la renuncia y el desplazamiento de la mayoría de ellos. Los nuevos miembros dictaron tres fallos que removerían los obstáculos constitucionales que impedían la reapertura de los juicios tal como lo pretendían los Kirchner y sus nuevos aliados, en el marco de un gigantesco prevaricato.

 Así fue como a partir del año 2004, la nueva mayoría de la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel” declarando la imprescriptibilidad de los hechos cometidos por las fuerzas del Estado para declarar luego, a través de “Simón”, que tales delitos serían imperdonables, anulando los beneficios de las amnistías que protegían a guerrilleros y militares a través de las citadas leyes de pacificación y finalmente, con el fallo “Mazzeo”, anular los indultos. Cierto que, nuevamente, lo hicieron únicamente respecto de los integrantes de las fuerzas del Estado.

Se abrió así un proceso de venganza, degradación, corrupción e ilegal persecución. Por su lado, el nuevo gobierno instaló un sistema de recaudación ilegal a través de la obra pública y otros negociados protagonizados por una miríada de funcionarios públicos que generó el escandaloso enriquecimiento de cientos de ellos. Pero los tribunales federales encargados de investigarlos y juzgarlos eran utilizados para condenar a militares, policías y civiles por hechos ocurridos medio siglo atrás.

La acción judicial se extendió más tarde a los civiles que integraron el gobierno de facto, a agentes inteligencia, a las policías del interior del país y agentes del servicio penitenciario. Fueron acusados de estos delitos o de connivencia o encubrimiento dirigentes gremiales, sacerdotes -entre ellos el entonces cardenal Bergoglio- empresarios y opositores. Muchos de ellos fueron llevados a juicio.

 Hasta el día de hoy, a través de centenares de juicios, más de 3000 ancianos han sido encarcelados, entre los que se cuentan 35 exjueces y fiscales que juzgaron la guerrilla de los 70, mientras que han fallecido en cautiverio más de 790, gran parte de ellos sin condena firme y muchos por falta de atención médica. Cientos de causas continúan abiertas mientras que ingentes fondos de la administración pública se aplicaron al pago de indemnizaciones fraudulentas a supuestas víctimas de las fuerzas estatales. Actualmente se siguen presentando y aceptando falsos reclamantes. Los jueces los aceptan sin más como testigos en contra de los procesados e inmediatamente pasan a cobrar las millonarias indemnizaciones que paga el Estado.

El abandono de las garantías que deberían proteger a los procesados ante la arbitrariedad del Estado, en especial a los ancianos y enfermos, resulta evidente en estos procesos, mientras se aplica un garantismo sin límite para los delincuentes comunes.

Muchos fueron sometidos a juicio aún frente a acreditadas incapacidades que les impide defenderse, llevados a debates orales en sillas de ruedas, enfermos, en camillas, con tubos de oxígeno, con claras evidencias de graves deterioros cognitivos, o haciéndolos participar por video conferencia desde hospitales en donde se encuentran internados con gravísimos cuadros de salud que les impide todo ejercicio de la defensa. Se los condena por hechos por los cuales no fueron indagados ni procesados, se incorpora en los juicios las filmaciones de las declaraciones prestadas por testigos en otros juicios imposibilitando el control de la prueba y el derecho de interrogarlos, se invierte la carga probatoria obligándolos a probar su inocencia y se condena por presunciones sin pruebas que acrediten la participación en los hechos. Se condena sólo con sustento en el destino o el cargo que ocupaban y sin consideración alguna al grado o jerarquía que poseían a la época de los hechos. Se integran los tribunales con magistrados que tienen acreditados compromisos ideológicos e incluso familiares o de amistad con las querellas, afectándose el principio de imparcialidad del juzgador. Se les imponen penas tan elevadas que implican, conforme a las expectativas de vida, privarlos de su libertad hasta su fallecimiento. Se fraccionan las causas sometiendo a los imputados a sucesivas indagatorias, procesamientos, juicios y condenas, manteniéndolos en un estado permanente de sujeción a proceso, e incluso se les impide acceder a la libertad condicional pese a cumplir con los requisitos legales exigiéndoles que se “arrepientan”, obligando al culpable a autoincriminarse y al inocente a declararse culpable.

Pese a las públicas y notorias graves deficiencias del sistema carcelario en lo que atañe a la atención de la salud de los detenidos, se les deniega la prisión domiciliaria a ancianos y a enfermos. A estas personas carentes de antecedentes, de irreprochable conducta procesal, aduciendo inexistentes riesgos procesales se les deniega la excarcelación convirtiendo a la prisión preventiva en una pena anticipada prorrogándola hasta alcanzar los 10 o más años cuando la ley establece un máximo de 3 años. Fue el máximo tribunal de la Nación, la Corte Suprema, quien dijo que ellos no pueden siquiera invocar garantías constitucionales. El primer paso al restablecimiento del orden y la paz social exige reconocer la existencia de semejante abuso inflingido por las autoridades a los más de 2700 conciudadanos a quienes nadie quiere escuchar y la dirigencia política ignora porque hablar de ellos no da rédito. En la guerra hubo excesos, a veces inadmisibles, por parte de las fuerzas del Estado. Esa injusticia, por grave que sea, no se repara con la mayúscula injusticia que hemos descripto.

En estos años de pronunciada decadencia la excepción se convirtió en regla, la autoridad dio paso al autoritarismo, la justicia a la arbitrariedad y al abuso del poder, y el objetivo de la paz y la unión de los argentinos sería cambiado por el enfrentamiento, el desorden y la violencia como política permanente del gobierno para ensanchar la grieta que nos divide.

Alberto Solanet
Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

La Nacion del 25 de Agosto 2023.

Italia debe rechazar la demanda de extradición del Padre Franco Reverberi Boschi.

 

Dos veces la Justicia italiana rechazó con argumentos jurídicos contundentes y graves el pedido de extradición del Padre Reverberi solicitado por el gobierno argentino. Los militantes K, y los que revindican la violencia armada de los grupos terroristas de los años 70, miembros del poder judicial y del gobierno argentino hacen caso omiso a esas decisiones y vuelven a la carga inventando jurisprudencias, delitos, victimas, testimonios, sin tener en cuenta las garantías fundamentales del derecho penal en toda acusación. Realizan presiones mediáticas, políticas, violando los principios de inocencia y de dignidad, pilares fundamentales de las obligaciones internacionales que Argentina suscribió. Se llamen Pacto internacional de derechos civiles e políticos, Carta de la ONU, Convención de Viena, CIDH...Nada los detiene para satisfacer la sede de odio y rencor.

Es una verdadera y publica persecución política por parte de la Argentina, cuya victima es el Padre Reverberi, nacido en Italia. El gobierno italiano no puede entregar sus ciudadanos a una Justicia que viola los derechos humanos para que mueran en una prisión por voluntad de un gobierno. El Padre Reverberi no puede ser el objeto de un arreglo político entre los dos gobiernos.

El gobierno italiano no puede aceptar las mentiras de la Justicia y del gobierno argentino para satisfacer un odio visceral contra toda persona que no piensa y actuá como ellos y que sobre todo no integró grupos terroristas en los 70.

El gobierno italiano aceptó con respecto la decisión de la Justicia francesa de no extraditar numerosos ex-terroristas que reconstruyeron sus vidas en Francia, no mintió ni hizo presión irracional con ONG o militantes de derechos humanos para obtener la extradición de esos conciudadanos.

¿ Acaso Italia utilizaría el modelo de la Justicia argentina en los juicios penales, es decir, aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, analogía penal, la imprescriptibilidad ?

¿Pondría en practica una política penal de excepción con acusados por crímenes de lesa humanidad para no reconocer sus derechos fundamentales, privándolos de garantías procesales como mantenerlos arbitrariamente en prisión preventiva ilimitadas, con mas de 70 anos, con patologías diversas, negandoles la prisión domiciliara, la excarcelacion ? Y que una vez la pena cumplida, y antes de obtener la libertad, deben pasar ante una comisión de “expertos” para pedir pardon, reconocer sus faltas, quien puede anular la salida de prison ?

¿El gobierno y la Justicia italiana abandonarían los principios y garantías de la CEDH a pedido de Argentina ?

El gobierno italiano debe rechazar esta tercera demanda realizada bajo el pretexto del aporte de “nuevas pruebas”, que no tiene nada que ver con el Estado de derecho, la Justicia, y mucho menos los derechos humanos. 

 

Casppa France,

06/08/2023.

¿Porqué la política “memoria, verdad, justicia” no solamente es una mentira sino también un fracaso?

 

Lejos de estar apaciguada, la Argentina Kirchnerista esta de nuevo al borde del colapso social, económico y político.

En Argentina desde la llegada al poder de los Kirchner hace 20 años, hubo una utilización política del pasado reciente no solamente para confortar su poder sino para tapar a los verdaderos problemas del país¹, que los políticos pertenecientes al partido oficialista han sido incapaces arreglarlos.

Después de un proceso de justicia transicional llevado a cabo desde 1983 a pesar de las dificultades, las heridas del pasado se habían apaciguado poco a poco, la sociedad aspirando a seguir adelante. Pero era sin contar con estos políticos corruptos e dispuestos a todo para imponer un poder absoluto. Toda esta historia esta bien detallada en el libro “el Pacto²”: llegó al poder con una minoría de votos y sin mayoría en el congreso, Nestor Kirchner se alió con los “muchachos” de ayer y la parte la mas radicalizada del arco político, a cambio de ofrecerles la venganza que reclamaban con sus enemigos de ayer.

Por primera vez en la historia argentina, la justicia fue utilizada como arma, quitándole todo lo que normalmente está prohibido en los juicios penales, en un proceso llamado “memoria, verdad, justicia”, llevado a cabo por el poder ejecutivo. Esta “política de Estado” no fue otra cosa que unas medidas de fuerza del poder ejecutivo en el judicial y legislativo. Primero con la amenaza de hacer un juicio político a los jueces de la Corte que no estaban de acuerdo para votar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistiá. Luego con la construcción de una jurisprudencia violando los principios de la no retroactividad penal y de la no aplicación de pena sin existencia de una ley al momento de los hechos, e finalmente con la construcción de un derecho penal “especifico” para los inculpados, negando la igualdad ante la ley. Todo eso en violación de la Constitución nacional, y de las Convenciones internacionales.

Así se ha instalado ilegalmente la figura judicial del delito de lesa humanidad, para justificar la imprescriptibilidad, y la del genocidio para terminar una vez por toda de la teoría de “los dos demonios³”. Utilizaron por eso el argumento curioso que “la tipificación del genocidio es parte del movimiento popular y de las producciones académicas”⁴. Como él Dr Rosler lo ha justamente señalado, esto argumento fue utilizado “Como el artículo 2 del Código Penal Alemán de 1935 que permitía castigar todo hecho considerado como punible “según el sano sentimiento del pueblo””, es decir la inspiración y naturaleza real de esa “política de Estado” que no esta otra cosa que una tiranía dizfrazada.

Desde mas de 20 años, no pasa un día sin que hay un “juicio de lesa humanidad”, en realidad un espectáculo, con una puesta en escena digna de los juicios políticos de Moscú, la nueva tecnología ademas. Hicieron hasta una pagina web especializada⁵, con los juicios-cirkos por zoom en directo, un contador de “genocidios” condenados, y la lista completa de ellos. No importa si la mayoría dentro ellos están muertos sin condena, y así deben ser considerados inocentes, o que los otros están a la espera del resultado de un recurso. El ritual de los “testigos-victimas”, de las organizaciones llamadas de defensa de los derechos humanos, de las querellas, siempre esta lo mismo, y siempre da el mismo resultado, con un guion ya escrito y una sentencia ya decidida. Así el resultado de cada juicio no tiene suspense, y a la excepción notable de algunos amigos del poder Kirchneristo, la condena esta garantizada a pesar de la ausencia de pruebas en una gran parte de esos juicios, donde una acusación equivale una condena.

Estos juicios ya no interesan a nadie, salvo a los acusados y sus familias. Pero sus consecuencias están a la vista de todos : unas heridas del pasado reabiertas, el odio generalizado, el control de una gran parte de la justicia por el poder ejecutivo, un enriquecimiento de algunos organismos e personalidades, una memoria oficial impuesta que ignora la historia, unas victimas del terrorismo ignoradas, la desconfianza en la justicia, la inseguridad jurídica…

Pero esa política de Estado no se detiene allí. Ella va mucho mas allá de la persecución judicial ilegal, sino de la persecución por el Estado y las organizaciones auto-denominadas de defensa de los derechos humanos. Es decir que cada vez que hay una decisión judicial que no les gusta, hacen presión y amenazas para revestirla, con toda la fuerza publica. Los “escraches”⁶ son parte del folklore utilizado, bajo la excusa de que “si no hay justicia, hay escrache”, e sin que las fuerzas policiales jamas intervengan. 

 

Pero mas allá de la acción judicial, es en el terreno social, cultural y de la educación que esta política fue la mas activa, instrumentalizando el dolor hasta el infinito. Y en eso ámbito, hay que reconocer que fueron muy activos y han tenido un gran éxito, con una propaganda de una memoria revisionista desde la escuela primaria, que, según la ensayista Beatriz Sarlo propone “una versión simple del pasado, con buenos y malos”. En realidad esta corriente ideológica hace “un uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, y tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70”⁷.

Es así que, por la desgracia del país, lamentamos que el filosofo Tzvetan Todorof, quien había publicado sus impresiones de los lugares de memoria en Argentina en 2010, no fue escuchado. En este momento, el había detectado ya que algo andaba mal en esta política denominada “memoria, verdad y justicia”: “En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. (…) no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro.”⁸

Los Kirchner han elegido encerar a los argentinos en una “ilusión maniquea” de una memoria revisionista que divide la sociedad en buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Es así que, por pura ambición del poder absoluto, estos políticos decidieron hace 20 años implementar una “política de Estado” mortífera, que no se puede discutir, como si era un dogma religioso. El resultado esta a la vista de todos : una nueva generación radicalizada de militantes repite esas mentiras como un “mantra”. Esto grupo se ha beneficiado tanto con esta política que viene de lanzar como nuevo lema de campana : la “generación diezmada⁹”. Un “legado” de esa politica, destinado a mantener los Kirchner y sus aliados al poder a pesar de sus resultados catastróficos, para garantizar su impunidad.

Es la hora de dejar atrás esto maniqueísmo revisionista para vivir con una historia común, aunque a veces dolorosa, y así poder así seguir adelante. Como ya algunos lo han entendido, la batalla es cultural, y el tema de esta “política de Estado” ineludible en esta campana electoral para los candidatos que dicen que quieren terminar con una época que ha hecho tanto daño.

1) Fueron las primeras elecciones presidenciales que se realizaban después de la crisis económica, social y política de 2001 que había hecho colapsar las representaciones políticas bajo la consigna «que se vayan todos».

2) El Pacto, escrito en 2020 por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, detalle “la historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a someter la Justicia a un proyecto político que consagre la impunidad y sirva de herramienta de persecución a opositores”.

3) Teoría mencionada en el prologo original del informe de la CONADEP, que ha sido modificado en la versión de 2006.

4) Segun Malena Silveyra y Valeria Thus, abogadas de la Universidad de Buenos Aires, en un articulo publicado en el diario “Pagina 12” : “Soy todo lo que recuerdo”.

5) http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/

6) Según la RAE, escrachar es una palabra de uso en Argentina y Uruguay que quiere decir: 1) Romper, destruir, aplastar. 2) Fotografiar a una persona ; se ha convertido en el lema del colectivo H.I.J.O.S. para revindicar sus acciones violentas destinadas ha hacer presión contra todos los que el designa como “culpable”.

7) Leer el articulo publicado en este sitio web en 2019 sobre el revisionismo histórico https://www.casppafrance.org/2019/09/rechazar-el-revisionismo-historico-en.html

8) Poco después de su visita, el filosofo volcó sus impresiones en una nota en el diario español El País, con el título "Un viaje a Argentina", en la cual se expresó muy críticamente sobre la política de memoria, justicia y verdad.

9) https://www.pagina12.com.ar/552524-generacion-diezmada

 Casppa France,

02/08/2023.