jeudi 14 mai 2020

Por una unidad gerontológica-carcelaria


Afirmando, las violaciones a los principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas acusadas ilegalmente de delitos de lesa humanidad con 560 muertos a la fecha en realidad asesinatos programados sistemáticamente.

Constatando, que ni el gobierno ni la justicia argentina aseguran al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, personas de riesgo de mas de 65 años, grupos vulnerables, acusados y detenidos ilegales por lesa humanidad. 

Recordando, que las primeras víctimas por el coronavirus se encuentran en los geriátricos y en las prisiones entre las personas mayores adultas. Así le afirma la revista científica “The Lancet” (creada en 1823), segunda revista más importante sobre 160 revistas científicas.

Observando, que el gobierno argentino y la justicia hacen caso omiso a las recomendaciones, resoluciones, obligaciones, determinadas por la OMS, ONU, OEA, CIDH, con las personas de riesgo, grupos vulnerables, personas adultos mayores privadas de libertad, en periodo de amenaza mundial de coronavirus.

 Es por ello que las unidades penitenciarias donde están ilegalmente detenidas los acusados de lesa humanidad deban ser reconocidas como unidades gerontológicas-carcelarias:

  • El gobierno debe no solo asegurar el derecho a la salud sino garantizar las obligaciones positivas, el estado de derecho y la responsabilidad internacional del Estado en la convencionalidad del pacto internacional del derechos civiles y políticos, pacto internacional de derechos económicos culturales y sociales, de un grupo vulnerable, persona de riesgo, que representan una media de 75 años con múltiples patologías (AVC, diabético, POC, cardiológico, pulmones, operación de próstatas, cáncer, etc).
  • Ese reconocimiento obliga la presencia permanente de un grupo de médicos y auxiliares especializados, situación que hoy se carece: no hay gerontólogos, cardiólogos, kinesiólogos, dermatólogos, traumatólogos, neurólogos, psiquiatras de planta permanente, no se realizan exercicios ni educación de inteligencia cognitiva, no existiendo la ergonomía apropiada de las instalaciones (como camas, baños, duches, comedores, escaleras, puertas de accesos...).
  • Lo que está en juego son los derechos fundamentales y sobre todo la inviolabilidad de la dignidad humana. Pese a que los jueces disponen de los útiles normativos con las personas adultas mayores para remplazar la prisión, pero por venganza los jueces federales los dejan en encarceles non adaptadas para ese grupo humano. En esta decisión, gana el sector isis-kirchnerista del gobierno (según el diario La Nación), los talibanes de los Fernández. 
  • Otros países ya avanzaron en programas y cárceles específicas para gerontes : Francia propone el acompañamiento humano, Suiza en Ginebra una cárcel para adultos mayores, España un programa piloto en cárcel de adultos en el Alcázar de San Juan, México un programa especial para adultos mayores, república dominicana una cárcel para mayores de más de 65 años. Junto con los geriátricos, las personas privadas de libertad de mayores de 65 años son las víctimas potenciales y reales del coronavirus. La idea de unidad gerontológica-carcelaria fui solicitada a la Procuraduría penitenciaria de la Nación y la ministra de Justicia de la Nación debe intervenir.
  • El poder executivo es el responsable de poner en práctica una unidad gerontológica -carcelaria en nombre de los derechos humanos, dispositivo necesario para la población carcelaria de los mal llamados acusados de lesa humanidad. Pero la pregunta fundamental es ¿porque esas personas son discriminadas violándose sus derechos fundamentales ¿
  • Es a ese grupo vulnerable, persona de riesgo, que, en una carta abierta[i] de juristas, personalidades, altos responsables de derechos humanos en Europa, solicitan una amnistía inmediata de las personas las más vulnerables y el recurso a las medidas alternativas de prisión como solución responsable y solidaria.

Ya que el gobierno y la justicia mantienen por venganza a numerosas personas privadas ilegalmente de libertad, superficialmente en nombre de los derechos humanos, ¿porque no se garantiza el derecho a la salud y la dignidad humana de esas personas? Si la justicia esta tan segura de sus decisiones debe autorizar una comisión ad hoc internacional, el comité de los derechos humanos de la ONU, el CICR, el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, subcomité contra la tortura de la ONU a visitar las unidades donde se encuentran detenidos esos gerontes. 

Ese comportamiento de continuar por parte de la Justicia es un asesinato planificado sistemáticamente. 


Prof. Mario Sandoval, presidente Casppa France 14/05/2020.

lundi 11 mai 2020

CasppaFrance: Brasil niega extradición al Argentina

CasppaFrance: Brasil niega extradición al Argentina: Brasil dice no al Argentina, rechazo el pedido de extradición del señor Roberto Gonzales quien era acusado ilegalmente de lesa humanidad,...

Brasil niega extradición al Argentina


Brasil dice no al Argentina, rechazo el pedido de extradición del señor Roberto Gonzales quien era acusado ilegalmente de lesa humanidad, y estaba solicitado en una extradición por el juzgado federal 12, por entonces a cargo del corrupto juez Sergio Torres, hoy refugiado en la suprema corte de la provincia de Buenos Aires.

El supremo brasileño a la unanimidad niego la extradición con fundamento jurídicos objetivos independientes e imparciales pese a la presión del gobierno argentino y de las ONG mandatadas con esos fines.

Mientras que la Cámara de casación y su banda en Argentina dicen reiniciar virtualmente los ilegales juicios de lesa humanidad, es una sorpresa porque son solo esos juicios, Brasil responde de manera contundente a la justicia, a la cancillería y al gobierno argentino. Para los jueces del Supremo brasileño las acusaciones del Argentina están prescriptas y amnistiadas por la ley brasileña. Los jueces dicen que:“ por unanimidad se sostuvo la inviabilidad de la entrega  del extraditado al Gobierno solicitante, una vez que no se mostraron punibles, en Brasil, los hechos ocurridos durante el periodo de dictadura militar, considerada la amnistía bilateral, amplia y general, versada en la Ley n° 6.683/1979 y la extinción de la punabilidad por la prescripción del reclamo punitivo estatal, con fundamento en el articulo 109 , inciso I, del Codigo Penal.” http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4442381

De continuar solicitando la extradición ante la justicia de Brasil, el gobierno argentino podrá en juego su responsabilidad internacional del Estado y de abuso de poder, que podrán ser llevadas ante las jurisdicciones internacionales.


Casppa France, 11/05/2020

lundi 13 avril 2020

¿Presos políticos, presos especiales, o presos comunes?


Excarcelación es una variable esencial para comprender la movilización de las personas ilegalmente acusadas de lesa humanidad, y sus familias en Argentina. Los establecimientos penitenciarios son un medio de presión y represión de la parte de las autoridades políticas, institucionales, jurídica, que influyen en la diversa forma reivindicación es posible. 

La privación de la libertad como regla procesal es utilizada solo para los que no integraron grupos terroristas en los años 70 transformándola así en una medida injusta e ilegal. Esas personas, generalmente sufren encierro sin proceso por tiempo indeterminado según voluntad del juez federal o interés político. El procedimiento de excepción, como costumbre de injusticia se aplica únicamente para toda persona sospechosa haber sido agente del estado o ciudadano no terrorista de los años 70.

La cámara federal de casación penal y la Corte suprema de justicia de la Nación son los autores y garantes de las numerosas violaciones a los derechos humanos, constitucionales y convencionales, a los hombres y mujeres que constituyen el grupo político jurídico social, llamado presos no comunes, que no son ni de guerra, o de un conflicto interne reconocido por las jurisdicciones respectivas. En realidad, son presos de excepción, presos especiales (ver el articulo de este blog de diciembre 2018, "Por la reivindicación del estatus de los prisioneros políticos en Argentina").https://www.casppafrance.org/p/blog-page_28.html?spref=bl

Si bien numerosos de esos detenidos ilegales se consideran prisionero de guerra, presos políticos o personas privadas ilegalmente de su libertad, por razones diversas un sector de entre ellos optaron por la estrategia de non ponerse, non visibilizarse para la defensa de su derecho, violados en salvaguarda de las represalias políticas institucionales y judiciales que puedan recaer sobre ellos y su familia. Otros consideraron que asumir una conducta pasiva o actuar anónimamente es el método más adecuado para que la sociedad, los medios y la justicia los olviden y así obtener la libertad o que la verdad triunfará. Pero, se debe observar que la realidad es otra. La política, la propaganda del gobierno como de la justicia federal, buscan precisamente olvidarlas, ignorarlas, negarlas como que son un problema (politico-juridico), pero sin frenar las acusaciones ilegales con ellos y la violación de sus derechos humanos.

Los encarcelamientos abusivos, masivos, de los ilegales acusados de lesa humanidad, con la permanente persecución política-jurídica, una política de criminalización por haber sido agente del Estado en los años 70, las medidas de excepción aplicada por la justicia federal con esos imputado y el descrédito intensivo con las instituciones de los años 70 debieron alertar, e identificar las armas de la nueva guerra, marcar los límites de sus acciones ilegales a los agentes de persecución para inmovilizar recursos y capacidades con el objetivó de entrar en la arena de una lucha política directa, publica, abierta, contra los enemigos del Estado de derecho, la sociedad, la Constitución nacional e Convenciones internacionales.

Sensibilizar la opinión pública (la opinión es como la Reina del mundo – Pascal, Pensamientos,311 – 665), debatir política ideológicamente sobre la guerra jurídica, mostrar, ser visible, denunciar la justicia federal, son algunas pistas explotadas parcialmente. Alguno método fue de utilizar un otro senario por lo miembro del IRA, en su estrategia de confrontación con el Reunido Unido de 1961 a 1981 quien revindicaba el estatus político de presos especiales. También este principio se encuentra en la recomendación de la estrategia de ruptura de todos los juicios políticos como el caso de análisis.

En Argentina, la justicia del foro federal y la Corte suprema de justicia junto con el poder político y el silencio cómplice de las mal llamadas ONG de derechos humanos, son los responsables directos de las condenas a muerte de los presos alojados en unidad gerontológicas carcelaria. Son asesinatos como en tiempo de guerra, cuando estamos en periodo de paz. Sabiduría y racionalidad jurídica es ausentes.

A la fecha ubo una masacre con más de 500 homicidios, programados sistemáticamente por el poder judicial e el poder executivo, con el aval del poder legislativo. Esas víctimas eran presos acusados ilegalmente de lesa humanidad, entre ellos magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, ex agentes del Estado, que no integraban los grupos terroristas de los años 70 que atacaron el gobierno, sus instituciones, buscando sumir el poder por las armas.

La reivindicación por el reconocimiento de un estado político de prisionero común se puede manifestar por diversos métodos, acción de capacidades y conocimiento lo que se integran perfectamente a la guerra política-jurídica por otros medios. Su importancia se puede medir por el hecho que el poder executivo la rechaza (su existencia y denuncias) con toda energía. Lo que el gobierno debe temer es que la prensa internacional se focaliza sobre el Argentina denunciando la política aplicada con los presos non común, población vulnerable, personas a riesgo, adultos mayores encarcelados, porque esta situación pueda acelerar decisiones que el poder ejecutivo e el poder judicial buscan restringir.  No siempre se puede afirmar ni confundir las certezas del pasado con los que sabemos en el presente.

La aventaje del estatus de detenido – preso- prisionero político es la posibilidad de la organización interna en el medio carcelario disponer de canales para las demandas, ser visible ante la sociedad, la comunidad internacional, los medio, mantener diálogos con el poder político, estructurar las relaciones exteriores, deconstruir el relato del adversario, salir del aislamiento penitenciario con una militancia activa por el honor y la libertad. Se trata de obtener un reconocimiento diferente a de los presos común, integrar la categoría de detenidos particulares.

Luchar por un estatus político para los ilegales presos de lesa humanidad es probar que el gobierno e la justicia argentina, utilizan una política parcial, inhumana, degradante, discriminatoria, únicamente dirigida contra una categoría socio-profesional representativa de los años 70 que defendieron las instituciones del estado y la sociedad de los ataques terroristas. Estas organizaciones armadas ilegales no defendían los derechos humanos, como la democracia, la justicia o el Estado de derecho.

Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa France, 12 de abril de 2020.