jeudi 13 juin 2024

Sommet du G7 en Italie : le Président français doit demander à son homologue argentin la cessation des violations des droits des prisonniers politiques et le respect des garanties constitutionnelles.




Emmanuel Macron et Javier Milei
Emmanuel Macron                                                                                Javier Milei


Alors que le sommet du G7 en Italie a démarré aujourd’hui pour 3 jours, et qu’une rencontre bilatérale entre les deux Présidents est programmée, Casppa France souhaite rappeler à cette occasion qu’en Argentine, les droits de centaines de prisonniers sont violés, et que des garanties ayant pourtant valeur constitutionnelle ne leur sont pas appliquées.


Alors que la présidence italienne a choisit de mettre l’accent sur la défense du système international fondé sur des règles, et que la France comme l’Argentine se targuent d’avoir adhéré à ce système, ces deux pays préfèrent continuer d’ignorer la situation de ces prisonniers, alors que beaucoup sont morts en détention ou ont été jugé malgré un état de santé incompatible avec un procès, dans l'indifférence de la communauté internationale.


On rappellera que parmi eux se trouve le Président de Casppa France, Mario Sandoval, que la France a décidé d’extrader en 2019 malgré les avertissements de procès inéquitable que sa défense avait fait valoir après de la Justice française.


Le droit d’ingérence est ici lettre morte, alors qu’en tant que signataire et adhérente des mêmes conventions et traités internationaux, la France devrait exiger de l’Argentine qu’elle respecte les droits de ces personnes, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un ressortissant français qu’elle a purement et simplement abandonné à son sort depuis plus de 4 ans.


Alors que l’agenda du G7 portera autour de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, il serait bon que les dirigeants de ces Nations se préoccupent de la situation de leurs propres concitoyens et du respect des règles auxquelles ils ont adhéré, s’ils veulent être des acteurs crédibles sur la scène internationale et convaincre leurs homologues du bien fondé de ce système.


Sur les près de 3000 prisonniers politiques que compte l’Argentine, 870 sont déjà décédés en détention, victimes d’une justice prévaricatrice et corrompue et abandonnés par l’État. Trois articles du journal argentin LA NACION (dont nous avons fait une traduction libre en français) dénoncent cette situation1 et la politisation de la justice de ce pays. Combien d’autres morts faudra t’il pour que les dirigeants du G7 rappellent à l’Argentine qu’elle doit respecter leurs droits ?

 

Casppa France,

13/06/2024.

 Pourquoi sont-ils considérés comme des Prisonniers Politiques?

Quelques réponses ci-dessous

 

Editorial- La Nacion 24/03/2022 (extraits)


Editorial - La Nacion 06/06/2022 (extraits)



 

Editorial - La Nacion 06/08/2021 (extraits) 




Campagne de soutien initiée par l'association "la France rebelle" en lien avec Union de Promociones.

 


 


 

 

La carte postale proposée par FR pour adresser un message d'espoir aux prisonniers.

 

Merci à La France rebelle et au journal la Nacion pour la libre reproduction de leurs publications.

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1 Editorial du 6 août 2021 : L’abus sur les crimes contre l’humanité  https://www.casppafrance.org/2021/08/labus-sur-les-crimes-contre-lhumanite.html

Editorial du 24 mars 2022 : La persistance du droit pénal de l’ennemi https://www.casppafrance.org/2022/06/justice-et-egalite-des-droits-editorial.html

Editorial du 6 juin 2022 : Justice et égalité des droits https://www.casppafrance.org/2022/03/la-persistance-du-droit-penal-de.html


A propos des prisonniers politiques en Argentine (en espagnol)

https://drive.google.com/file/d/188H8uowd-HhlsMgo8nKrgRshjczgRg0s/view


mardi 11 juin 2024

Los que creen tener el monopolio de la verdad, la justicia y el bien.


 

Por Mario Sandoval1


La sistemática y organizada acción de persecución contra mi persona por parte de Pagina 12 y sus adherentes ideológicos europeos y argentinos, quienes repitiendo mentiras en toda impunidad creen transformarlas en verdad, no evalúa en absoluto la capacidad del público en descubrir la verdad de sus mentiras. Están tan convencidos de tener el monopolio de la verdad, la justicia y el bien, queriendo que el mundo sea como ellos lo perciben, que no vean que la gente ya se cansó de sus campanas de mentiras y odio.

Ahora, en el artículo «El represor Mario Sandoval pasa facturas desde la cárcel, del 08junio2024, publicado por Pagina122, se constata con más precisión y detalles los personajes que están detrás de esta maniobra utilizando desde sus comienzos los métodos de la propaganda, la desinformación y la manipulación de la información, hasta recurren al revisionismo político para interpretar y deformar voluntariamente la realidad de hechos pasados ciertos, y como actuaron en consonancia entre Paris y Buenos Aires.

Estos falsos defensores de DDHH se apropian de un contexto histórico complejo, se apropian de palabras que son objeto de reprobación universal, asignándoles una nueva orientación en el mundo sensible para simultáneamente utilizarla como útil de rivalidad ideológica; todo legitimado por ellos mismos.

Las acusaciones que relata Pagina 12 o las expresiones del profesor de historia francés, son las mismas ataques de siempre contra mi persona, que merecen el repudio sobre la forma y su contenido. Pero esta vez, es sorprendente la férrea y rápida defensa que asume Pagina 12 de un profesor de historia francés por una denuncia en difamación realizada en Francia. Todo eso demuestra con fuerza que esta compaña orquestada contra mi persona procedió en realidad de una caza de brujas política.

Sugiero a Pagina 12 y a la persona convocada para clarificar su rol en ese expediente judicial dejar a la justicia francesa decidir sobre esa situación. Hacer presión contra la justicia francesa o intentar reducirme al silencio no contribuyen a garantizar y proteger los principios de un debate pluralista, del Estado de derecho y los derechos humanos que dicen defender. Al contrario, Pagina 12 demuestra una vez más que son sicarios de una ideología política ;hipócritamente dicen ser demócratas, pero utilizan métodos de una dictadura, cuando no se acepta su diktat.

A diferencia de ellos, mi critica a Pagina 12, el profesor de historia francés y otros asociados, no lo es por lo que dicen, como lo dicen, donde lo dicen ; los critico por no decir la verdad, acusarme sin pruebas, violar mis derechos que dicen defender. Hagan honor a su persona, militancia y profesión demuestren que les interesa la verdad. Yo elegí defender los derechos humanos de todas personas sin interesarme de su ideología, el dialogo siempre fue mi hoja de ruta, nunca solicité reconocimiento por ello, tampoco nadie puede negar lo que afirmo. Ustedes por ahora no están en ese camino. Buenos Aires, 11junio2024, Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa-France.

 

1Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.

2- El represor Mario Sandoval pasa facturas desde la cárcel | Denunció por "difamación" a un historiador francés | Página|12   ___________________________________________________________________________________________ 

Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos.


samedi 1 juin 2024

La doctrina de la mentira, el odio y de la manipulación ; el "wokismo" argentino.

 


 Por Mario Sandoval1

El denominador en común que se formó en la opinión publica (la reina del mundo2), sobre la Sra. Luciana Bertoia, periodista de Pagina 12, y del Sr. Horacio Pietragalla Corti, ex parlamentario, funcionario nacional y provincial, es que dicen ser militantes de los DDHH pero defienden y promueven la violación de esos mismos derechos en aquellas personas que no piensan como ellos. El segundo aspecto hace al ADN; ellos son mentirosos, desinforman, engañan, llaman al odio, manipulan a la sociedad en el ejercicio de sus roles sociales respectivos. Estos calificativos son precisos, demostrables, objetivos, racionales e imparciales, se pueden verificar y constatar por todos los medios y métodos porque mis argumentos demuestran por parte de ellos, una clara y voluntaria intención de mantener firme una doctrina de la mentira, de la manipulación, del llamado a la violencia y al odio, estos indicadores constituyen una verdad irrefutable.

I°) La Sra. Luciana Bertoia afirmó en su artículo del 28mayo2024 de Pagina 123, por ejemplo:

1- “La última jugada le corresponde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi)4 la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado...”

  • El desinformar o engañar está en el hecho de afirmar que hubo terrorismo de Estado cuando esa tipología de sistema político no existe en el derecho internacional, en las ciencias políticas, en los informes de la CIDH. La justicia española lo confirmó en la negativa de extradición de Isabel Perón, y la ONU se expidió al respecto para confirmar su inexistencia.

2-”Bullrich desconoce la capacidad de la Conadi de investigar y sostiene que solo pueden hacerlo los jueces o los fiscales...Lo que hace la Conadi es descartar casos de apropiación antes de hacer la presentación judicial.”

3-”Si el Gobierno cierra esta vía, no terminará protegiendo a quienes pretende preservar: por el contrario, los uniformados o los civiles del Ministerio de Seguridad acabarán con expedientes abiertos en los tribunales para determinar si se apropiaron de un bebé en los años del terrorismo de Estado.”

  • La periodista de Pagina 12 hace una lectura falaz de la decisión del ministro de seguridad quien está obligada a garantizar y proteger los principios del Estado de Derecho, ya que efectivamente solo los jueces y fiscales pueden realizar las investigaciones judiciales. Negar un requerimiento de la Conadi no significa oponerse a una investigación como argumenta la Sra. Bertoia, sino que esa demande no es jurídicamente valida, y de autorizarla estaría violando los principios de las Obligaciones Positivas del Estado de los funcionarios bajo su responsabilidad. Lo que la Conadi aplica sin reserva es una presunción de culpabilidad de las personas comprendidas en los legajos personales solicitados. Todos son sospechosos hasta que la persona presumible culpable demuestre lo contrario; ese método se utiliza en las dictaduras, pero no en un Estado de Derecho. La Conadi no es una instancia judicial y la manera en que presenta la periodista los objetivos del requerimiento de ese organismo, se asocia más a una amenaza, a una extorsión, un chantaje, que, a valores de justicia, de garantizar los derechos fundamentales de todos por igual.

II°)-La Sra. Bertoia compartiendo los dichos de personas consultadas agrega en su artículo que:

1-La política de derechos humanos es una política de Estado en la Argentina y Patricia Bullrich, como funcionaria del Estado, debería respetarla”, sostiene Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Esa es su función. “El pronunciamiento del Ministerio de Seguridad es vergonzoso, como también lo es el accionar del Ministerio de Defensa en la reivindicación de la dictadura cívico-militar. Desde el primer día, parece que Bullrich la única seguridad que cuida como ministra es la de los genocidas”, señala Montenegro, que es una de las nietas encontradas por Abuelas de Plaza de Mayo”.

2-"Bullrich vuelve con la vieja diatriba de proteger los datos de los apropiadores. Se olvida del deber que tiene el Estado con aquellos que buscan a sus familiares o con quienes buscan conocer su identidad ", aporta Graciela Lois , de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas”.

  • Las señoras Lois y Montenegro afirman inexactitudes, son posturas ideológicas sin fundamento alguno. No hubo genocidio, en consecuencia, no hay genocidas. No hubo apología de rupturas democráticas en la resolución del ministro de seguridad, es decir no existió reivindicación de una dictadura. No puede existir una política de Estado de derechos subjetivos, selectivos y reservada exclusivamente a los ex miembros de grupos terroristas de los 70, sus simpatizantes y defensores de ese accionar violento de la política. Las dos entrevistadas no se pueden proteger detrás de las funciones que ejercen para que impunemente calumnien, injurien o hacer un llamado al odio de sectores de la sociedad.

III°)- En otro registro similar al precedente, el supuesto defensor de derechos humanos únicamente de los integrantes o representantes de las organizaciones terroristas de los 70, el Sr. Horacio Petragalla Corti, acusó a la ministra Patricia Bullrich de “alinearse a las políticas negacionistas del gobierno de Javier Milei por su decisión de cerrar el acceso a la información para la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura5.

1-Para el Sr. Horacio Pietragalla “este es un gobierno negacionista y Patricia Bullrich está mostrándose alineada”, agregando que: “cada vez que hay un retroceso de estos, cuesta mucho después recuperar los tiempos” para hacer justicia. Por eso, añadió, “lo que está buscando” el Gobierno de Milei es la “impunidad biológica de los genocidas se van muriendo” sin pagar por sus crímenes.

  • Una vez mas se debe recordar con énfasis que el Negacionismo no es lo que el Sr. Pietragalla afirma: La palabra y el concepto de negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Núremberg. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. La expresión negacionismo es precisa, definida, en espacio, y tiempo. En varios países europeos es un delito, en Argentina no. Utilizar la expresión negacionismo con fines únicamente ideológicos, políticos, es agraviar el pueblo judío y las otras víctimas del holocausto. Por extensión, se aplica en el genocidio armenio durante la I GM, el genocidio de Ruanda, les masacres practicados por los Khmer Rojos…

  • Al contrario, el negacionista que dice no serlo utiliza la retórica del espantapájaros, es decir quiere imponer una historia oficial que en realidad es una historia falsa.

  • El argumento de negacionismo de los Pietragalla’s es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar la verdadera historia de los 70 en Argentina. Es negar los actos terroristas, los crímenes y delitos de la lucha armada o de los que intentaron tomar por las armas el gobierno, que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se presentan como inocentes que solo querían un mundo mejor.

  • Es decir que con el método de acusar de negacionista al adversario de ayer y de hoy, utiliza un revisionismo6 político de la historia: porque busca imponer una verdad política-ideológica, prohíbe la confrontación democrática, histórica, jurídica de hechos existentes, politiza la historia y la duda razonable, fomenta el odio, la injusticia, la mentira. Crea un enemigo, busca controlar el pasado para controlar el presente y el futuro donde la moral remplace la historia y la justicia. Ese proyecto viola principios constitucionales, convencionales, el principio de libertad de expresión, de opinión, de pensar libremente sus ideas, censura toda actividad de investigación e interpretación histórica.

  • En cuanto a la atrocidad que manifiesta el Sr. Pietragalla de una supuesta “impunidad biológica de los genocidas…”, es no solo violar los principios de la dignidad humana (art. 10 PIDCyP), sino también desconocer la Convención Interamericana de DDHH de los adultos mayores, el articulo 75, inc. 23 de la CN, la presunción de inocencia (art. 14.2 PIDCyP). La vejez y la muerte, no significan protegerse detrás de ellas para evitar una condena penal sobretodo cuando la acusación es arbitraria y política. La afirmación del Sr. Pietragalla se debe asociar con los autores de actos terroristas que dejaron muertos y victimas inocentes, quienes no fueron juzgados y sus crímenes quedaron impunes por la protección de la justicia y de los gobiernos sucesivos que compartían esa forma de violencia política.


IV°)- La Sra. Bertoia y el Sr. Pietragalla, para intentar llegar a sus fines utilizan los principios de la estrategia “Woke”, la de un socialismo globalista, es decir lo políticamente correcto representado por pretendidos militantes convencidos de tener el monopolio de la verdad, la justicia y del bien. El poder de la ideología Woke proviene de una manipulación orwelliana del lenguaje: sus teóricos y militantes se inventan una neolengua de la diversidad que funciona a modo de trampa ideológica. La estrategia de la cultura Woke es transparente, e incluso en algunos casos presume de ella: consiste en apropiarse de una palabra que sea objeto de reprobación universal y asignarle una nueva definición, de la cual afirmarán que cuenta con respaldo científico porque la habrán legitimado los militantes disfrazados de expertos…

 Finalmente,

Lo expresado por la Sra. Luciana Bertoia, el Sr. Horacio Pietragalla Corti, la Sra. Graciela Lois y la Sra. Victoria Montengro, son afirmaciones constitutivas de una doctrina de la mentira, de métodos woke, son ataques ad-hominem y ad-personam. Los calificativos utilizados por ellos en los respectivos artículos publicados por Pagina 12, son acusaciones que solo el odio puede transmitirlos. Se viola el principio de inocencia, se aplica la presunción de culpabilidad, son unas amenazas encubiertas. Una justicia verdadera no debería funcionar con ataques o sospechas proferidas por personas amargadas y odiosas. Seguir a estos acusadores equivaldría a integrar el universo sin fin en el cual : “El que dice una mentira no sabe que tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte mas para sostener la certeza de esta primera” (Alexander Pope1688-1744).


Prof. Mario Sandoval

Presidente Casppa-France.

01/06/2024.


1-Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.

2- Pascal, Pensamientos, 311.

3- Página 12, 28 mayos2024: Bullrich busca entorpecer la búsqueda de los niños robados durante la dictadura

4 - Es inaceptable protejerse detras de una norma interna porque un ley puede ser legal pero arbitararia cuando es contraria a los principios del PIDCyP, como en estos casos.

5-Pagina 12, 28mayo2024 : Pietragalla acusó a Bullrich de alinearse con las políticas negacionistas de Milei,

6_El revisionismo es una corriente ideológica que haciendo uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70. El argumento de los revisionistas guardianes de un relato es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, no reconociendo la responsabilidad de hechos ni su existencia. Los medios de acción utilizados son, la propaganda, la manipulación, la desinformación, reemplazando a la Verdad, la Realidad con argumentos inexistentes o superficiales.

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Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos.

lundi 20 mai 2024

El terrorismo judicial del Sr. Alejandro Slokar de la Cámara de Casación Penal.

 


 

Por Mario Sandoval1


En dos fallos recientes el Sr. Alejandro Slokar miembro de la Cámara de Casación Penal, impunemente viola una vez más los derechos humanos de los que él llama «criminales de lesa humanidad.», sentenciando a esas personas como subhumanos sin derechos. La responsabilidad internacional de la Argentina es irrefutable.

En la causa Juan Carlos Alzugaray, el Sr. Slokar dijo : « Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente2 y en la causa Juan Carlos Fotea y Juan Antonio Azic: « En su voto, Slokar volvió a recordar que no proceden los indultos ni las morigeraciones para criminales de lesa humanidad »3.

El Sr. Alejandro Slokar viola abiertamente los principios y garantías constitucionales y convencionales previstos entre ellos: en el Estatuto Universal del Juez del 17noviembre1999, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, 22junio2006, modificado el 02abril2014, los artículos 9, 10, 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), sus Observaciones Generales (32, 35) y las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU (artículo 1 del Protocolo Facultativo del PIDCyP)...

Recordando las obligaciones internacionales del Estado que la justicia argentina debe garantizar a todas las personas y que el Sr. Slokar decide no reconocer:

  1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), dispone:

  • Artículo 9: 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 9.2… 9.3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 9.4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

  • Artículo 10. 1. «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano»

  • Artículo 14. 1. «Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...»

  1. La Observación General n°35 del artículo 9 del PIDCyP, determina:

  • Párrafo 45. El párrafo 4 establece el derecho de la persona a recurrir ante un "tribunal", que normalmente debe ser un tribunal de justicia…

  • Párrafo 46. El párrafo 4 deja en manos de las personas recluidas, o de quienes actúen en su nombre, la opción de interponer un recurso; a diferencia del párrafo 3, no requiere que las autoridades que hayan privado de libertad a una persona pongan en marcha de manera automática la revisión del asunto. Las leyes que excluyen a una categoría particular de personas recluidas de la revisión prevista en el párrafo 4 infringen el Pacto. Las prácticas que impiden a una persona la disponibilidad efectiva de esa revisión, como la reclusión en régimen de incomunicación, también constituyen una vulneración. Para facilitar la revisión efectiva, debe proporcionarse a las personas recluidas acceso rápido y sistemático a un abogado. Debe informarse a las personas recluidas, en un idioma que comprendan, de su derecho a interponer un recurso sobre la legalidad de la reclusión.

  • Párrafo 47. Las personas privadas de libertad no solo tienen derecho a recurrir, sino también a que el recurso se resuelva, y que ello se haga sin demora. La negativa de un tribunal competente a resolver una petición de puesta en libertad de una persona recluida vulnera el párrafo 4. El recurso debe resolverse lo más rápidamente posible. Los retrasos imputables al recurrente no se considerarán demora judicial.

  1. La Observación General n° 32 del artículo 14 del PIDCyP, precisa:

  • Párrafo 19. El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna...

  • Párrafo 21. El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Por ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, debería haber sido recusado.

  • Párrafo 58. Como conjunto de garantías procesales, el artículo 14 del Pacto desempeña con frecuencia un importante papel en la aplicación de las garantías más sustantivas del Pacto que han de tenerse en cuenta en el contexto de la determinación de las acusaciones de carácter penal contra una persona, así como de sus derechos y obligaciones de carácter civil. En términos procesales, reviste interés la relación con el derecho a un recurso efectivo reconocido en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.

Es decir que, al afirmar del Sr. Alejandro Slokar, que: «no proceden los indultos ni las morigeraciones para criminales de lesa humanidad...», se constata una manifiesta violación al PIDCyP, en cuanto a los principios de objetividad, imparcialidad e independencia del tribunal (Casación), conforme al art (14.1), se ataca a la dignidad de la persona -los acusados arbitrariamente de lesa humanidad- (art.10), se viola el principio de inocencia (14.2), es un acto discriminatorio (art.26). Las graves responsabilidades públicas (institucionales e individuales) de esos actores no pueden quedar impunes.

El Sr. Slokar hace decir no solamente lo que no dicen las convenciones, pactos, garantías y principios constitucionales, sino que públicamente se opone a todo recurso formulado por una persona acusada de lesa humanidad. ¿Para que entonces efectuar requerimientos o recursos solicitando morigeraciones si la Cámara de Casación fija posición sistemática de oponerse a ese beneficio procesal?, violando así abiertamente las garantías de independencia, imparcialidad y objetividad, el CPPF, el CPPN, las Convenciones y normas internas, bajo el silencio de las autoridades de control de los diversos poderes.

Los argumentos del Sr. Slokar utilizando «la incorporación de los tratados de DDHH al bloque de Constitucionalidad», para justificar su accionar, son inoperantes y arbitrarios porque bajo ninguna circunstancia los mismos autorizan la retroactividad de la ley penal, como tampoco prohíben las morigeraciones en los procesos penales.

  • «El concepto de "arbitrariedad" no debe equipararse con el de "contrario a la ley", sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad...» (párrafo 12 Observación General 35 del artículo 9 del PIDCyP). Integra este universo la ley 27156 al interpretar principios que ninguna convención del bloque de constitucionalidad lo prohíbe.

Aplicar los principios previstos en los artículos 9, 10, 14, 26 del PIDCyP, las convenciones del bloque de constitucionalidad, la legislación nacional y normas internas, los códigos deontológicos de jueces, no es «ingresar en un pasaje de impunidad» sino garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, respetar el orden público y el orden jurídico internacional, como también los principios del Estado de derecho.

Este Sr. Slokar simboliza con sus declaraciones y resoluciones la politización de la justicia federal, viola los derechos humanos que debería proteger, hace un llamado al odio nacional contrario al artículo 13. 5 del Pacto de San José. El Señor Slokar y otros miembros de la justicia federal deben ser denunciados, procesados, juzgados y condenados por violar impunemente los derechos humanos de más de 3000 personas, donde ya murieron 1000 de entre ellas. Deben ser señalados ante la sociedad como violadores de los derechos humanos e investigados sus patrimonios. Yo elegí defender los derechos humanos todas las personas por igual, el Sr. Slokar demostró que no. El Consejo de la Magistratura, el Ministro de Justicia y el Presidente de la Nación deben intervenir para terminar con estos terroristas judiciales. Presidente Casppa-france. Prof. Mario Sandoval, 20mayo2024. 

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1 Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.

3 https://www.pagina12.com.ar/737382-un-represor-de-la-esma-que-se-queda-adentro-y-otro-que-puede

 

Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos.

 

El Poder Ejecutivo argentino continúa violando los principios del Estado de Derecho, al caucionar las afirmaciones inoperantes y arbitrarias del jurista Sergio Torres.

                                                                     


                                                                      Por Mario Sandoval1

 


En el reciente el acto por el noveno aniversario de la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA, que contó con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños y del Ministro de Educación de la Nación Carlos Torrendell; uno de los presentes, el jurista Sergio Torres, expresó que "se han repetido violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia y los Estados no han establecido un único mecanismo para enfrentarlos. Argentina eligió la Justicia”, agregando que: “El proceso que recomenzó en el 2003 tiene características que lo hacen único en el mundo2.

   

Al no comunicar ninguna crítica o comentarios, a esas afirmaciones falaces, el gobierno del Presidente Milei cauciona los dichos del actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando públicamente reconoce que se violaron los derechos humanos de terceros.

 

Sabemos que el Sr. Torres fue nombrado en la Corte bonaerense como recompensa a su rol fundamental en la justicia federal, donde cumplió la misión asignada en cuanto a la violación de los derechos humanos de los arbitrariamente acusados de delitos de lesa humanidad. Pero, los más sorprendente y preocupante para este oportunista de los derechos subjetivos es que en ese mismo acto no se interrogó ni mostró interés sobre los otros mecanismos para enfrentar las violaciones a los derechos humanos que pusieron en práctica otros Estado donde se cometieron esos hechos. Ningún Estado respetuoso de los principios del Estado de Derecho bajo la órbita de la ONU, los miembros del Consejo de Europa, ni de la Comisión de Venecia (salvo la Argentina que es observador), utilizaron el modelo argentino (único en el mundo) para juzgar las violaciones a los DDHH, por que el proceso judicial que practica la Argentina viola los principios fundamentales del Estado de Derecho, el orden jurídico internacional, atenta gravemente contra las garantías convencionales del bloque de constitucionalidad y la legislación nacional.

 

Este Señor y otros miembros de la justicia federal deben ser denunciados, procesados, juzgados y condenados por violar impunemente, voluntariamente, por ideología, los derechos humanos de más de 3000 personas, donde ya murieron 1000 de entre ellas. Deben ser señalados ante la sociedad como violadores de los derechos humanos protegidos detrás de la imagen y función de magistrado. Yo elegí defender los derechos humanos todas las personas por igual, el Sr. Torres demostró que no. El gobierno del Sr. Milei no puede caucionar las palabras de un terrorista judicial, violador de los derechos humanos.

Presidente Casppa-france. Prof. Mario Sandoval, 20mayo2024.

 

1 Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.

2 https://www.pagina12.com.ar/736775-la-memoria-es-una-politica-de-estado-que-supimos-construir-p

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Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos.


mardi 7 mai 2024

La criminalidad organizada trasnacional en el fraude con los derechos humanos y sus consecuencias en los juicios de lesa humanidad.

 

 

 
 
 

Por Mario Sandoval1


La cultura de la corrupción en Argentina hace parte de su historia política-social, constituye el ADN en la sociedad y de las instituciones públicas, ella está generalizada, nadie puede ignorar los “arreglos” en todas las esferas del Estado y particularmente en los estrados judiciales; siempre es bueno tener un juez amigo. Desde hace décadas, jamás un alto funcionario o miembro del poder judicial, legislativo o ejecutivo hizo públicamente conocer esos delitos, con nombres, apellidos, hechos.


Recientemente ese pacto del silencio se rompió porque el Ministro de Justicia de la Nación denunció la comisión de grave delitos en los casos de las indemnizaciones a supuestas víctimas del gobierno militar 76-83:


  • El 23abril2024, en la entrevista con el diario La Nación, el Ministro de Justicia, precisó entre otros puntos que: “… se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”. Asimismo, el Ministro Cuneo Libarona afirmó que “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”. “No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”,

  • En la TV, TN, el 29abril2024; el ministro de justicia «Cúneo Libarona informó que la auditoría surge de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, en la que se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado. También existen “otras causas penales en trámite” por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria. Incluso familiares de personas que estaban viviendo en el exterior y no desaparecidas»


Los hechos denunciados se conocen como “Fraudes Millonarios con los Derechos Humanos2 y la gravedad de esos ilícitos es qué se utilizó a las ONG con la bandera de los llamados derechos humanos, para que, con la complicidad de abogados, altos funcionarios del Estado, miembros de la justicia (jueces, fiscales, secretarios), militantes de DDHH y reales delincuentes, recurriendo a medios ilícitos, tanto en Argentina como en el exterior puedan obtener ilegalmente indemnizaciones faraónicas, como supuestas víctimas del gobierno militar 76-83. Así estafar al Estado argentino y hacer condenar a numerosos inocentes.

Es decir que, se creó una organización criminal internacional para cometer delitos en más de un país, actuando a nivel transnacional con roles y objetivos precisos. Los miembros de esa empresa del delito diseñaron y ejecutaron un plan macabro, formando personas, para inventar hechos, falsificar documentos, crear ex-nihilo una historia, construir pruebas falsas, designar un culpable entre los ex agentes del Estado de los 70’ y hacerlo condenar por crímenes aberrantes, con el objetivo de recibir beneficios millonarios por parte del Estado. ¿Entre cuantos se repartían ese botín? Ese accionar no solo es un delito que tiene sus ramificaciones fuera de las fronteras nacionales, sino también una estafa a la Nación y a sus contribuyentes que aportan a los recursos del Estado para pagar esas indemnizaciones. «La Justicia investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita para el armado de documentación falsa para aquellos que simulaban ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura militar» (TN 29abril24).

Las supuestas víctimas y los testigos falsos, fueron preparados en centros especializados, escuelas de testigos, para formar declarantes profesionales, simuladores, mentirosos, adiestrados a decir, a mencionar, a describir historias inexistentes. Los responsables de esos centros y/o escuelas de preparación a los falsos testimonios deben ser investigados, juzgados y condenados.


La justicia honesta con la cooperación internacional debe, inmediatamente, identificar en Argentina y en el extranjero, no solo los que percibieron ilegalmente las indemnizaciones del Estado porque en absoluto fueron víctimas de la violencia por parte del gobierno militar en ese periodo, sino y, sobre todo, porque “sus declaraciones o sus casos”, que sirven de pruebas en los juicios llamados de lesa humanidad, determinaron que numerosas personas fueran imputadas y condenadas a largos años de prisión, cuando en realidad no cometieron delito alguno.


Ese contexto se pudo materializar porque previamente los miembros designados de la organización criminal, tanto en Argentina como en el extranjero (Europa, América Latina), creaban falsos documentos, falsas denuncias, falsas pruebas, falsos testigos, falsas víctimas, con el objetivo de culpar una persona de un hecho inexistente, se lo llevaba a juicio y se lo condenaba por lesa humanidad pese a ser inocente. Ese dispositivo es un proyecto criminal protegido por un círculo perfecto de impunidad, integrado por la justicia en todos sus niveles, abogados querellantes, organizaciones de DDHH, altos funcionarios del Estado, responsables políticos de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, los que actuaban desde el extranjero y el silencio cómplice de los medios de comunicación. Los procesos judiciales en los cuales estos delincuentes obtuvieron resoluciones favorables no pudieron realizarse sin la complicidad de los magistrados, secretarios, fiscales, secretaria de derechos humanos, asociaciones de derechos humanos, militantes de DDHH, consejeros y asesores nacionales o internacionales.


Por cada persona que cobró una indemnización como integrante de una organización criminal, supone una acción transversal y una incidencia directa en los juicios de lesa humanidad con consecuencias inimaginables, inconmensurable sobre las personas condenadas por delitos inexistentes. Ese impacto no es solamente en la libertad personal, sino en la salud, en la sanción social, la repercusión mediática, el impacto negativo a nivel nacional e internacional, todo ello extensiva a su familia, cuando en realidad nunca existió víctima, ni hecho doloso, ni culpable, todo se limita a beneficios materiales estafando al estado.


Los métodos, las formas y los actores que llevaron y llevan a cabo los delitos denunciados por las autoridades nacionales encuadran perfectamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional3, la que precisa, por ejemplo:


  • Art. 2: a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

  • Art. 3.2.: A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

  • Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado. 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

  • a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

  • i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

  • ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

  • b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

  • 2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.


Es decir que, esas características por las formas de cometerse el delito de estafa al Estado argentino con los derechos humanos, están comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, porque fueron cometidos por un grupo delictivo organizado y estructurado (art.2.a, c), son infracciones graves (art.2.b), esos hechos criminales ocurrieron en más de un país (art.3.2.a, b, c, d), hubo participación a un grupo criminal organizado (art.5), se produjo el blanqueo producto del delito (art.6), para ejecutar esos delitos se cometieron actos de corrupción pasiva y activa (art.8) y sobretodo existió una obstrucción al buen funcionamiento de la justicia (art. 23). Ese descriptivo propio de una empresa del crimen organizada va más allá de la simple asociación ilícita (art 210 CP), o el atentar contra el orden económico de la Nación, (303 CP).


De manera urgente el Gobierno del Presidente Milei, en nombre del Estado de Derecho, de los principios de legalidad, del Orden Jurídico nacional e internacional, de los principios convencionales, constitucionales y de los derechos humanos para todos los individuos que residan en el territorio argentino, debe ordenar:


  • Al Procurador General de la Nación u otra instancia que considere pertinente, que todos los juicios en curso de lesa humanidad y las personas privadas de libertad (en prisión o domicilio) acusadas o condenadas por haber cometido esos supuestos delitos, deben ser puestos en inmediata libertad porque los juicios por los cuales se los acusó y condenó son nulos, de nulidad absoluta dado que los jueces y fiscales, no eran ni son objetivos, independientes e imparciales, las víctimas y los testigos eran y son falsos y mentirosos, las pruebas y los delitos imputados eran y son inexistentes, los abogados defensores de esas supuestas víctimas eran y son en realidad cómplices. Todos ellos eran y son integrantes de un grupo criminal organizado.

  • Al Procurador General de la Nación u otra instancia que considere pertinente, procede inmediatamente a investigar y llevar a juicio a los miembros de la estructura criminal organizada (personal del poder judicial, alto funcionarios del Estado, abogados querellantes, militantes de los DDHH, representantes de ONG de DDHH…), autores de los delitos denunciados por el Ministro de Justicia de la Nación.

  • La intervención del Consejo de la Magistratura en cuanto al rol que ocuparon los miembros del Poder Judicial en los casos de la estafa al Estado argentino con los derechos humanos y sus consecuencias en los juicios llamados de lesa humanidad.

  • A la Cancillería Argentina que requiera la cooperación internacional con el objetivo de investigar en los países donde se iniciaron o transitaron los trámites, los actores participantes, la legalidad de las diligencias y pruebas para obtener las indemnizaciones por las supuestas víctimas de DDHH en el gobierno militar 76-83

  • La inmediata suspensión en sus funciones de los miembros del Poder Judicial y de la Administración Publica en general que intervinieron en los casos relacionados con la estafa al Estado con los derechos humanos. Esos funcionarios no pueden continuar en sus funciones en nombre de la lucha contra la corrupción, la transparencia y principios deontológicos.


La sociedad, el contribuyente, el ciudadano honesto, los hombres y mujeres de buena voluntad, necesitan conocer los nombres de los responsables del fraude a la Nación con los Derechos Humanos, que los mismos sean juzgados y condenados. Buenos Aires, 07mayo2024, Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa-France. 

 

1- Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.

 2- https://www.lanacion.com.ar/editoriales/fraudes-millonarios-con-los-derechos-humanos-nid03052024/

3-AG-ONU Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15noviembre2000: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

 

Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos.

Sommet du G7 en Italie : le Président français doit demander à son homologue argentin la cessation des violations des droits des prisonniers politiques et le respect des garanties constitutionnelles.

Emmanuel Macron                                                                                Javier Milei Alors que le sommet du G7 en It...