Comunicado de prensa 202/20
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) repudia grave embate contra su autonomía e
independencia, como órgano principal de la Organización de Estados
Americanos
25 de agosto del 2020
Washington,
D.C. – Ante la decisión del Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en
el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más
enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su
independencia y autonomía.
En
el ejercicio de sus atribuciones, el 27 de julio de 2016, la CIDH
seleccionó a Paulo Abrão, luego de un amplio proceso, para el cargo de
Secretario Ejecutivo y, acorde con los términos del Artículo 11 de su
Reglamento, remitió su nombre al Secretario General, Luis Almagro, quien
confirmó la selección y lo designó para el puesto, habiéndose
posesionado en el cargo el 16 de agosto de ese mismo año.
En
ejercicio de esas mismas atribuciones la Comisión Interamericana,
durante la sesión realizada en México del 8 al 9 de enero de 2020,
decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para
el periodo 2020-2024, el mismo 9 de enero se le comunicó por nota
oficial al Secretario General "conforme el Artículo 11, inciso 3, del
Reglamento de la Comisión" y para los efectos de su contratación
administrativa. Asimismo fue hecho del conocimiento público mediante el comunicado 05/20
de fecha 10 de enero. Entre las razones que motivaron la decisión de la
Comisión Interamericana de renovar el mandato al actual Secretario
Ejecutivo y confirmarle su confianza, fue la necesidad de contar con un
Secretario Ejecutivo que tenga las condiciones y capacidades para
consolidar un proceso de transformación y modernización de las labores
de la Comisión; que pueda liderar el proceso de conclusión de su Plan
Estratégico 2017-2021; así como la construcción de su nuevo plan para el
futuro, acorde con su visión para la protección de los derechos humanos
en la región.
El
día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual, el
Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su
determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento
del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la práctica se traduce
en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido para
dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo. La
Comisión anuncia a la comunidad internacional que esa decisión
unilateral del Secretario General constituye un franco desconocimiento
de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del
Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la decisión de renovación
adoptada 8 meses antes por la CIDH. No deja de llamar la atención de la
CIDH que, durante ese lapso no recibió cuestionamiento alguno por parte
del Secretario General sobre la pertinencia del procedimiento de
renovación.
La
Comisión tomó nota que en su comunicación, recibida el último día del
primer mandato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General citó dos
informes como fundamento de su decisión: uno elaborado por la Secretaría
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, sobre las
competencias del Secretario General sobre el proceso de designación del
Secretario Ejecutivo y el procedimiento para elaborar las propuestas
provenientes de la CIDH; y otro, por la Ombudsperson de la OEA, en el
que se advierte el carácter confidencial de su contenido.
Al
respecto, la CIDH observa con extrema preocupación la interpretación de
las normas realizada en el informe jurídico en que el Secretario
General funda su decisión, según la cual el Reglamento de la CIDH es una
mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH y de la Carta
de la OEA y que, por lo tanto, el Secretario General no está obligado a
cumplirlo. Dicha interpretación desconoce, además, la norma y la
práctica vigente que ha sido consistentemente sostenida desde el año
2000 y que fue aplicada tanto en 2012 como en 2016 para la selección y
designación de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la
última renovación del Relator Especial Edson Lanza en 2017 y de la
Relatora Especial Especial DESCA, Soledad Garcia Muñoz en 2020.
Asimismo, la interpretación de las normas a las que alude el Secretario
General es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), que ha establecido que la CIDH “como órgano del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene
plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
En
efecto, al interpretar que la Comisión Interamericana no es el órgano
autorizado para la selección y renovación del Secretario Ejecutivo, el
informe jurídico desconoce no sólo la Carta de la OEA que creó la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un Órgano Principal de
la Organización a la par que la Secretaría General, autónoma e
independiente; sino que el propio Estatuto de la CIDH, aprobado por la
Asamblea General, le encomienda a la Comisión Interamericana que adopte
su propio Reglamento. En virtud de este mandato, la CIDH ha adoptado
diversos Reglamentos, que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto en su artículo 25 transitorio. El informe
también omite indicar que, como una salvaguardia de la autonomía de la
CIDH, el Estatuto consagra que para que el Secretario General pueda
proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá
consultar previamente su decisión con la Comisión e informarle de los
motivos en que se fundamenta.
Dado
que la facultad de nombrar y separar de sus funciones a su personal de
confianza, resulta indispensable para que la Comisión pueda llevar a
cabo su mandato de supervisar y promover los derechos humanos en el
hemisferio, las normas sobre las que se construyó el sistema
interamericano de derechos humanos responden a la necesidad de
resguardar sus competencias y su autonomía institucional, de tal suerte
que actores externos no puedan determinar quienes desempeñan estos
cargos, y mucho menos, el momento de su separación del cargo.
A
lo largo de 61 años de historia de defensa de los derechos humanos, la
autonomía e independencia de la Comisión Interamericana han sido
fortalecidas y defendidas a ultranza como uno de los pilares centrales
de la legitimidad por los Estados miembros, por la sociedad civil y por
las víctimas de violaciones de derechos humanos. De hecho, desde el año
2000, la Comisión había logrado importantes avances en relación con su
mayor autonomía administrativa, en un proceso de diálogo y coordinación
con los sucesivos Secretarios Generales, inclusive del mismo Secretario
Almagro, quien en 2016 confirmó la selección del actual Secretario
Ejecutivo y lo designó para el puesto por un periodo de cuatro años,
dando cumplimiento al Reglamento de la CIDH. Esta no es la primera vez
que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) enfrenta estos
embates. Sin embargo, los grandes avances en materia de estándares
interamericanos no se habrían logrado si la Comisión no hubiese ejercido
plenamente su autonomía e independencia.
La
CIDH, gracias a su reforzada autonomía e independencia, realiza su
trabajo de manera imparcial, libre de cualquier influencia política y es
un ejemplo y una referencia para el mundo. La interpretación jurídica
que la CIDH utilizó para decidir en forma unánime la renovación del
Secretario Ejecutivo se funda en el marco jurídico interamericano
vigente y en precedentes, así como el compromiso de la Secretaría
General “con el logro de una mayor autonomía técnica y administrativa
para la Comisión”, consignado en la Directiva D-1/2000.
Es
de recordar que en el pasado esta discusión ya ha sido planteada, y
resuelta, en diálogo con todos los actores relevantes del hemisferio,
incluyendo el Secretario General, en los términos del Reglamento de la
CIDH. La Comisión Interamericana espera que en esta oportunidad esta
situación tan grave pueda ser superada por la vía del diálogo.
En
cuanto al informe confidencial de la Ombudsperson sobre la situación de
la Secretaria Ejecutiva en 2019, notificado a la Comisión el 10 de
agosto de 2020, la CIDH, como el órgano principal de la OEA encargado de
la promoción y protección de los derechos humanos en el continente
americano, le atribuye la máxima importancia y, al efecto solicita que
el mismo sea tramitado con los más altos estándares del debido proceso,
deber de investigación y debida diligencia.
La
CIDH informa que durante todo el año de 2019 ha dado máxima atención al
tema y ha acompañado cada una de las situaciones y de las medidas que
se han adoptado para atenderlas. Al mismo tiempo, a la Comisión le
produce una profunda extrañeza que a pesar de tratarse de situaciones
referidas a 2019, la Ombudsperson haya esperado hasta 5 días antes del
vencimiento del contrato del Secretario Ejecutivo, para transmitirlo.
Tanto la CIDH como su Secretaria Ejecutiva con la debida diligencia y
seriedad le suministraron a la Ombudsperson amplia información y
recibieron con apertura las sugerencias sobre las situaciones por ella
planteadas, en cuya amplia mayoría fueron implementadas, tal como quedó
registrado en un informe detallado, presentado al Secretario General el
pasado 14 de agosto. Al mismo tiempo, la Comisión reitera su plena
disposición a colaborar con la Secretaría General para atender las
nuevas situaciones que han sido dadas al conocimiento apenas en este
momento y las tramitará para reafirmar la prioridad otorgada a las
necesidades del equipo humano de la Secretaría Ejecutiva; en particular,
el bienestar, la estabilidad y el desarrollo profesional de todo el
personal. La CIDH también destaca su firme posición sobre la necesidad
de que se atiendan todas y cada una de las situaciones planteadas, se
tome en cuenta y se verifiquen todos los aspectos que formen parte de
dicho expediente, con el pleno respeto a la garantías del debido proceso
y el principio de la presunción de inocencia, así como se consideren la
implementación de todas las medidas que en el seno de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana se hayan tomado durante todo el
año 2019 y que oportunamente fueron trasladadas a la Secretaría General
mediante un informe elaborado por el Secretario Ejecutivo. Sin embargo,
la CIDH reitera que el Secretario Ejecutivo es un funcionario de su
confianza.
En
este sentido, es inadmisible que se pretenda utilizar un informe
institucional confidencial de la Ombudsperson o la información de que se
estaría iniciando una investigación administrativa como fundamento de
una decisión sobre la no renovación administrativa del Secretario
Ejecutivo de la CIDH, en clara violación a los estándares reiterados del
SIDH. La CIDH recuerda la jurisprudencia de la Corte IDH, según la cual
las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos son aplicables a todo
proceso, inclusive el administrativo; en particular, el principio de la
presunción de inocencia y de imparcialidad de la autoridad competente, a
efectos de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto que pueda
afectarlos, sea este de naturaleza administrativa o disciplinaria.
En
esta oportunidad la CIDH destaca, respalda, reconoce y agradece el
trabajo realizado por el Secretario Abrão durante estos últimos 4 años, a
quien le confirma su confianza y reitera su decisión unánime de renovar
su mandato, solicitando al Secretario General dar continuidad al
proceso administrativo de extensión contractual del mandato del
Secretario Ejecutivo. En efecto, gracias a su liderazgo la Comisión ha
logrado fortalecer el acceso a una justicia interamericana más efectiva y
accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos en las
Américas, un monitoreo integrado y oportuno, y el fortalecimiento de las
acciones de cooperación técnica. Los resultados pueden ser acompañados
por informes de progreso en la implementación del Plan Estratégico
2017-2021 y otros balances: ampliación de estructura 2017; balance del
año de 2017; balance del año de 2018; resultados de los mecanismos
especiales de seguimiento en 2018; resultados de las medidas cautelares
en 2018; etapas del programa de superación del atraso procesal 2019;
balance del año de 2019; balance da SACROI COVID-19; e informe de
balance parcial de 2020.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza todo tipo de
interferencia al ejercicio de su mandato y, en particular, a su facultad
de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza. La CIDH
también llama al total cumplimiento del compromiso de Cancún en relación
con la duplicación del presupuesto aprobado por la Asamblea General de
la OEA para no retroceder en las capacidades de protección y defensa de
los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La
Comisión hace su más enérgico llamado para la defensa y respeto de estas
atribuciones que resultan indispensables para que pueda llevar a cabo
su mandato preservado de toda presión o injerencia por medio de las
cuales se pretenda limitar los alcances de tareas de defender,
supervisar y promover los derechos humanos en el hemisferio de manera
independiente y autónoma.
Finalmente,
la CIDH reitera el voto de confianza para la renovación del mandato del
Secretario Ejecutivo, expresando su voluntad de diálogo con el
Secretario General y todas las instancias de la OEA, para alcanzar una
solución respetuosa de la autonomía e independencia de la Comisión.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 202/20
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