Por la reivindicación del estatus de los prisioneros políticos en Argentina


Constatando que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno. Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”.
Observando que el grupo social representativo de estos presos no comunes está constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros, personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el poder político por las armas, defendieron y protegieron las instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.Texto completo.

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