Al gobierno y la justicia argentina, asociaciones y militantes que revindican la lucha armada de los 70.

Al gobierno y la justicia argentina, asociaciones y militantes que revindican la lucha armada de los 70: 

¿Pueden afirmar objetivamente, con argumentos exclusivamente jurídicos que el modelo de “la justicia argentina como ejemplo a nivel mundial en las causas de lesa humanidad”, se utiliza legalmente en los países miembros del Consejo de Europa, la OCDE, la OTAN, la OSCE?, es decir que en sus tribunales respectivos a las personas acusadas de crímenes o delitos que jurídicamente no tenían existencia penal en el momento de los hechos, los jueces les aplican:

- la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, una costumbre internacional prexistente que reemplace la norma escrita, la suspensión de garantías permanente, las prisiones preventivas ilimitadas, ignoran la prescripción, la amnistía, hacen abstracción de la edad, la salud del prisionero, dejan que mueren en las cárceles abandonados, no respetan el debido proceso, el Estado es querellante, violan convenciones internacionales y derechos fundamentales. Se los priva de derechos económicos, sociales, culturales.

¿Ese paradigma argentino de justicia en los casos de lesa humanidad, se utiliza como jurisprudencia o referencia en los juicios ante la CPI, los Tribunales Penales Internacionales, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las recomendaciones de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU...?, ¿Las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina son respetadas objetivamente, rigurosamente, sin interferencias políticas e ideológicas?

¿Como justificar el modelo de la justicia argentina sin violar los principios rectores del Estado de derecho, las Obligaciones Positivas y los Derechos Humanos de los acusados?, ni que esas personas sean víctimas de discriminación, intimidación, persecución política interna, declaradas persona non gratas, condenadas a una muerte civil y social. Paris, 12 octubre 2019. CasppaFrance