Mejorar el sistema penal argentino por una seguridad jurídica permanente

El juez federal Mariano Borinsky al proponer mejorar el sistema penal argentino https://www.ambito.com/propuestas-mejorar-el-sistema-judicial-penal-argentino-n5032924#comments significa que pudo constatar la existencia de disfuncionamientos profundos en la justicia que se deben revisar y corregir en nombre de las obligaciones positivas, el Estado de derecho, las misiones y objetivos de la justicia, las funciones de los magistrados y las consecuencias de sus fallos en la vida de los individuos. 

Mariano Borinsky, recuerda entre otros aspectos, que “El índice de confiabilidad social en los jueces y en la justicia es negativo. Algunas de las críticas más frecuentes tanto respecto de los jueces, como de la forma de resolución de los casos son: lentitud, ineficiencia, impunidad y exceso de privilegios”. Como también que: “Todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, pues fiel al adagio popular, la justicia lenta…no es justicia. Es que cuando la justicia actúa tarde, la pena no cumple su fin: ni modifica los patrones de conductas de quienes delinquen ni da sensación de seguridad al resto de la población. Para que ello suceda es necesario que exista un vínculo temporal entre el delito y la sanción penal, que la sociedad sienta que se está condenando por ese delito. Esa conexión se va desgastando a medida que pasa el tiempo sin condena”.

Esa situación descripta la comparten numerosos ciudadanos y la comunidad internacional, porque a la fecha y desde hace varias décadas numerosos actores públicos y privados (nacionales y extranjeros) la declararon y/o denunciaron sin resultados, pero ahora tiene la validación de un juez de la Nación. En Argentina existe una inseguridad jurídica permanente, con todas las consecuencias negativas que ella genera. Es una realidad que nadie puede negarla.

El Dr. Borinsky, dispone de hechos concretos para demostrar porque son necesarias sus proposiciones: por ejemplo: numerosas personas de diversos sectores socio-profesionales (ex agentes del Estado, magistrados, abogados, médicos, empresarios, sacerdotes, académicos) que, en los años 70, defendieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas, hoy esas personas mayores de 70 años, enfermas, se encuentran en prisión o en detenciones domiciliarias, acusadas ilegalmente de lesa humanidad.

·        El magistrado federal no puede ignorar que, a esas personas, se les viola en toda impunidad los principios de legalidad, garantías constitucionales, convencionales y sus derechos humanos. El fuero federal aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas, no reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso, utiliza la excepción (suspensión de garantías) permanente para legitimar procedimientos ilegales. Son víctimas de un sistema perverso llamado justicia.

·        Pese a la existencia de una ilegalidad precisa, visible, permanente, organizada, sistemática, contra ese grupo social particular, nadie se preocupa de esas víctimas porque los fallos declarados por jueces imparciales tienen consecuencias graves sobre las personas, donde las libertades fundamentales están en juego.

¿Porque en la lista de proposiciones del Dr. Borinsky, no se menciona, por ejemplo?:

·        Un programa de restablecimiento de la seguridad jurídica en Argentina

·        La lucha contra la impunidad y la corrupción en la justicia. Controlar los patrimonios personales de los miembros del Poder Judicial y otras medidas adecuadas.

·        La anulación de privilegios personales (vehículo, seguridad) y de inmunidades ilegales de los magistrados.

·      Controlar las funciones de los magistrados, bajo pena de ser sancionados, y condenados en caso de constituir delitos por el no respeto a los principios constitucionales y convencionales

·        La obligación por parte de los magistrados de respetar los códigos deontológicos nacionales, regionales e internacionales, respectivos. No participar en los medios para hablar de causas bajo su responsabilidad, ni por temas políticos.  

·        Obligar a los magistrados denunciar los fallos que violan principios constitucionales y convencionales teniendo presente que la CSJN no es creadora de delitos ni crimines.

·        Como solucionar la situación ilegal en la que se encuentran más de 3000 personas acusadas de lesa humanidad por la justicia. No se puede proponer una reforma del sistema penal cuando no se respeta el actual.

¿Porque el miedo a hablar de la violencia armada de los 70 y de los ilegales procesos que la justicia aplica a un grupo social particular? Es preferible para un juez federal aceptar que a esas personas se les violen sus derechos humanos, en nombre de lo políticamente correcto. Paris, 22 mayo 2019, CasppaFrance.