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Sebastián Rodrigo Romero |
Es preocupante y sorprendente que el juzgado federal
n°12 que destina considerables recursos y medios en capturar los ilegales
acusados de lesa humanidad, no logra obtener la detención del Sr. Sebastián
Rodrigo Romero (DNI 31.390.547, nacido el 29 enero 1985) autor de graves
delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado, aterrorizando
la sociedad y otros ilícitos. Públicamente con un arma larga, ante las cámaras
de televisión, atacó los agentes del Estado a cargo del orden público.
El
juzgado federal n°12, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y otros organismos del Ministerio
de Seguridad, con el objetivo de proceder a la detención del Sr. Romero, sin
duda (como en los casos de los peligrosos ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanida) realizan escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias domiciliarias
personal (de familias y amigos), investigaron movimientos bancarios, se ordena
la captura nacional e internacional (la notificación roja no figura en el sitio público de la OIPC). Recordando que la responsabilidad
del prófugo no se limita a estar imputado por supuesta intimidación publica,
daño, lesiones y resistencia a la autoridad.
El reciente informe CUFRE https://drive.google.com/file/d/19IPK2 shk9Hmacg9k_XENNCF3201VlOZ/view
presentado por la ministro de
seguridad Patricia Bullrich https://www.perfil.com/noticias/policia/patricia-bullrich-anuncio-que-fueron-recapturados-10-mil-profugos.phtml
demuestra la incapacidad del Estado en
el caso Romero.

Si
el prófugo fuese un ex agente del Estado de los años 70, acusado ilegalmente de
lesa humanidad, sistemáticamente sería objeto de una prensa negativa por parte
de periodistas, asociaciones de derechos humanos, expertos, militantes de la verdad
y la justicia. Los ministerios de seguridad, defensa y justicia aplicarían preventivamente
dispositivos contra su persona, su familia, violando los derechos humanos.
Jamás los abogados defensores tendrían acceso a los medios de comunicación para
expresar su verdad, serian injuriados, calumniados. Pero, en este caso parte de
la sociedad, los periodistas, los políticos, los defensores de Derechos
Humanos, legitiman por acción u omisión el acto ilícito cometido por el Sr
Romero, como una situación normal, hasta de justificación y protección del
prófugo. Cuando en realidad es un individuo que cometió públicamente una
infracción penal contra las instituciones del Estado, el orden público,
utilizando armas, violencia, sin respetar la constitución ni las convenciones
internacionales. Levantarse en armas
contra el estado.
La
conducta criminal del Sr. Romero, militante y ex-candidato a diputado nacional
por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), es contraria
al derecho constitucional a manifestar libre y pacíficamente. No puede
argumentar que se violó su libertad de expresión y aún menos que es un
perseguido político por participar en una manifestación pública o que busca un
mundo mejor. Tampoco el autor de los disparos puede negar que en realidad no es
él que está en las imágenes de las TV y medios del mundo entero, atacando los
agentes del Estado.
Es
extraño que las llamadas asociaciones de defensa de los derechos humanos, radios
y medios de comunicación afines, no denuncian, ni alertan la sociedad y la
comunidad internacional sobre la actitud criminal del Sr. Romero, ni tampoco se
preocupan del orden republicano. Están en juego los derechos humanos de la
sociedad, garantías constitucionales, la seguridad y protección de las
instituciones públicas, de los agentes del Estado. ¿Para esos militantes de los
derechos humanos el ataque armado del Sr. Romero es un buen acto ciudadano? Paris,
04 septiembre 2019. CasppaFrance
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