La
organización sin fines de lucro CRIN (Child Rights International Network) que defiende los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes, publicó en la fecha el informe “La tercera oleada: Justicia para los
sobrevivientes de abuso sexual infantil en la Iglesia católica de América
Latina”[1]
Un capítulo importante de ese documento es la descripción de “Las tácticas para
acallar las denuncias”[2].
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Según el análisis de Crin:
Desde 2015, Argentina ha visto un aumento significativo en el número de
denuncias de presuntos abusos sexuales contra el clero católico. En 2017, AP
informó de que 66 sacerdotes, monjas y otros clérigos habían sido acusados de
abusos sexuales desde 2001 y en junio de 2019 una investigación mediática a
nivel nacional descubrió que en los 20 años anteriores al menos 63 clérigos
habían sido acusados de abusos sexuales.
Es
sorprendente que las autoridades de la iglesia católica buscan diversas
soluciones para neutralizar las denuncias, proteger sus miembros, silenciar las
victimas reales o potenciales y no se preocupan de las violaciones a los derechos
humanos, garantías jurídicas fundamental de las que son víctimas los Prisioneros
Políticos acusados ilegalmente de lesa humanidad, católicos practicantes, a
quienes se los priva de asistencia espiritual y religiosa. Los capellanes institucionales
no los visitan en las cárceles u hospitales, no los acompañan en los últimos momentos
de sus vidas, no asisten a sus familias. Muchos abandonaron la fe católica.
Es
hora de que la Iglesia Católica se interese también a esos hombres y mujeres
que en los años 70 defendieron la sociedad, sus instituciones y los principios
de la religión católica, de los ataques armados de grupos terroristas y de sus ideologías
funestas. Los protectores de ayer (magistrados, médicos, abogados, sacerdotes, ex agentes del Estado, empresarios) hoy son abandonados hasta por la iglesia católica.
Paris, 20 noviembre 2019. CasppaFrance
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