Finalmente
el Estado argentino reconoció que los miembros de las fuerzas
policiales y de seguridad federal no tenian Derechos Humanos como
todos los ciudadanos en Argentina, para el gobierno y la justicia
eran (y lo son) seres sin derechos subjetivos. Ahora, el Poder
Ejecutivo pretende salir de esa ilegalidad. Si, la Resolución234/19,
del 29 marzo2019, del Ministerio de Seguridad tiene realmente
como objetivo garantizar y proteger los derechos humanos a los
miembros de las fuerzas policiares y de seguridad federal bajo su
responsabilidad, y que esa decisión no es una operación de
comunicación, un discurso de campaña política para ganar votos, ni
una respuesta coyuntural a los informes de la ONU, OCDE, ONG's y
otros organismos internacionales, el Estado no hará más que aplicar
principios constitucionales y convencionales.
En
esa perspectiva, el CASPPA-France exige que la primera acción acorde
a los objetivos de la resolución234/19,
se debe realizar con los agentes de la fuerzas policiales y de
seguridad federales, en prisión (en carceles insalubres e
inhumanas), varios de ellos mayores de 70 años, enfermos o en
detenciones domiciliarias, los que fueron acusados ilegamente de
delitos de lesa humanidad, a quienes se les violan todos los derechos
humanos que la resolución
del Ministerio de Seguridad busca proteger. A esos ex agentes del
Estado, que ejercieron funciones en los 70, no solamente se los
somete a un proceso judicial ilegal, sino que se les aplica la
retroactividad penal, el principio de responsabilidad penal
colectiva, la analogía
penal, se ignora la prescripción,
están con prisiones preventivas ilimitadas, se violan las garantias
del debido proceso, la objetividad procesal de los magistrados es
inexistente, los principios de legalidad y de seguridad jurídica son
ignorados impunemente, reciben tratos inhumanos y degradantes, entre
otras numerosas violaciones a los derechos humanos. Se los acusó
de financiamiento del terrorismo.
Pero
ademas, se les iniciarion sumarios administrativos, se suspendieron
sus haberes de retiros y cobertura médica, en contradicción a
reglas objetivas del derecho administrativo y de beneficios
previsionales. Los ex miembros de las fuerzas policiales y seguridad
federales reunen todas las condiciones para ser reconocidas como
víctima por normativa
nacional y convencional.
Es
decir que a esos ex agentes de las fuerzas policiales y de seguridad
federales se les violan sus derechos humanos, como también
principios constitucionales y convencionales. Esa situación debe
finalizar inmediatamente en nombre de los derechos humanos, de las
obligaciones positivas y del Estado de derecho. De lo contrario la
responsabilidad internacional del Estado no se podrá ocultar.
CasppaFrance. 01abril2019
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