Los
recientes fallos de la Corte Suprema, ratificando que el beneficio del 2 x 1 no
es aplicable para delitos de lesa humanidad https://www.cij.gov.ar/nota-35711-La-Corte-Suprema-ratific--que-el-beneficio-del-2-x-1-no-es-aplicable-para-delitos-de-lesa-humanidad.html
demuestran que los jueces de la CSJN son ante todo militantes que negocian sus decisiones y reaccionan según la temperatura política, dictando resoluciones alejadas
de la racionalidad jurídica para satisfacer sectores particulares y así
asegurarse la continuidad en sus cargos (con los beneficios financieros
correspondientes). Es de destacar el voto en disidencia del Dr. Carlos
Rosenkrantz que” mantiene sus criterios precedentes admitiendo los
recursos presentados y revocando las decisiones recurridas con el alcance allí
indicados”
El
tiempo de vida de una jurisprudencia en Argentina (en particular sobre las
causas lesa humanidad) está limitada a la presión de asociaciones de derechos
humanos, partidos políticos, medios y a los intereses de los magistrados de la
CSJN que evalúan el coste-beneficio, de una eventual rectificación en
sus dichos precedentes. El cambio radical de una decisión emanada de la Corte se puede realizar sin
límites, poco importa el derecho, la justicia, la legalidad sobre el fondo del nuevo fallo y aún menos la víctima de esa resolución.
Como
creer en la justicia y en la legitimidad de los jueces, si la misma CSJN
utilizando el “principio ilegal de excepcionalidad, contexto, gravedad del
delito” como aparente calificación jurídica y factores extrajudiciales, por
decisión política y no jurídica priva impunemente de derechos fundamentales a personas
privadas de libertad, ilegalmente acusadas de lesa humanidad, a quienes además se
les violan los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
En
las causas ilegales de lesa humanidad, los ilegítimos jueces de la CSJN (y
del fuero federal) no son más los garantes de administrar justicia o
aplicar el derecho, sino actúan como militantes que constituyen un tribunal revolucionario,
representan la justicia de venganza, legalizan las reivindicaciones de la lucha
armada de los grupos terroristas de los 70, aplican el terrorismo judicial. Los
ministros de la corte no pueden ignorar que las organizaciones armadas ilegales
no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la justicia o la
democracia.
Estos
fallos inoperantes de la CSJN discriminan, crean una particularidad de ciudadanos a quienes
se les puede violar los derechos humanos en toda supuesta legalidad. Cada uno
de los ilegítimos jueces de la CSJN (y justicia federal) que deciden
según interese políticos y no jurídicos, tendrán que dar explicaciones ante la
justicia imparcial, objetiva, o ante la justicia del pueblo. Sus fallos son las
pruebas de sus delitos imprescriptibles. Todo es cuestión de tiempo. Paris,
26septiembre2019. CasppaFrance.
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