En
libertad por decisión política ¡ya!
Desde
2003 por venganza política del Gobierno de turno con la complicidad del Poder
Judicial y violando principios jurídicos universales, numerosos hombre y
mujeres (magistrados, médicos, abogados, ex agentes del Estado, académicos,
industriales, sacerdotes) fueron acusadas ilegalmente de lesa humanidad,
varios están encarcelados con prisiones preventivas ilimitadas, otros en
detenciones domiciliarias con pulseras electrónicas, algunos hospitalizados.
Personas mayores de 70 años, enfermas, mueren en prisión abandonadas sin
asistencia médica ni espiritual. Se violan sus derechos humanos bajo un manto
de legalidad.
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Son Prisionero Políticos
(PP), porque por voluntad política más de 3000 personas están acusadas por la
justicia de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni
durante un conflicto armado. Esos PP son acusados de delitos políticos[1].
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Son Perseguidos Políticos
por el comportamiento vejatorio, de ciertos sectores tolerado por las autoridades
y éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz. Condenan al ostracismo
a ciudadanos por cuestiones políticas, al exilio interno forzado[2].
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Son víctimas de
tratamientos graves, inhumanos y degradantes según los informes de la ONU, el
Procurador Penitenciario de la Nación y fallos de la justicia argentina, que
consideran esa situación en los casos de las prisiones preventivas ilimitadas.
El
rol del Estado es garantizar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, las
obligaciones positivas de todos por igual, no dejar que otros poderes violen
esos derechos y principios a los ciudadanos en general. El presidente de la
república es responsable ante la comunidad internacional.
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Aquellas víctimas o sus
familias que, en estos últimos meses, por la campaña electoral, reciben por
parte del gobierno medallas, diplomas, placas recordatorias, homenajes
simbólicos obligados, fotos con ministros, saben que solo buscan sus votos,
porque no solucionan ni sus problemas ni la situación de fondo de los PP.
Hoy,
el gobierno del presidente Mauricio Macri debe tomar una decisión histórica,
política y jurídica de no continuar cometiendo un crimen de Estado, respetar el
orden público internacional, las disposiciones constitucionales, convencionales
y los derechos humanos, por ello en nombre de principios y garantías objetivas,
imparciales, de la cohesión nacional, del futuro de la sociedad y de los
intereses mayores de la Nación, el
responsable del Poder Ejecutivo debe firmar por decreto la libertad inmediata
de los que están ilegalmente privados de libertad y la anulación de los juicios
de lesa humanidad. Hubo leyes que se promulgaron en 48hs.
Los
que se oponen a esta decisión ¿pueden afirmar objetivamente, con argumentos
exclusivamente jurídicos que el modelo de “la justicia argentina como
ejemplo a nivel mundial en las causas de lesa humanidad”, se utiliza
legalmente en los países miembros del Consejo de Europa, la OCDE, la OTAN, la
OSCE?, es decir que en sus tribunales respectivos a las personas acusadas de
crímenes o delitos que jurídicamente no tenían existencia penal en el momento
de los hechos, los jueces les aplican:
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La retroactividad penal,
la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, una costumbre
internacional prexistente que reemplace la norma escrita, la suspensión de
garantías permanente, las prisiones preventivas ilimitadas, ignoran la
prescripción, la amnistía, hacen abstracción de la edad, la salud del
prisionero, dejan que mueren en las cárceles abandonados, no respetan el debido
proceso, el Estado es querellante, violan convenciones internacionales y
derechos fundamentales. Se los priva de derechos económicos, sociales,
culturales.
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Ese “paradigma
argentino de justicia en los casos de lesa humanidad” ¿se utiliza como
jurisprudencia o referencia ante la CPI, los Tribunales Penales
Internacionales, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos? o ¿en las recomendaciones de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU?
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¿Las convenciones
internacionales son utilizadas ante los tribunales de esos países con
interpretaciones políticas e ideológicas y no jurídicas?
¿Como
justificar todas estas acciones de la justicia argentina sin violar los
principios rectores del Estado de derecho, las Obligaciones Positivas y los
Derechos Humanos de los acusados?, ni que esas personas sean víctimas de
discriminación, intimidación, persecución política interna, declaradas persona
non grata, condenadas a una muerte civil y social
La
repuesta a esas inquietudes validará rápidamente que la decisión del PE no
tiene impedimento jurídico, constitucional ni convencional para realizarla, de
no hacerlo la responsabilidad internacional del Estado está comprometida,
teniendo presente que desde el 10dic2015 a la fecha 118 personas, PP
ilegalmente acusados de lesa humanidad, murieron en las cárceles por violación
de una obligación internacional del Estado. Es un imperativo moral de la
sociedad argentina hablar de ello y hacer justicia.
La
libertad, el honor y la dignidad humana de esos prisioneros políticos se violan
desde hace años, recuperarlas por todos los medios es una obligación en nombre
de los derechos humanos. Paris, 15 octubre 2019.
CasppaFrance, www.casppafrance.org, https://www.facebook.com/casppa01/,
https://twitter.com/CasppaF
NO son Prisioneros Políticos. Son ex-miembros del gobierno que "reinó entre 2003 y 2015, industriales, comerciantes, banqueros, etc. que en total se calcula que robaron al país todo NO MENOS de un PBI COMPLETO. eN SU MAYORÍA eran personas que apenas tenían un cargo equivalente a un cajero de banco (LAZARO BAEZ, por ejemplo) que terminó siendo el mayor propietario de campos, viviendas lujosas, automóviles, camiones, cuentas bancarias en paraísos fiscales por valor de muchos millones de dólares y euros. O también un señor CRISTOBAL LOPEZ que no depositó los impuestos por la venta de combustibles a través de su empresa "OIL" por un total de 1.000 MILLONES de pesos, por lo cual ha sido juzgado por la AFI y multado al negarse a pagar y ahora debe al JEstado Argentino aproximadamente 18.000 millones de pesos. Y ni hablar de doña Cristina Fernández de Kirchner que se ha comprobado fehacientemente que recibía dinero de decenas de empresarios por SOBRE PRECIOS en la construcción de distintas licitaciones por no menos de 2 millones de u$s en cada proyecto. Prisioneros Políticos?? No!!!! simplemente: DELINCUENTES COMUNES que merecen recibir Prisión Perpetua!!!!!
RépondreSupprimerBuenos días, Irene, creo que hay un grave malentendido, por prisioneros políticos no me refiero a las personas que usted hace referencia sino a los que fueron acusados de lesa humanidad por el gobierno de los K, aquellos que en los 70 se opusieron a los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas. Los que hoy mayores de 70, enfermos, mueren en las cárceles abandonados. Bien cordialmente, MS Presidente CasppaFrance
RépondreSupprimerEstimado SR. NO ESTOY DE ACUERDO CON la alucion que hace sobre el RECONOCIENTO que este gobierno hizo a las víctimas, porque para los familiares y los comprovincianos fue MUY... MUY... significativo. Y SÍ REPRESENTÓ UNA SOLUCION DE FONDO...
RépondreSupprimerSR.las victimas a la que usted hace referencia, no comparten el mismo "contexto problemático" (por decidirlo de alguna manera),MAS QUE EL UNIFORME; con los HÉROES RECONOCIDOS RECIENTEMENTE. Respeto su lucha...aunque no comparta con usted, en algunos puntos.
Tenga usted buenas noches.
Estimado/a Sra./Sr, gracias por sus comentarios y sus precisiones. Nuestra demanda no tiene la voluntad de oponer beneficios o reconocimientos, sino lo contrario ampliarlos, de forma objetiva, pública, honesta y no por razones políticas, sino jurídicas y de los DDHH. Bien cordialmente, MS Président Casppa
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