Constatando
que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se
instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante
el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la
comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno.
Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y
mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no
comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado.
Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho
común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en
cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos
comunes”.
Observando
que el grupo social representativo de estos presos no comunes está
constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros,
personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o
miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones
respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el
poder político por las armas, defendieron y protegieron las
instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología
de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva
generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por
delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de
terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del
terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.Texto completo.
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