“….entre los 10 puntos esgrimidos por el
Presidente para la convocatoria al diálogo no figura el tema de la pobreza y
la conflictividad social. Se sabe que esto son ejes de análisis permanente
por parte de la Iglesia. Está claro que en el tramo final de la carta que
emitió hoy Macri para convocar a las partes a dialogar se menciona la
posibilidad de que el Gobierno "esté dispuesto a escuchar agregados o
aportes". Pero no parece ser ese el espíritu central de la convocatoria”
https://www.infobae.com/politica/2019/05/06/la-iglesia-considero-positiva-la-convocatoria-del-gobierno-al-dialogo-pero-fijo-condicionamientos-concretos-para-participar/
La
conflictividad social en Argentina es producto de situaciones no resueltas por intereses
de sectores diversos que la dejaron proliferar como motivo de lucha política. Sabemos
que actores de la sociedad se apropian del objeto conflicto social como suma de
poder, de rentabilidad política y económica, provocando la rivalidad ideológica,
dividiendo la sociedad, generando crisis y hasta venganzas jurídicas por hechos
ocurridos hace más de 40 años. Los detentores de la doctrina de la conflictividad
social impiden, por ejemplo, por todos los medios que ni en la historia del país,
la sociedad pueda ponerse de acuerdo, conocer la verdad o hechos objetivos. Haciendo
revisionismo esos sectores continúan controlando el conflicto.
Los
resultados de esa conflictividad social y societal, determinó la situación que
viven los Prisioneros Políticos quienes, en los años 70, protegieron las instituciones
del Estado y la sociedad de la voluntad de los grupos terroristas de asumir el
poder por las armas. Esos hombres y mujeres, en prisión o detenciones
domiciliarias, enfermos, mayores de 70 años, con prisiones preventivas
ilimitadas, están ilegalmente acusados de lesa humanidad, la justicia aplica procedimientos
de excepción, contrarios a los principios de legalidad, las garantías constitucionales
y convencionales. Se les violan sus derechos humanos.
Los que hoy controlan el conflicto social, ayer quisieron destruir el Estado, no defendían los derechos humanos ni el sistema democrático. El Gobierno y otros actores políticos participantes al Acuerdo de 10 puntos deben solucionar está ilegalidad cometida contra ex agentes del Estado, magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, empresarios, porque también son ciudadanos responsables que piensan en el futuro de la Nación, y nada se puede construir si existe un conflicto jurídico-político permanente.
Los que hoy controlan el conflicto social, ayer quisieron destruir el Estado, no defendían los derechos humanos ni el sistema democrático. El Gobierno y otros actores políticos participantes al Acuerdo de 10 puntos deben solucionar está ilegalidad cometida contra ex agentes del Estado, magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, empresarios, porque también son ciudadanos responsables que piensan en el futuro de la Nación, y nada se puede construir si existe un conflicto jurídico-político permanente.
¿Cuál
es el modelo de sociedad y de futuro para el país que quieren los participantes
al acuerdo convocado por el gobierno?
En
marzo de 2005 el secretario general de la ONU afirmaba que: Son las necesidades
y las esperanzas de las poblaciones del mundo las que nos deben servir de
orientación. Es necesario actuar en tres ámbitos al mismo tiempo, el
desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, sin esto, fracasaremos en
todos los frentes. No hay seguridad sin
desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad, y no puede haber ni seguridad ni
desarrollo si no se respetan los derechos humanos”[1] Paris,
07 mayo 2019. CasppaFrance.
[1] A/59/2005,
Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos
para todos https://undocs.org/es/A/59/2005
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