Amenazas, persecución y futuro ataque al domicilio del Sr. Eduardo Carlos Videla. La justicia en silencio.

Solo en la Argentina puede ocurrir que los llamados militantes por los derechos humanos organicen públicamente como cometer actos de discriminación, persecución y llamado al odio (art. 13 inc5 Pacto de San José) y que la justicia o las autoridades respectivas, escuchan sin evitar el delito o sancionar el mismo.  “Vecinos de Villa Elisa, Prov. de Bs As. preocupados por la presencia de un represor acusado por 52 casos de secuestros y torturas en Bahía Blanca. El 8 de junio se realizará un acto de repudio a las 15.00 en El Paseo de la Memoria, afirma un radio https://twitter.com/1894Radioonline/status/1133197326368088064 participarán de esos hechos el ex juez federal Carlos Rozansky y el abogado Pablo Llonto.

La radio de Vila Elisa @1894RadioOnline, como la radio La Imposible de la asociación delictiva Hijos y otras emisoras con las mismas programaciones y objetivos, llevan a cabo las mismas misiones que cometió Radio-Television des mille collines (RTM) en Ruanda, pese a que en Argentina esas radios quieran reconocerse como defensoras de los derechos humanos.

Ninguna de esas radios argentinas habla del rencuentro, la unión de los argentinos, de la pacificación social, los derechos humanos para todos los ciudadanos por igual, construir conjuntamente el futuro del país…solo tienen como actividad profesional organizar la venganza guiados por sus ideales políticos.  

Los animadores militantes de @1894RadioOnline, Carlos, José, junto con el Sr. Víctor (gallego) Salinas, de la asociación Villa Elisa vecinos por la memoria, la verdad y justicia  asumen las funciones de fiscales de un tribunal revolucionario: a su criterio la justicia es lenta en los juicios de lesa humanidad (no se preguntan si son legales, justos, necesarios,) critican porque muchos quedaron en libertad al cumplirse la prisión preventiva  (prefieren las prisiones preventivas ilimitadas) y en su “misión social” de alertar y denunciar, expresan que genera preocupación la presencia del oficial del ejército Videla, un oficial represor, violador de los derechos humanos, que cometió delitos de lesa humanidad”,  es decir ya lo condenaron para que entonces hacer un juicio. La preocupación es que ira de compras a la verdulería, a la farmacia, cargar nafta, cuando tiene un prontuario vinculado al Terrorismo de Estado (estos animadores de la radio no conocen el significado de esa palabra que no existe como delito ni crimen, como lo afirman documentos internacionales, decisiones de justicias y el mismo código penal argentino). Lo que estos defensores de los derechos humanos quieren es condenar a la muerte civil a todo enemigo a sus ideas y lógicamente para estas personas, el Sr. Videla no tiene derechos como los otros ciudadanos.

¿Es esa la justicia que ellos prefieren? Que asuman esas decisiones así toda la sociedad se adapta a la circunstancia y actúa en consecuencia. Pero, estos acusadores que impunemente violan derechos fundamentales, no los frena nadie, solo actores con sus mismos métodos podrán hacerlo. 

¿Quiénes son Víctor, Carlos, José, para acusar, condenar, jugar con la libertad y la vida del Sr Videla? ¿cuál es el pasado de cada uno de ellos, desde donde hablan, quien son sus familias?, ¿de qué lado estaban ellos o sus familias cuando los grupos terroristas atacaron las instituciones del Estado, la sociedad, secuestraron, asesinaron, hirieron numerosas personas que hoy día la justicia ni ellos tienen el coraje de reconocerlas?

Los ciudadanos honestos del todo el país, cansados de las amenazas, humillaciones y violaciones que defiendan el 08 junio el domicilio y la persona del Sr. Videla y familia de los ataques y persecuciones organizados por falsos militantes que dicen defender los derechos humanos pero que en realidad los violan. Las convenciones internacionales, la constitución nacional y las normas internes lo autorizan a protegerse si el Estado no pone fin a esa actividad delincuencial. El Estado de derecho, la seguridad jurídica, las obligaciones positivas y los derechos humanos para todos por igual, deben prevalecer. 

Denunciar a Carlos Rozansky, Pablo Llonto, Verónica Bogliano y Azucena Racosta como promotores de esos actos de persecución y odio, como por su participación (activa o pasiva) en este caso particular, es un imperativo en nombre de los prisioneros políticos a quienes se les violan impunemente los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad y que esas personas son responsables. Paris, 28 mayo 2019. CasppaFrance.