https://www.lanacion.com.ar/opinion/despolitizar-el-poder-judicial-nid2258843
En el artículo publicado por La Nación el 18 junio pasado, el profesor Ricardo
A. Guibourg confirma la politización de la justicia, situación conocida por la
sociedad argentina, los medios de comunicación, la institución judicial, la
comunidad internacional y sobre todo por las numerosas personas víctimas de
decisiones judiciales politizadas.
La
influencia de la política en la justicia fue declarada o denunciada
públicamente no solamente por el presidente de la CSJN en varias ocasiones, sino
también por el ministro justicia Garavano quien manifestó: “evidentemente la
política influye demasiado en la Justicia" y que "hoy
parecería que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas,
como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años". https://radiomitre.cienradios.com/german-garavano-posible-retraso-del-juicio-cristina-gran-condimento-politico/,
el presidente Macri entre los 10 punto del acuerdo de gobernabilidad al
solicitar: Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el
fin de consolidar la seguridad jurídica.
·
Sin Justicia
independiente del poder político no existe seguridad jurídica, previsibilidad
en las conductas propias o ajenas, confianza en los mercados ni en los
inversores, tampoco crecimiento económico ni obviamente Justicia social (porque
no existe riqueza para repartir). Afirma, Luis
René Herrero Juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El
poder judicial: carta de lectores La Nación, 04 mayo2019
·
“La confianza es un
bien tan precioso como voluble. Una vez perdida es muy difícil de recuperar,
especialmente cuando quien la necesita tiene un cercano historial de promesas,
compromisos y contratos incumplidos, e incluso leyes, sancionadas para brindar
tal confianza y derogadas al poco tiempo”[1]
El
profesor Guibourg precisa en su artículo que:
La
administración de justicia no ha sido creada para responder a esos clamores tan
parcializados. Está para aplicar el derecho con imparcialidad y sin ceder a
presiones ni halagos.
·
¡Es una utopía! En la
justicia argentina esos principios son inexistente porque nadie puede ignorar
que los jueces responden y/o ceden (por razones tácticas) a la presión
de la opinión pública politizada (manifestaciones, escraches), a las demandas
de las asociaciones falsamente declaradas de derechos humanos, a las campañas
de los medios de comunicación. Así, los miembros del poder judicial al tener la
legitimidad para accionar en favor de esos sectores pueden violar los derechos
que dicen defender, negocian sus fallos a la vez por intereses políticos,
ideológicos o particulares, para ellos y sus familias. Las víctimas de sus
decisiones no son un problema porque la justicia busca la forma para legalizar
la ilegalidad de sus actos.
·
Los jueces en Argentina defienden
ilegalmente derechos subjetivos (considerándolos política de Estado), la
parcialidad es la regla en los procesos ilegales de lesa humanidad, cubriéndose
detrás de una ilegal inmunidad actúan impunemente abusando de sus funciones, cargo,
violando principios legales, constitucionales y convencionales. Las autoridades
de control judicial y el gobierno observan pasivamente. Los jueces argentinos
hacen parte de la política espectáculo.
Por
esto suele decirse que el Judicial es un poder contra mayoritario: como
guardián de la Constitución, debe poder oponerse a la mayoría legislativa si es
necesario, o a la conveniencia del Ejecutivo, o al clamor de los medios, o a la
furia de la calle. Por eso, la profesión judicial exige
valentía: el juez es un profesional del valor. No porque todos sean valientes,
sino porque el que no lo es no debería ser juez.
·
En Argentina los jueces
hacen política, algunos con pasados militantes, otros con ideologías
radicalizadas, negocian con sus fallos ventajas personales, profesionales.
Crean con las autoridades políticas de turno alianzas para beneficios mutuos ejerciendo
en sus funciones y mostrando en la vida privada el inseparable dúo corrupción-impunidad
sin ninguna sanción penal.
·
En Argentina, existe la
persecución, acusaciones y procesos ilegales de lesa humanidad contra más de
3000 personas, a quienes se les violan los principios de legalidad,
constitucionales y convencionales, pero además se les aplica la retroactividad
penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones
preventivas ilimitadas, no se les reconoce la amnistía, la prescripción, los
principios de legalidad, del debido proceso….se los trata como presos no
comunes pero tampoco se los quiere reconocer como presos políticos….¿es así que
los jueces federales argentinos protegen la constitución, se oponen al clamor
de los medios y la furia de la calle?
Despolitizar
no debe significar solamente sacar la política de la justicia sin más, sino y
sobre todo llevar a juicio los jueces que politizan sus decisiones o dejan
influenciar la política en decisiones que están en juego la libertad, el honor
y la vida de personas. Esos jueces y el poder judicial tienen que dar
explicaciones de ilegales decesiones que afectan a la fecha numerosas personas
y sus familias por acusarlas ilegalmente de lesa humanidad. No se puede olvidar
esta situación en nombre de la justicia, del Estado de derecho, de la Nación y
del futuro del país. El poder judicial es un partido político. La politización
de y en la justicia es un delito y debe sancionarse como tal y no simplemente
una jubilación de privilegio. Paris, 23 junio 2019, CasppaFrance
[1] El acuerdo de
gobernabilidad con la oposición requiere de seguridad jurídica Rodolfo Barra https://www.infobae.com/opinion/2019/05/06/el-acuerdo-de-gobernabilidad-con-la-oposicion-requiere-de-seguridad-juridica/
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