samedi 10 août 2019

El gobierno comete los mismos actos inconstitucionales que cometieron los K: someter la justicia a la política.


El fallo del TOF de la Rioja del 09 agosto pasado que absolvió de todos los delitos y ordenó la inmediata libertad del Sr. César Milani, provocó una inmediata reacción en el gobierno del ingeniero Macri al no estar de acuerdo con la decisión judicial (como si debiera serlo) cometiendo los mismos errores que tanto criticó al gobierno Kirchner al hablar de la influencia política en las decisiones judiciales, la politización de los magistrados, el control de la justicia...
·         Recordando las declaraciones del ministro Garavano: “evidentemente la política influye demasiado en la Justicia" y que "hoy parecería que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas, como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años". https://radiomitre.cienradios.com/german-garavano-posible-retraso-del-juicio-cristina-gran-condimento-politico/    y https://www.perfil.com/noticias/politica/german-garavano-cuestiono-decision-corte-que-favorece-cristina-kirchner-dijo-tiene-condimento-politico.phtml
 
La primera declaración vía Twitter del Secretario de Derechos Humanos precisa: “como siempre hechos hecho, respetaremos los fallos de la justicia, pero…”, esa simultaneidad se transforma de nuevo en influencia de la política en la justicia. Es una acción producto de varios factores: honor, orgullo mal interpretado, ideológico, político....

El secretario de Derechos Humanos debe respetar la constitución Nacional, la división y separación de poderes como también la independencia de la justicia. La búsqueda de la verdad “jurídica” pertenece a la acción de la justicia y no a una institución del Poder Ejecutivo. El gobierno no puede elegir de qué lado estar (quien acompañar), porque violaría el principio de las Obligaciones Positivas y del Estado de derecho.





Un minuto después en otro Twitter, Claudio Avruj afirma que: “Creemos en el testimonio de las víctimas y en que hay debida prueba de las responsabilidades de Milani”, decir que una vez más el gobierno determina quien es víctima y quien es responsable, asumiendo funciones ilegales. El secretario de derechos humanos no es el Poder Judicial, no representa la justicia y no debe ni influenciar, asumir o mezclar funciones propias de las autoridades judiciales.

El gobierno no puede legitimar o afirmar una condición judicial de validación testimonial, su lugar es de respetar la justicia y no asociarse a una víctima designada por voluntad política imperativa, subjetiva y abandonar a la injusticia de venganza un supuesto culpable. La defensa de una política de derechos subjetivos es inoperante y contrarias a principios constitucionales, convencionales.

La Secretaria de Derechos Humanos realiza inexplicablemente la misma metodología en todos los juicios de lesa humanidad, con menos publicidad porque no todos tienen el impacto del caso Milani. Es difícil de aceptar y comprender la voluntad del Estado de violar los derechos humanos de los prisioneros políticos (en su mayoría ex agentes del Estado) ¿es esa la justicia de Cambiamos, terminar el curro de los DDHH, solucionar la grieta...? 

¿Porque existe aún las querellas de la secretaria de DDHH en los juicios de lesa humanidad? En ningún país democrático se autoriza esa figura.
 
La mejor contribución y política que debe realizar el gobierno es terminar con la justicia de venganza, abandonar el rol de querellante, disponer que los adultos mayores de 60 años cumplan detenciones domiciliarias, colaborar para poner fin a los ilegales juicios de lesa humanidad.

Es extraño y confuso el concepto de justicia del Gobierno porque toma la misma forma que construyó el gobierno de los Kirchner, se busca el sometimiento de los jueces al poder ejecutivo. Paris, 10 agosto 2019. CasppaFrance

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