“...El
comisario Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal durante el gobierno
de Cambiemos, anunció que presentará su renuncia al cargo el 11 de diciembre,
con la llegada de la nueva gestión de Alberto Fernández...” escribe en Infobae
el periodista Federico Fahsbender https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/11/17/el-jefe-de-la-policia-federal-presentara-su-renuncia-cuando-finalice-el-gobierno-de-mauricio-macri/
Esa
renuncia no impide que el Jefe de la PFA deba responder junto con sus
responsables institucionales, por la violación a los principios de legalidad, constitucionalidad,
convencionalidad y derechos humanos del personal de la PFA de los 70, acusados ilegalmente
de lesa humanidad. El Sr. Roncaglia, ordenó o aceptó que a esas personas
se les iniciaran sumarios administrativos, privaran de derechos sociales,
salariales y hasta protocolares en los fallecimientos, sabiendo la ilegalidad y
la inconstitucionalidad de esas resoluciones. El jefe de la PFA puede decidir
lo contrario, antes de abandonar su cargo, si se considera un hombre
responsable, respetando el Estado de derecho y las obligaciones positivas de su
personal. De él depende como quiere que se lo recuerde.
Recordando
a los responsables de la PFA y a las instituciones periféricas como el centro
de oficiales retirados, la CRJPPFA, círculos de oficiales, suboficiales,
personal inteligencia, que nunca se preocuparon de los prisioneros ilegales, presos
políticos o de sus familias, ni de manera institucional, personal o enviando
(pese a los requerimientos) capellanes a las cárceles, domicilios, hospitales. Siempre
guardaron un silencio cómplice, mantuvieron una conducta cobarde, esquivaron
compromisos, evitaron pronunciarse, no les importó en absoluto que varios integrantes
de la PFA mueran como perros en las cárceles, abandonados, enfermos, en
silencio. Un día tendrán que dar explicaciones sobre esos comportamientos. Los
argumentos patéticos serán inoperantes.
El
Sr. Néstor Roncaglia, la Sra. Mabel Franco, los oficiales
superiores a cargo de las superintendencias, el presidente de la CRJPPFA, los
directores de asuntos jurídicos respectivos, los presidentes de círculos merecen
una sanción institucional, pero también social, judicial y hasta de la justicia
del pueblo. Estas personas fueron y son los peores enemigos de sus colegas en
prisión, verdaderos presos políticos, enfermos, en domiciliarias, perseguidos
por la justicia, las ONG, el gobierno y la PFA. No pueden continuar a protegerse
detrás de una falsa e ilegal disciplina institucional, ministerial o superior. En
ellos está de realizar las acciones correspondientes para restablecer los
derechos que privaron a estas personas. Paris,
17 noviembre 2019. CasppaFrance
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