Apoyamos
el proyecto que el 31 octubre pasado presentó
ante la HCD de la Provincia de Buenos Aires, el Diputado provincial Guillermo
Castello de suprimir la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)[1],
porque es legítimo, correcto y necesario. De no tener aceptación la demanda puede hacerlo
por decreto la gobernadora de la Provincia, la justicia o el gobierno nacional. Su existencia en la actualidad no es más
necesaria visto los numerosos otros organismos que cumplen similares funciones
y que además conllevan costos elevados que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos.
Los objetivos reales de la CPM son inaceptables e ilegales: sustituirse a la justicia, juzgar la conducta de terceros, no interesarse por las victimas que dejaron los grupos terroristas de los 70, constituirse ilegítimamente en un organismo de especialización para-judicial, contar entre sus consultores académicos un delincuente condenado en España que ejerció como magistrado y violó los derechos fundamentales[2]. El excesivo número de personal, y las actividades que realizan las pueden efectuar las instituciones de la justicia, los respectivos ministerios, los investigadores académicos, pero no militantes que revindican la lucha armada de los 70. El presupuesto asignado debe ser orientado hacia otros sectores realmente necesitados.
La CPM no es ni un organismo del Estado, un partido político, ni una unidad básica de los años negros de la historia argentina, ni está por afuera de la ley o de controles institucionales del Estado de derecho. Los jueces no deben solicitar su intervención en calidad de expertos dado que carecen de esa legalidad y legitimidad que requiere el acto procesal. Paris, 03 noviembre 2019. CasppaFrance.
Los objetivos reales de la CPM son inaceptables e ilegales: sustituirse a la justicia, juzgar la conducta de terceros, no interesarse por las victimas que dejaron los grupos terroristas de los 70, constituirse ilegítimamente en un organismo de especialización para-judicial, contar entre sus consultores académicos un delincuente condenado en España que ejerció como magistrado y violó los derechos fundamentales[2]. El excesivo número de personal, y las actividades que realizan las pueden efectuar las instituciones de la justicia, los respectivos ministerios, los investigadores académicos, pero no militantes que revindican la lucha armada de los 70. El presupuesto asignado debe ser orientado hacia otros sectores realmente necesitados.
La CPM no es ni un organismo del Estado, un partido político, ni una unidad básica de los años negros de la historia argentina, ni está por afuera de la ley o de controles institucionales del Estado de derecho. Los jueces no deben solicitar su intervención en calidad de expertos dado que carecen de esa legalidad y legitimidad que requiere el acto procesal. Paris, 03 noviembre 2019. CasppaFrance.
[2] Escándalos en la
Comisión Provincial por la Memoria: una larga historia de irregularidades
presupuestarias y desvíos de su función https://www.infobae.com/politica/2019/11/03/escandalos-en-la-comision-provincial-por-la-memoria-una-larga-historia-de-irregularidades-presupuestarias-y-desvios-de-su-funcion/
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