EL GOBIERNO ARGENTINO RECONECE DETENCIONES ARBITRARIAS



Hay presos políticos” declara la ministra de género, Elizabeth Gómez Alcorta. El jefe de gabinete Santiago Cafiero afirma: “en Argentina, no hay presos políticos”, y para el presidente de los argentinos, esa situación es una cuestión semántica, y prefiere referirse a “detenciones arbitrarias”. Finalmente, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, considera que:” el presidente no quiere que se digo que el tiene Presos Políticos” (artículo Clarin del 8 febrero 2020).
Esas confusas y contrarias declaraciones confirman lo el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo quieren negar, sobre la falta de independencia, objetividad y parcialidad en la justicia (federal sobre todo), la permanente inseguridad jurídica y la politización en las decisiones judiciales de los jueces de la Nacion.
Solo en Argentina puede ocurrir que el gobierno reconoce violar los derechos humanos y abusar de su poder, y nadie se preocupa. Es esta una situación alarmante para el futuro del país, donde la responsabilidad internacional del Estado está en juego.
Los unos y los otros tienen razón, porque ninguno de ellos contradice o se oponen a las afirmaciones de presos políticos o detenciones arbitrarias, pero tampoco ninguno recuerda que esas situaciones son violaciones a los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
La Argentina tiene mas de 3000 personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad, detenidas arbitrariamente, que reúnen todas las condiciones de presos políticos; encarcelados, juzgados y condenados por decisiones políticas, ideológicas, travestidas en respeto del debido proceso. Pero, que en realidad los jueces federales son el brazo armado del poder político del momento.
Las declaraciones publicas del Jefe de Estado, y de sus ministros son graves, merecen urgente esclarecimiento, y no obstante ello, la comisión de derechos humanos de la ONU, con sus organismos especializados, deben intervenir por fuera del principio de subsidiaridad, dado que están las confesiones de las máximas autoridades argentinas.
Estan en juego la vida, la libertad y la dignidad humana de mas de 3000 personas.

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