dimanche 15 mars 2020

IMPUNIDAD Y JUSTICIA VELOZ EN ARGENTINA.


Cada sector reivindica “sus presos políticos”, los del gobierno actual tienen una lista con nombres y apellidos (Boudu, Delia, Báez, Jaime, López, Suarez...), los del gobierno pasado tendrán pronto sus primeras figuras encarceladas, y hay un sector socio-profesional de los 70 que también tiene mas de 3000 víctimas, mal llamadas de lesa humanidad. La persecución política jurídica, la politización de la Justicia, medidas de excepcionalidad jurídica, detenciones arbitrarias, son características de estos hechos ante la sociedad sin necesidad de atribuirles un reconocimiento jurídico de ese estatus. No son ni prisioneros comunes, ni de guerra. Tienen una categorización de excepción.

Uno de estos “presos políticos”, el ex ministro de planificación de gobierno Kirchnerista, el Sr. Julio de Vido, se benefició de una resolución exprés de la Justicia argentina. La velocidad de tratamiento y resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) n°1, merecen el reconocimiento de haber tramitado el proceso de una manera que debería ser un modelo de jurisprudencia en otras causas. Pero la realidad, es que la justicia es muy diferente para la mayoría de los enjuiciados en este país.

Los abogados de este “preso político” presentaron ante TOF n°1, el pedido de su excarcelación, y en pocas horas el Fiscal Osorio, dictamino a favor de la demanda, y rápidamente los jueces de ese Tribunal (Adrián Grunberg, José Antonio Basilico, Ricardo Michellini), firmaron el fallo a favor del Sr. De Vido. La diligencia llevo cuatro horas, entre la presentación y la decisión judicial (diario la Nación 05 de marzo de 2020).

Intervinieron en esa causa : los jueces federales Julián Ercolini, Sebastián Casanello, y los magistrados del TOF n°1, quienes recompensaron un régimen Kleptocratico, aunque el Sr. De Vido declaro : “No hubo corrupción en el Kirchnerismo” (diario Clarín 06 de marzo de 2020).

Otro ejemplo de corrupción e inseguridad jurídica es el caso del Sr. Martin Sabatella, quien pese a ser condenado a seis meses de prisión en suspenso, por el delito de abuso de autoridad, e inhabilitación para ejercer un cargo publico por el término de un ano, podrá continuar ejerciendo el cargo al frente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Pero esta medida no se hará efectiva hasta tanto la sentencia no quede firme (la Nación 04 de marzo de 2020), otro premio a la politización de la justicia y la corrupción. Se agrega a ello, que la política amenaza e influye en la justicia, con el respaldo del gobernador Kicillof al imputado Sabatella (Clarín 05 de marzo de 2020). 

Es sorprendente que los TOF, sus fiscales y jueces inferiores no aplican las mismas reglas procesales y temporales en las ilegales acusaciones de lesa humanidad, mueren en prisión esperando justicia.
El juez Federal Ariel Lijo, y el Fiscal Federal Eduardo Taino, son participes necesarios de la corrupción jurídica y política en esta causa.

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