¿Quién es la verdadera amenaza para la justicia federal argentina?

 


Para los magistrados y fiscales federales de la justicia politizada e ideologizada, para los militantes enceguecidos en la justificación de una violencia legitimada en nombre de la buena fe e del interés general, y las autoridades ministeriales e institucionales, políticas nacionales y provinciales, que solo cuentan los muertos porque dicen no disponer de recursos para todos los aspectos necesarios de una política pública de seguridad, la verdadera amenaza a la sociedad viene siempre del lado que ellos no quieren ver. El periodismo militante, cómplice, inmoral y cobarde, se encarga de publicar esa cartografía de la amenaza, bajo forma de artículos objetivos e imparciales pero que en realidad son panfletos al servicio de terceros, por interés diversos.

¿Cuál es la realidad?

Las amenazas a los jueces y fiscales federales (como a sus familias), que ante el miedo prefieren congelar las causas del narcotráfico, porque con sus resoluciones pueden seguir el camino del fiscal Nisman, salvo a asociarse a la corrupción, como también los testigos protegidos que saben sus días contados por la incapacidad de la justicia y los organismos de seguridad de protegerlos. Así también como a las víctimas aterrorizadas que prefieren no denunciar por miedo a pagar con sus vidas o la de sus familias. Toda esa situación ocurre en Argentina gobierno visceralmente defensor de los derechos humanos.

Quienes son los representantes de las amenazas holísticas que la justicia, los periodistas, las autoridades políticas, las instituciones especializadas nacionales y provinciales, prefieren minimizar o silenciar cuando la organización “Los Monos” pasa al acto. Los miembros de esa empresa criminal demostraron y demuestran sus capacidades operacionales, su capacidad de comprar funcionarios de todos los niveles y en todas las instituciones. Sus amenazas las llevan a la practica en cualquier punto del Argentina, de ello, ninguna autoridad nacional, judicial, de seguridad, o hasta los defensores de derechos humanos o periodistas, pueden afirmar lo contrario.

¿Qué dicen o proponen los magistrados y fiscales federales, los encargados de la política de seguridad (a nivel nacional y provincial) y los altos funcionarios del Estado? Nada. También el miedo los consume o terminan en asociación con el crimen organizado. Es decir que el Estado fracaso en el derecho a la seguridad de las personas y en las obligaciones positivas en general.  Los defensores de los derechos humanos guardan un silencio cómplice.

¿Sera el único lenguaje que comprende la justicia federal y sus instituciones para negociar con los que contestan la legitimidad de los administradores de justicia y de políticas públicas de seguridad? La justicia busca como responder favorablemente a los requerimientos procesales de Los Monos, quienes en prisión disponen de medios y condiciones para recortárselos sino respetan sus compromisos.

Frente a un gobierno y autoridades judiciales representantes no solo de la Kleptocracia sino de la kakistocracia y la ineptocracia y aplicando los principios de la escuela del legismo (ley, posición de fuerza y técnica de control) transfieren el nivel de las amenazas y de la peligrosidad a un sector social que acusarlos es rentable para su proyecto político y así la justicia federal y el gobierno dicen tanto en sus resoluciones o escritos que la verdadera amenaza para la sociedad y la justicia son los gerontes acusados arbitrariamente de lesa humanidad que mueren en las cárceles abandonados por la sociedad y las ONG de derechos humanos. Estos hombres y mujeres, en sus causas por lo que están procesados, nunca amenazaron o atentaron contra un juez o fiscal del foro federal o los testigos, sabiendo que no dicen la verdad en sus acusaciones. No disponen de ninguna de las prerrogativas, medios, recursos, como las de la organización de Los Monos. Los gerontes de lesa humanidad, no disponen de celulares en las cárceles y se les niega a realizar estudios superiores.

Es hasta sorprendente que la justicia, a unos se les aplica el código procesal penal en todo respeto, y para los otros siempre hay excepciones para justificar negárselos, argumentando: visto la gravedad de los hechos, la personalidad del imputado, las relaciones que tienen fuera de la cárcel o que pueden entorpecer la investigación. Las prisiones domiciliarias, las salidas transitorias, el tiempo de las prisiones preventivas son principios de legalidad que se respectan para los más jóvenes y son requerimientos o beneficios de imposible obtención para los más viejos.

Los unos cometieron sus delitos hace pocos años, los otros supuestamente hace medio siglo. Los unos son reputados peligrosos per se, los otros pueden ser resocializados. ¿Porque la justicia federal, las ONG llamadas de derechos humanos, y los periodistas, continúan a afirmar que la amenaza a la sociedad es ver en las calles un geronte acusado arbitrariamente de lesa-humanidad, cuando la realidad muestro en contrario?

Casppa France.

12/09/2021.

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