A los Oficiales en Actividad de las FFAA, FFSS y Fuerzas Policiales.

Hoy, con orgullo y profesionalismo, se preparan para cumplir su deber constitucional: proteger y defender las instituciones del Estado y la sociedad frente a amenazas multifactoriales como el narcotráfi co, el terrorismo y cualquier ataque a la soberanía nacional.

 
Este mandato lo cumplen por orden del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, conforme a la Constitución, las leyes vigentes, los reglamentos y las garantías institucionales representadas por sus Jefes de Estado Mayor, Directores Nacionales, Comandantes y superiores directos.

 
Confían en la legitimidad de sus órdenes y en la responsabilidad de sus superiores. Se sienten respaldados por principios convencionales, constitucionales y legislativos. No dudan de que las órdenes recibidas son correctas, legales y respetuosas de los derechos humanos. Además, cuentan con la seguridad de que las autoridades políticas y sus mandos superiores les brindan las garantías necesarias para el cumplimiento de su misión.

 

 Sin embargo, la historia reciente demuestra que en Argentina la seguridad jurídica de los agentes del Estado ha sido utilizada como moneda de cambio en función de intereses políticos. Lo que hoy es considerado legal y legítimo, mañana puede ser cuestionado. En el futuro, algunos militantes de derechos humanos, políticos y periodistas, con el aval de jueces federales, podrían reinterpretar sus acciones y acusarlos de violaciones a los derechos humanos. Así, quienes enfrentaron al terrorismo, el narcotráfi co y otras amenazas podrían verse sometidos a procesos arbitrarios, a una justicia politizada y a la injusticia.

Esto implica vivir bajo la constante amenaza de ser acusados de delitos graves, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Signifi ca también el riesgo del abandono institucional, la pérdida de amistades, el alejamiento social, la persecución mediática, los escraches y el odio de sectores radicalizados.

Ante este panorama, cabe preguntarse:

¿Pueden los agentes del Estado confi ar en sus superiores, en la institución que representan y en las autoridades políticas que hoy les ordenan combatir el crimen organizado y otras amenazas emergentes?

¿Los marcos jurídicos e institucionales actuales, fundamento del Estado de derecho, serán respetados con el paso del tiempo?

Camaradas, si no se garantizan compromisos jurídicos claros por parte de las más altas autoridades judiciales, nadie protegerá sus derechos y libertades en el futuro. Ustedes podrían ser los próximos en enfrentar la injusticia, tal como hoy lo hacemos nosotros, quienes hace 50 años cumplimos órdenes y misiones bajo las directivas de nuestros superiores y las autoridades políticas de entonces.

Nosotros, ex-agentes del Estado de los años 70, hoy adultos mayores y privados de la libertad, seguimos luchando contra la politización de la justicia, la violación del principio de legalidad y la transgresión de garantías convencionales, constitucionales y legislativas. Nuestra lucha busca evitar que las futuras generaciones se enfrenten a la misma realidad que vivimos hoy.

Nosotros somos ustedes en el futuro. No los abandonamos, porque no queremos que la historia se repita.

¡Viva la libertad!

 

Desde Campo de Mayo,

El 11 de febrero 2025.

Los Muertos Vivos.