mercredi 17 juillet 2019

Las inoperantes declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal y de su Procurador General Julio Conte Grand.


Luego de las graves acusaciones del juez Eduardo De Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sobre las ilegalidades en el fuero federal  https://www.facebook.com/casppa01/posts/670963480053255 que son métodos y conductas conocidas en Argentina, los cuales no sorprenden la sociedad, el universo político, el Poder Judicial de la Nación, los medios de comunicación, ni al ciudadano comprometido con la justicia y la verdad. Pese a ello la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y su Procurador General, respondieron a esas denuncias de manera sorprendente:
·         "Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito", afirmó la gobernadora Vida, agregando que: "Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial", https://www.pagina12.com.ar/206542-vidal-redoblo-el-apriete-al-titular-del-poder-judicial , por su parte,
·         El procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, dispuso dos diligencias:
a)       Dar intervención a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración, "a fin de dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, doctor Héctor Vogliolo". Es decir, que la justicia investigue si las graves palabras del juez supremo tienen algún asidero.
b)      Solicitar a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, realizar averiguaciones si algún funcionario o empleado del Ministerio Público provincial tiene conocimiento de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos. https://www.clarin.com/politica/sigue-pelea-justicia-bonaerense-procurador-denuncio-dichos-titular-corte-corrupcion-tribunales_0_BlHXvySWr.html
 
A esas declaraciones virtuosas, en plena campaña electoral, sobre imposibles ilícitos en la justicia y la responsabilidad de los funcionarios, la Sra. Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, manifestó que: “El análisis es jurídico y desde el concepto de república.  Estamos tratando de no convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos a hablar desde el Estado de Derecho", agregando que: “Lo que él afirmó es que el sistema judicial está en jaque, algo que es muy grave. Nosotros como sociedad nos merecemos que la Justicia funcione bien y respetándose las garantías constitucionales, la única forma de lograrlo es despojando cualquier duda" https://www.infobae.com/politica/2019/07/17/la-vicepresidenta-del-consejo-de-la-magistratura-le-exigio-al-titular-de-la-corte-bonaerense-que-presente-pruebas/   

Es preocupante como estos tres personajes hablan de justicia, Estado de derecho, garantías constitucionales, porque en sus proprias declaraciones están sus contradicciones que ellas si violan los principios que dicen defender. Cometen numerosos delitos voluntariamente.

Recordando los principios del Estado de derecho:  La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36   redactó un instrumento operativo para evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la lista de criterios del Estado de derecho[1] , basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas. Esos criterios son: 
1-      El principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2-      La seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3-      La prevención del abuso de poder
4-      La igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5-      El acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción de inocencia…)

Hay una destrucción del Republica por la inseguridad jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la política en los fallos judiciales, no se respetan los criterios del Estado de derecho. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia de la Nación, varios fiscales…y ahora la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el procurador general de esa provincia y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura consideran que esas afirmaciones son inexistentes. ¿Significa entonces que el juez Carlos Rosenkrantz, Germán Garavano y Federico Delgado, entre otros, mienten?
·         El Fiscal Federico Delgado: "La Justicia está en un proceso de degradación constante https://www.lanacion.com.ar/politica/federico-delgado-poder-judicial-la-justicia-esta-nid2252205 o “Puedo terminar con un tiro o con un kilo de droga en el auto” https://www.clarin.com/politica/fiscal-federico-delgado-puedo-terminar-tiro-kilo-droga-auto_0_ByULy6Ng7.html  y nadie solicitó al Fiscal Delgado que muestre pruebas y realizar la denuncias correspondiente.

La independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente. Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están bajo su responsabilidad.
·         Los jueces en sus fallos no son ni objetivos, ni parciales o independientes de la influencia política u otros motivos, porque violan de manera planificada y sistemática la CN, hacen decir lo que la carta magna no dice ni manifiesta en sus objetivos, dictando resoluciones que van contra los principios constitucionales, violando las garantías fundamentales y los derechos humanos de magistrados, médicos, abogados, empresarios, sacerdotes, ex agentes del Estado que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por la armas. La CN o las Convenciones firmadas por la Argentina, no contemplan la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva ilimitada, la analogía penal, la suspensión de garantías permanente, utilizar falsos testimonios, ignorar la prescripción, el debido proceso…pero los jueces federales lo aplican en los ilegales juicios de lesa humanidad contra más de 3000 personas.  ¿No es armar causas, abusar del poder, cometer delitos?

Para ir más lejos,

La gobernadora María Eugenia Vidal es proclive a no denunciar un delito si políticamente es rentable.
·         Así, apoyó la ley 14910 de la historia oficial pese a ser inconstitucional, violatorios de convenciones internacionales. La ley no determina la historia, es imponer una mentira oficial de manera coercitiva. La gobernadora (ni el Procurador General) no podía ignorar las obligaciones positivas y los principios fundamentales del Estado de derecho con esa Ley, que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH transmitió al Estado argentino una solicitud de información por dicha ley. En ella advierte que el texto "podría afectar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información". La determinación de una verdad oficial clausura la investigación, el análisis y el debate respecto a la búsqueda incesante de lo sucedido" Proyecto presentado el 27mars2019, https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/19-20D851012019-03-2716-57-46.pdf
·         Guarda silencio y comparte las acciones de las llamadas organizaciones de derechos humanos que en la Provincia de Buenos Aires cometen numerosos delitos (persecución política, escraches, amenazas, daños, impiden la libre circulación de personas), violan la CN y Convenciones Internacionales, contra los ilegalmente acusados de lesa humanidad. El Procurador General Conte Grand no intervino ante los delitos de acción pública. Los autores de esos delitos hacen publico (medios, redes sociales, radios) sus futuras acciones delictuosas. Las autoridades judiciales y policiales no impiden esos hechos.

Porque esos funcionarios que ahora quieren denunciar e investigar al presidente de la SCJ no lo hicieron o lo hacen con los jueces, fiscales y funcionarios que violan los principios de legalidad, constitucionales, convencionalidad con los hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad, las cuales reúnen las condiciones de prisioneros políticos. Salvo a vivir en otro mundo pueden declarar que ignoraban esos hechos.
·         El Sr Sergio Torres, ex juez federal y miembro de la SCJ, puede brindar a la gobernadora Vidal, al procurador general Conte Grand y a la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Marina Sánchez Herrero, testimonio de cómo se arman las causas en los juzgados federales y los métodos utilizados, es uno de los precursores sobre las conductas en el fuero federal que denuncia el juez Eduardo De Lázzari

Es decir, que la Sra. Vidal como el Sr. Conte Grand no pueden argumentar no haber tenido conocimiento de esos delitos y al no lo denunciarlos, son cómplices de esas infracciones penales, como declaró la misma gobernadora Vidal. Paris, 17 julio 2019. CasppaFrance


[1] CDL-AD(2016)007-f  Lista de criterios del Estado de derecho, comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016) francés,  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f   , inglés : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e

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