Luego
de las graves acusaciones del juez Eduardo De Lázzari,
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
sobre las ilegalidades en el fuero federal https://www.facebook.com/casppa01/posts/670963480053255
que son métodos y conductas conocidas en Argentina, los cuales no sorprenden la
sociedad, el universo político, el Poder Judicial de la Nación, los medios de comunicación,
ni al ciudadano comprometido con la justicia y la verdad. Pese a ello la
gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y su Procurador General,
respondieron a esas denuncias de manera sorprendente:
·
"Cuando
uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o
armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno
es cómplice y es un delito", afirmó la gobernadora Vida, agregando
que: "Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas
o persecuciones, está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con
lo que dice en la acción judicial", https://www.pagina12.com.ar/206542-vidal-redoblo-el-apriete-al-titular-del-poder-judicial
, por su parte,
·
El
procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, dispuso dos
diligencias:
a)
Dar
intervención a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración, "a
fin de dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La
Plata, doctor Héctor Vogliolo". Es decir, que la justicia
investigue si las graves palabras del juez supremo tienen algún asidero.
b)
Solicitar
a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración,
realizar averiguaciones si algún funcionario o empleado del Ministerio Público
provincial tiene conocimiento de la existencia de causas armadas o abuso de
arrepentidos. https://www.clarin.com/politica/sigue-pelea-justicia-bonaerense-procurador-denuncio-dichos-titular-corte-corrupcion-tribunales_0_BlHXvySWr.html
A
esas declaraciones virtuosas, en plena campaña electoral, sobre imposibles ilícitos
en la justicia y la responsabilidad de los funcionarios, la Sra. Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de
la Magistratura, manifestó que: “…El análisis es jurídico y desde el concepto de
república. Estamos tratando de no
convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos
a hablar desde el Estado de Derecho", agregando que: “Lo que él
afirmó es que el sistema judicial está en jaque, algo que es muy grave.
Nosotros como sociedad nos merecemos que la Justicia funcione bien y respetándose
las garantías constitucionales, la única forma de lograrlo es despojando
cualquier duda" https://www.infobae.com/politica/2019/07/17/la-vicepresidenta-del-consejo-de-la-magistratura-le-exigio-al-titular-de-la-corte-bonaerense-que-presente-pruebas/
Es
preocupante como estos tres personajes hablan de justicia, Estado de derecho, garantías
constitucionales, porque en sus proprias declaraciones están sus contradicciones
que ellas si violan los principios que dicen defender. Cometen numerosos
delitos voluntariamente.
Recordando
los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de
Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36
redactó un instrumento operativo para
evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la
lista de criterios del Estado de derecho[1]
, basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas
detalladas. Esos criterios son:
1- El
principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho
interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La
seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine
lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La
prevención del abuso de poder
4- La
igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El
acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción
de inocencia…)
Hay
una destrucción del Republica por la inseguridad
jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la
política en los fallos judiciales, no se respetan los criterios del Estado de
derecho. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia de
la Nación, varios fiscales…y ahora la gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires, el procurador general de esa provincia y la vicepresidenta del Consejo
de la Magistratura consideran que esas afirmaciones son inexistentes. ¿Significa
entonces que el juez Carlos Rosenkrantz, Germán Garavano y Federico Delgado,
entre otros, mienten?
·
El Fiscal Federico
Delgado: "La Justicia está en un proceso de degradación constante https://www.lanacion.com.ar/politica/federico-delgado-poder-judicial-la-justicia-esta-nid2252205
o “Puedo terminar con un tiro o con un kilo de droga en el auto” https://www.clarin.com/politica/fiscal-federico-delgado-puedo-terminar-tiro-kilo-droga-auto_0_ByULy6Ng7.html
y nadie solicitó al Fiscal Delgado que
muestre pruebas y realizar la denuncias correspondiente.
La
independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente.
Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o
profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los
jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están
bajo su responsabilidad.
·
Los jueces en sus fallos
no son ni objetivos, ni parciales o independientes de la influencia política
u otros motivos, porque violan de manera planificada y sistemática la CN, hacen
decir lo que la carta magna no dice ni manifiesta en sus objetivos, dictando
resoluciones que van contra los principios constitucionales, violando las
garantías fundamentales y los derechos humanos de magistrados, médicos,
abogados, empresarios, sacerdotes, ex agentes del Estado que en los años 70
protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados
de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por la armas. La CN o las
Convenciones firmadas por la Argentina, no contemplan la retroactividad
penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva ilimitada, la
analogía penal, la suspensión de garantías permanente, utilizar falsos
testimonios, ignorar la prescripción, el debido proceso…pero los jueces
federales lo aplican en los ilegales juicios de lesa humanidad contra más de
3000 personas. ¿No es armar causas,
abusar del poder, cometer delitos?
Para
ir más lejos,
La
gobernadora María Eugenia Vidal es proclive a no denunciar un delito si políticamente
es rentable.
·
Así, apoyó la ley 14910 de
la historia oficial pese a ser inconstitucional, violatorios de convenciones internacionales.
La ley no determina la historia, es imponer una mentira oficial de manera
coercitiva. La gobernadora (ni el Procurador General) no podía ignorar las
obligaciones positivas y los principios fundamentales del Estado de derecho
con esa Ley, que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH transmitió al Estado argentino una solicitud de información por dicha ley.
En ella advierte que el texto "podría afectar el derecho a la libertad
de expresión y acceso a la información". La determinación de una
verdad oficial clausura la investigación, el análisis y el debate respecto a la
búsqueda incesante de lo sucedido" Proyecto presentado el 27mars2019, https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/19-20D851012019-03-2716-57-46.pdf
·
Guarda silencio y
comparte las acciones de las llamadas organizaciones de derechos humanos que en
la Provincia de Buenos Aires cometen numerosos delitos (persecución política, escraches,
amenazas, daños, impiden la libre circulación de personas), violan la CN y
Convenciones Internacionales, contra los ilegalmente acusados de lesa humanidad.
El Procurador General Conte Grand no intervino ante los delitos de acción pública.
Los autores de esos delitos hacen publico (medios, redes sociales, radios) sus
futuras acciones delictuosas. Las autoridades judiciales y policiales no impiden
esos hechos.
Porque
esos funcionarios que ahora quieren denunciar e investigar al presidente de la
SCJ no lo hicieron o lo hacen con los jueces, fiscales y funcionarios que
violan los principios de legalidad, constitucionales, convencionalidad con los
hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad, las cuales reúnen las
condiciones de prisioneros políticos. Salvo a vivir en otro mundo pueden
declarar que ignoraban esos hechos.
·
El Sr Sergio Torres, ex
juez federal y miembro de la SCJ, puede brindar a la gobernadora Vidal, al
procurador general Conte Grand y a la vicepresidenta del Consejo de la
Magistratura, Marina Sánchez Herrero, testimonio de cómo se arman las causas en
los juzgados federales y los métodos utilizados, es uno de los precursores
sobre las conductas en el fuero federal que denuncia el juez Eduardo De Lázzari
Es
decir, que la Sra. Vidal como el Sr. Conte Grand no pueden argumentar no haber
tenido conocimiento de esos delitos y al no lo denunciarlos, son cómplices de
esas infracciones penales, como declaró la misma gobernadora Vidal. Paris,
17 julio 2019. CasppaFrance
[1] CDL-AD(2016)007-f Lista de criterios del Estado de derecho,
comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016) francés, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f
, inglés : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
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