Según
diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual
seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir
a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar
la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones https://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html
Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich,
ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad
de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus
jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la
politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no
serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
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Los tres funcionarios
deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas,
jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de
tesis inoperantes de venganza para huir del territorio
nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan
de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a
la impunidad.
La
Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por
acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos,
principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex
agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces,
fiscales, académicos...) que en los años 70 protegieron las instituciones
del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que
buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos,
el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
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Hoy, esos hombres y mujeres,
mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa
humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la
retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías,
la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción,
la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud,
estudios....
La
Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político,
no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la
lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte
aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE
y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la
sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del
Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra.
Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero
federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los
derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
En
esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse
a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones,
donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado,
y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por
financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente
de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no
procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e
internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar
operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La
Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones
contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los
derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa
humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando
que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
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Cada responsable de
las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que
irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus
complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo
que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales,
obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y
son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos,
los discriminan.
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El presidente de la
CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho
a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa
humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del
Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del
personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales,
de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF
el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener
sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los
principios legales, constitucionales o convencionales.
La
Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los
responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados
ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un
fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que
esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes,
suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar
sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y
reconocimiento de jerarquías.
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La declaración de la Sra.
Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación
para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los
abandonará a su suerte...la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad,
en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En
Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los
derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y
convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
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