En
un reciente artículo de opinión publicado en La Nación del 26 junio pasado,
bajo el titulo Una reforma judicial que apunta a la destrucción de la
República, el Profesor Daniel Sabsay, analiza de manera oportuna,
clara y precisa (sumariamente) los factores a riesgos y sus consecuencias que
se deben evitar afín de proteger el sistema de gobierno argentino.https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-reforma-judicial-que-apunta-a-la-destruccion-de-la-republica-nid2261474
Si bien el autor de la nota parte de la premisa
de que una reforma judicial con métodos y objetivos inconstitucionales
destruirían una Republica (como forma de gobierno y como ideología política), la misma es compartida y aceptable como
principio teórico, pero nuestra preocupación tiene un sentido más práctico, no
político, desde dos aspectos:
·
¿actualmente la Argentina
necesita una verdadera reforma judicial para asegurar la supervivencia de la
Republica?, es decir ¿los pilares fundamentales de la Republica, son
garantizados para todos los ciudadanos por igual, que no requieren corregir posibles
ilegalidades?
·
El segundo aspecto, está
relacionado con una realidad y un silencio. El profesor Sabsay precisa las
reglas imperativas de un sistema judicial, de la justicia, rol de los jueces….
y no se detiene a analizar las violaciones de esos principios por parte de la
justicia en los ilegales procesos de lesa humanidad. Salvo a justificar esa situación
no se puede esconder, negar, ocultar premisas que hacen a la esencia de la
Republica.
Reafirmando
que más de 3000 prisioneros políticos (magistrados, sacerdotes católicos,
abogados, médicos, empresarios, ex agentes del Estado, académicos) que, en
los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los
ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por las
armas, hoy son acusados y condenados ilegalmente de lesa humanidad, por una
justicia politizada que no respeta las garantías del Estado de derecho, ni las
Obligaciones Positivas. Así, los jueces impunemente violan a ese grupo nacional
los principios de legalidad, garantías constitucionales, convencionales,
derechos humanos. Aplican la retroactividad penal, la responsabilidad penal
colectiva, la analogía penal, la excepcionalidad (suspensión de garantías)
permanente, la prisión preventiva ilimitada. Ignoran la prescripción, la
amnistía, el debido proceso.
¿Profesor Sabsay son esas ilegalidades que en una República
no necesitarían una reforma judicial?
Recordando
los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de
Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36
redactó un instrumento operativo para
evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la
lista de criterios del Estado de derecho[1],
basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas.
Esos criterios son:
1- El
principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho
interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La
seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine
lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La
prevención del abuso de poder
4- La
igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El
acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción
de inocencia…)
¿Profesor
Sabsay se puede de manera sincera, objetiva y jurídica, afirmar que esos
criterios se aplican a todos los individuos acusados de lesa humanidad y que no
se violan sus principios constitucionales o convencionales? ¿Existe un Estado
de derecho actualmente en Argentina según la lista de la Comisión de Venecia?
Comentarios:
los fundamentos de la Republica en juego
Hubo
normas internas que no tienen el titulo ni el estatus de ley de excepción pero
que en la práctica lo son (Decreto 1678/2001
declaración del Estado de sitio, suspensión de garantías, ley interpretativa
27362, promulgada en 48 horas, o leyes 24952 y 25779 que facilitaron la ilegal
retroactividad penal). La justicia también utiliza el concepto de
excepcionalidad para legalizar las
diligencias procesales ilegales contra los Prisioneros Políticos, privando a
los mismos de las garantías que benefician los acusados de delitos
comunes.
Hay
una destrucción del Republica por la inseguridad
jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la
política en los fallos judiciales. Así lo manifestaron el presidente de la
CSJN, el ministro de justicia, varios fiscales…
La
independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente.
Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o
profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los
jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están
bajo su responsabilidad.
Jueces
militantes los hay y los hubo: en la CSJN: ex miembro de montoneros Ricardo Lorenzetti,
la desaparecida pero aparecida jueza Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni…en la
justicia federal; Sergio Torres (actual miembro de la SCJ de la Pcia Bs As), Daniel
Rafecas, Carlos Rozanski, Norberto Oyarbide, Alejo Ramos Padilla…los miembros
de Justicia Legitima.
Los
jueces en sus fallos no son ni objetivos, ni parciales o independientes
de la influencia política u otros motivos, porque violan de manera planificada
y sistemática la CN, hacen decir lo que la carta magna no dice, dictando resoluciones que van contra los principios
constitucionales, violando las garantías fundamentales de los prisioneros políticos.
La CN o las Convencionales firmadas por la Argentina, no contemplan la
retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva
ilimitada, la analogía penal, la suspensión de garantías permanente…
¿Profesor
Sabsay cree usted que el gobierno de los Kirchner no violó el artículo 109 de
la CN, al instaurar una política de estado de los derechos humanos selectiva,
dando instrucciones al PGN para proteger los ex terroristas de los 70 por los
delitos y crimines cometidos en esa época, creando alianzas con los jueces otorgando
protección e impunidad, interviniendo como querellante en los juicios de lesa
humanidad? Y que el gobierno actual continua en esa ilegalidad.
En
Argentina si hay Prisioneros Políticos porque
los acusados ilegalmente de lesa humanidad al ser considerados presos de
delitos no comunes, que no lo son ni de crímenes de guerra ni de un conflicto
armado, lo son por otros motivos que no son jurídicos, son presos ilegales, de
excepción, es decir prisioneros políticos según las referencias jurídicas
internacionales y las definiciones de Amnistía Internacional. En consecuencia,
en Argentina, los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad
son prisioneros políticos:
1- Para
la Organización de Naciones Unidas: Si bien no
determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda
su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias”; b) “…que
el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión”; c) “…a
la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas...”
(Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10dic1948, carta internacional de
DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
·
Fija el cuadro jurídico
internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar
que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la
libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración
universal de los derechos humanos (Declaración Universal DDHH, http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml)
, o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09dic1988: Conjunto
de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm
)
·
Finalmente, la ONU
determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque
provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente
declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10dic1948,
carta internacional DDHH http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
)
2- Para
el Manual de Amnistía Internacional (AI):
“Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político
significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la
motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los
aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es
decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos
sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de
conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los
presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf
3- Para
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE):
“Hay que tener presente que el concepto de "prisionero político"
no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los
derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los
tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, y http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150
si bien “la segunda parte del
término "prisionero político" se refiere a la naturaleza política de
este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos
de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no
aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la
frontera de esos dos enfoques” (http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=FR
y
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN)
·
La resolución 1900 APCE
del 03 octubre 2012, determina los criterios
por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada
prisionero político:
a)
Detención impuesta en
violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención
Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de
pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y
libertad de asamblea o asociación;
b)
Detención por razones
únicamente políticas sin conexión con delito alguno;
c)
Por razones políticas,
periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a
la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente
de haber cometido la infracción.
d)
Por razones políticas, la
persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras
personas.
e)
Detención como
culminación de procedimientos manifiestamente irregulares, y relacionados con
motivos políticos de las autoridades. http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=FR
y http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=EN
Pero,
además, esos presos especiales, son en realidad presos por delitos
políticos porque en los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la
justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de
los grupos armados ilegales (terroristas) de esa época y determinó que los
ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa
decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben
ser tratado desde la dimensión de lo político.
·
Considerando que el delito
político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual
atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado
como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito
político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el
Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios,
mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los
derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la
vez los derechos de ambas dimensiones.
·
En efecto, los delitos
políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo,
perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los
que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen
la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se
encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia
armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de
arsenales del Estado, destrucción de propiedades públicas y privadas, muerte en
combate de un miembro de la parte opuesta… características irrefutables de
la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los
autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención
de lograr un objetivo político (Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et
de science pénitentiaire. Ed. Arthur
Rosseau, 1902, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage). La justicia federal
reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra
revolucionaria (causa 13/84).
La
verdadera reforma judicial no destruirá la Republica, al contrario, la reconfortará,
le dará una legalidad holística, beneficiará a todos los individuos por igual. Esa acción está en la toma de decisiones
legales, objetivas, independientes de jueces honestos al servicio de la justicia y el ciudadano, es dejar de lado la ideología,
la política, los intereses personales, como la corrupción y la impunidad, es hacer
respetar las normas internas, la constitución y las convenciones
internacionales, en los ilegales procesos de lesa humanidad. Es reconocer la responsabilidad
del Estado en la violación de los derechos humanos a un grupo nacional y social
particular. Paris, 30 junio 2019, CasppaFrance
[1] CDL-AD(2016)007-f Lista de criterios del Estado de derecho,
comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016) francés, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f
, inglés : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
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