La participación de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad interior deben estar condicionadas a dos principios esenciales :
- el primero, es el reconocimiento de la Nación y las garantías correspondientes (políticas, jurídicas, legislativas) a los hombres y mujeres por los servicios que prestaran a la sociedad, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos por igual. Evitar que se repita la historia y sufrimiento que viven los ex-agentes del Estado de los 70 que participaron en situaciones similares.
- el segundo pilar, son exigencias morales y jurídicas que en nombre del Estado de derecho deben formular como condición sine qua non el personal en actividad de las fuerzas armadas que participaran en la seguridad del territorio nacional. Ese requerimiento sera una garantía por parte del Estado para defender las funciones del personal militar que actuara en el mantenimiento del orden publico interno y que en el futuro no se modifique negativamente el contexto judicial.
Es en ese universo que el gobierno argentino para integrar las fuerzas armadas en la nueva política de seguridad interior debe anular judicialmente los juicios de lesa humanidad y dejar inmediatamente en libertad los ex-agentes del Estado secuestrados por la Justicia, detenidos en prisión o en domicilio.
De seguir con la política de venganza que instrumentaliza y utiliza el derecho como arma por motivos políticos, seria el señal de una otra promesa política vana hecha a las fuerzas armadas y de seguridad de este país, y del comienzo de una otra historia donde ya conocemos las consecuencias finales para los agentes de estas fuerzas.
Casppa France,
16/04/2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire